En el Concejo las aguas no están calmas. La brecha política —acaso hoy irreconciliable— entre el FPCyS y Cambiemos sigue estirándose y ahora, una “nueva modalidad” es presentar pedidos de informes dependiendo de quien se trate. Es decir, el Frente Progresista requiere informes al Ejecutivo Municipal, y los ediles de Cambiemos al Gobierno provincial, a sus funcionarios o a sus prestatarias de servicios.

 

En el primer caso, Leandro González puso un manto de duda sobre la legalidad del último aumento del método de cálculo (la denominada Unidad Fija, UF) utilizado para las multas, determinado por el Ejecutivo Municipal el pasado viernes 28 de septiembre. Ya está vigente esta actualización e implicó una aumento de un 30 % en todas la multas tipificadas en el Régimen de Infracciones y Penalidades (Ordenanza N° 7.882). 

El último aumento de la UF había sido anunciado por el Gobierno local en enero pasado, y ahí recayó la duda sobre el concejal frentista. González sostiene que según el artículo 3 bis de la referida ordenanza, los aumentos deben ser anuales. “Esto quiere decir una sola vez por año. Pero contando el aumento de enero y ahora el de fines de septiembre, ya son dos los incrementos dispuestos en 2018”, fue su interpretación en el recinto. 

En su pedido de informes —aprobado por el Concejo sobre tablas—, se le requiere al Ejecutivo local que detalle y remita al Legislativo actos que dispusieron el aumento de las UF en los años 2016, 2017 y 2018. También, las actuaciones administrativas que dieron origen a cada uno de los aumentos. 

“Si bien es bueno la existencia de sanciones para penalizar las inconductas ciudadanas y garantizar normas básicas de convivencia que hacen a una sociedad organizada, vemos con preocupación este segundo incremento en el año, de un porcentaje elevado y, teniendo en cuenta además que según nuestra interpretación, cada suba debe ser anualmente, una vez al año”, insistió.

Del nuevo incremento “nos enteramos por los medios. El único registro de la suba de enero es de una nota de El Litoral —González citó a este medio—. No hay más información oficial”. Adelantó que presentó una solicitud de Acceso a la Información Pública al Municipio para tener información fehaciente sobre el tema.

“La duda es si la decisión del Ejecutivo (de esta nueva suba) se hizo en el marco legal del Régimen de Infracciones, o fuera de esta ordenanza. Por que no tenemos los instrumentos jurídicos para controlar, no están publicados ni en el área de Legislación municipal correspondiente”. 

Obra cloacal

Desde la obra vereda, Carlos Pereira (bloque Cambiemos), promovió un pedido de informes donde pide a Aguas Santafesinas S.A. (Assa) informe los motivos por los cuales esa prestataria provincial rescindió el contrato con la empresa que realizaba los trabajos de extensión de la red cloacal en barrios Villa del Parque, y Unión, Progreso y Libertad de Barranquitas.

También, Pereira requirió saber “los motivos de la demora en la ejecución de una obra que se inició en octubre de 2014 (hace cuatro años) y tenía un plazo de ejecución de 15 meses; el porcentaje de ejecución de la obra cuando fue rescindido el contrato, y los detalles de la nueva contratación efectuada con la empresa Brumont para la terminación de los trabajos, además del plazo de finalización de obras”.

El edil aseguró que “sobran antecedentes” de demoras sobre obras de cloacas de Assa en la ciudad. “Entendemos que la prestataria ha tenido algunos problemas, y si bien su situación ha mejorado, vemos preocupados las idas y vueltas que tiene esta obra de Villa del Parque y Barranquitas”. 

Luego hizo un racconto del derrotero de esa obra. Recordó que en octubre de 2014, Assa dió inició a la obra para proveer de conexiones cloacales al barrio Villa Parque y al sector oeste de la Vecinal Unión, Progreso y Libertad del Barranquitas. “El proyecto fue elaborado y licitado por la prestataria y preveía la ejecución de una Estación Elevadora de Líquidos Cloacales. Contemplaba 1.590 conexiones domiciliarias”.

El monto de la obra licitada en aquel momento ascendía a $ 32.547.023,40 + Iva, con un plazo de ejecución de 15 meses. Pero a fines de 1017 Assa rescindió el contrato con la anterior contratista; una obra que ya traía casi dos años de demora. “Nunca fueron informados por Asssa ni los motivos de la demora, ni los motivos de la rescisión contractual”.

“Ahora —prosiguió— sabemos que ha retomado los trabajos la Empresa Brumont por una contratación cercana a los $ 9 millones. No hay detalles de los trabajos pendientes y del tiempo de ejecución que éstos demandarían. Las demoras han causado en algunos casos graves problemas a los vecinos”, expresa Pereira en los fundamentos de su proyecto, que también fue aprobado.