La Ley Chiyo de prórroga de la fecha electoral finalmente se aprobó con fórceps en la Legislatura y, en apariencias, resolvió el problema que enfrentaba el PJ ante el adelantamiento de las PASO que había resuelto el gobernador interino. Sin embargo, el propio Bacileff Ivanoff reconoció horas antes de la sanción de su flamante «salvavidas» que la Justicia Electoral posiblemente rechace esa norma por considerar el principio de los derechos adquiridos.

En horas de la mañana de ayer el mandatario sustituto Juan Carlos Bacileff Ivanoff volvió a hablar públicamente y protagonizó una nueva revelación estremecedora para el universo peronista, ya que admitió que la ley de postergación de las primarias no sirve como instrumento legal para frenar o postergar el proceso electoral en curso.

Cuando Chiyo dijo lo que dijo, crujieron los cimientos del partido gobernante, que por más ley que haya logrado de la mano de sus diputados sigue sujeto a las decisiones que adopte la Justicia.

Aunque la norma que le quita validez al decreto 1470 es finalmente un hecho y sólo resta ahora la promulgación, el PJ sigue sin tener en claro cuándo y cómo competirá contra sí mismo en las elecciones primarias que Chiyo Bacileff diagramó como si se tratase de una bomba de tiempo: al parecer nadie puede desactivar el proceso electoral, ni siquiera él mismo.

Así lo dijo el mandatario sustituto en declaraciones públicas al advertir que no piensa dictar un decreto corrigiendo el anterior llamado a las PASO «porque no corresponde», mientras que una ley como la que impulsó desde el Ejecutivo sin lograr consenso en la Cámara de Diputados tampoco lograría el efecto esperado porque la Justicia Electoral adoptaría el criterio de los derechos adquiridos y sostendría la fecha del 8 de marzo.

En otras palabras, la orden presidencial de estirar los tiempos para no perjudicar las chances del justicialismo en el orden nacional caería en saco roto por más que el jefe de Gabinete zapatee en Casa de Gobierno, a menos que la Junta Electoral se inmiscuya en la interna del PJ para resolver un problema que atañe exclusivamente al Gobierno y sus disputas palaciegas.

«Otro decreto es imposible», afirmó Bacileff Ivanoff en una entrevista concedida a la emisora La Radio, en la que sinceró sus expectativas para nada esperanzadoras de una solución parlamentaria para el dilema del adelantamiento de las PASO. «Mi sensación es que aunque les llevemos un nuevo decreto o una ley cambiando la fecha de las elecciones (los miembros de la Junta Electoral) los van a rechazar», admitió.

De pronto Bacileff asumió una pose legalista para justificar su determinación de no dictar un nuevo decreto por medio del cual se postergue la fecha de las PASO. Explicó así sus argumentos a su entrevistador: «Si vos tenés una Constitución al lado leé. Dice: artículo 141, inciso 6, que el gobernador tiene facultad para convocar a elecciones y que por ningún motivo pueden ser diferidas, y si lo hiciera lo tendría que hacer a través de consulta popular o a través del referéndum, así que es imposible por decreto».

Ergo, la solución para el gobernador interino es supuestamente la ley que se aprobó ayer por la tarde. Así lo hizo notar cuando explicó que con la norma emanada de Diputados «se podría modificar la fecha y no diferir».

Lo suyo fue un tecnicismo eufemístico, pues -devenido en exégeta de la Carta Magna chaqueña- diferenció «modificar» de «diferir», en una discriminación meramente dialéctica de los efectos que tendría el nuevo instrumento legal que, en definitiva y más allá de los términos técnicos que se utilicen, se aprobó con el único fin de estirar los plazos del cronograma electoral que Bacileff aceleró sin miramientos en el momento más caliente de su pelea con Jorge Capitanich.

En ese sentido, siempre en declaraciones a La Radio, recordó que en años anteriores, «cuando el Frente Chaco Merece Más pidió diferir la fecha (de elecciones) lo hizo argumentando que el padrón no estaba listo, y no se podía confeccionar en los términos legales».

Desde su punto de vista, algo similar debería ocurrir en esta instancia de convocatoria a elecciones primarias para el 8 de marzo, una fecha demasiado cercana que deja sin plazos preparatorios a casi todas las fuerzas políticas del Chaco y complica el de por sí agitado clima interno del justicialismo en pos de la definición de candidaturas para las cuales hay muchos aspirantes pero ningún favorito.

Ahora, a pesar del respaldo de los legisladores oficialistas, el mandatario interino admitió que sigue acorralado por las circunstancias y se desentendió de su responsabilidad en materia electoral. En otras palabras, tiró la toalla. Y lo hizo fiel a su estilo, revelando infidencias de fuentes judiciales: «La sensación que tengo de que van a rechazar tanto la ley como el decreto es porque me lo dijo un miembro del Tribunal Electoral», espetó.

«Yo quiero ser franco con la gente, con mi partido, con la gente que va a votar. Así se mande una ley, así se mande un decreto, yo anticipo lo que va a suceder, lo van a rechazar. Ese es el concepto que yo tengo», insistió.

Para Bacileff el proceso electoral que él mismo puso en marcha está en un nivel de maduración en el cual ni el titular del Ejecutivo ni la Legislatura pueden retrotraer aunque entre en vigencia la ley sancionada ayer al atardecer.

Advirtió en ese sentido que «los que tienen la facultad (para frenar el llamado a elecciones y su puesta en marcha) son los de la Junta Electoral», porque «yo solamente estoy autorizado para convocar, no para posponer. Entonces evidentemente tenemos un inconveniente», reconoció.

Al final Chiyo, que no puede ni sabe guardar reserva, vomitó el dato más contundente de sus explicaciones: «Yo de esto ya hablé con (la presidenta de la Junta Electoral María Luisa) Lucas, y me dijo todo lo que estoy contando. Ahora yo ya no tengo más competencia y lo que ellos resuelvan es ley».