Salarios: SEP y UEPC preparan medidas de fuerza para marzo

Paglialunga dijo que “hay mucho malestar por las últimas declaraciones del gobernador”. Por su parte, Castresana puso en duda el inicio de clases, al sostener que “quedan 10 días para resolver el conflicto”
La delegación local del Sindicato de Empleados Públicos adelantó su rechazo a un tope del 8% en los aumentos salariales para todo el año que oficializó la Provincia y calificaron de “ridículas” las declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, quien afirmó que “hoy es imposible decir cuándo se podrá cumplir con la pauta salarial estimada en el presupuesto provincial”.

“Es temprano para hablar de eso porque la coparticipación nacional que hemos recibido ha sido menor de lo esperado en enero y también en febrero”, había señalado el mandatario.

Juan Paglialunga, secretario general del SEP Río Cuarto, manifestó en diálogo con PUNTAL que “hay mucho malestar entre los trabajadores por las últimas declaraciones del gobernador y la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con sus salarios”.

“Nosotros tenemos un firme rechazo a la postura pública de Schiaretti, quien fijó un límite insuficiente para los incrementos de este año. Nosotros creemos que la recaudación va a subir por encima del 8 por ciento”, afirmó.

El sindicalista calificó de “ridículas las amenazas de que no va a poder pagar”. “En la mesa de negociación quienes representan a la Provincia dicen lo mismo y no lo vamos a aceptar”, advirtió.

Paglialunga destacó que en Río Cuarto “se sintieron con fuerza los aumentos que impuso el Municipio y los que llegaron de la Provincia a través de la boleta de Epec”.

“Hemos recibido impactos notables a los bolsillos con las subas de los servicios municipales, el impuesto automotor, el inmobiliario, el agua y la luz. Todos superan, en promedio, el 100 por ciento. Además, se incrementaron las tarifas de taxis, remises y colectivos. El Estado nos exige que paguemos más impuestos y más caros pero los haberes están cada vez más retrasados. Es una postura que no cierra”, aseveró.

Durante el 2008, el SEP recibió un aumento promedio del 30 por ciento. A diferencia de otros gremios provinciales, como la UEPC, percibieron también un aporte extra de entre 220 y 300 pesos –según la carga horaria del empleado– durante diciembre.

En Río Cuarto hay 800 afiliados a la entidad gremial, de los cuales 600 se desempeñan en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua. En todo el departamento la cifra asciende a 2.500 trabajadores.

“El promedio salarial del empleado público no alcanza para afrontar un año que será muy difícil. No queremos que el INDEC o las cifras que tira la Provincia determinen cuál es la mejora que se otorgará. Hay otras formas de medir la realidad, como los índices de precios de los supermercados, por ejemplo. Si tomáramos el monto indexatorio de las tarifas públicas nuestros ingresos se irían por las nubes”, sostuvo.

Variables de ajuste

El próximo miércoles se realizará un congreso provincial del SEP, en el que intervendrán delegados, secretarios y la comisión directiva del sindicato, para evaluar la implementación de un plan de lucha.

Paglialunga adelantó que “el malestar que existe seguramente va a generar medidas de fuerza porque los trabajadores no van a aceptar que otra vez se los convierta en la variable de ajuste del gobierno de turno”.

“Quizás la Provincia tiene dificultades económicas pero no tenemos que pagarlas nosotros. Hoy se depende de lo que envíe la Nación pero si no llegan esos fondos se deberían sincerar las cuentas evitando de que pierdan siempre los mismos. No podemos convalidar que se subsidien pedidos del campo y no haya plata para los empleados públicos”, formuló.

El sindicalista destacó que en Río Cuarto todavía no se comenzaron a realizar asambleas en los organismos que dependen del Gobierno provincial, aunque precisó que ya se realizan en algunos ámbitos de Córdoba.

“El miércoles será un día clave para definir posturas futuras y nosotros creemos que no se puede esperar más por un fuerte planteo de mejoras”, indicó.

UEPC, en estado de alerta

“El anuncio público del gobernador Schiaretti fue sorpresivo, porque la discusión salarial se venía dando en la mesa de política salarial donde los delegados del Gobierno provincial no habían hablado de porcentajes”, dijo a PUNTAL María Inés Castresana, secretaria de la delegación local de la Unión de Educadores de la Provincia.

El gremio pretende que cualquier aumento de sueldo sea retroactivo a enero y que se pague con la liquidación de febrero -como había sido prometido-, que sea en blanco, que vaya al básico y que lo puedan recibir también los jubilados.

El año pasado los docentes habían rechazado la propuesta de la Provincia de un pago único extraordinario de 300 pesos, allá por el mes de octubre.

Castresana indicó que “el martes pasado hubo una reunión entre los delegados del Gobierno y el gremio, donde se había inicado el tratamiento de la discusión salarial, y que tres días después, el gobernador sale con este anuncio sorpresivo donde pone en duda la posibilidad de dar un aumento de sueldo a los docentes”. Por este motivo, la UEPC resolvió declarar el ‘estado de alerta’ y exigir la continuidad de la mesa de negociación de politica salarial.

La titular de la UEPC local dijo que se convocará para mañana a un plenario de secretarios generales de los 26 departamentos, donde se va a comenzar una consulta para analizar y resolver las acciones gremiales a seguir, en defensa del poder adquisitivo de los salarios docentes oficiales y privados de Córdoba.

“Con estas declaraciones públicas, el gobernador se está atajando”, sostuvo Castresana y remarcó: “Queremos un aumento que contemple el poder adquisitivo y no de emergencia”.

Respecto del inicio de clases, Castresana advirtió: “Todavía no sabemos qué va a pasar, pero el Gobierno le está poniendo fecha a un posible conflicto”.

“Quedan sólo 10 días hábiles para arreglar; en ese tiempo se deberá resolver el inicio o no de clases, ésto lo determinarán los docentes, sujetos al comportamiento del Gobierno, pero ya estamos pensando en un conflicto”.

Por otra parte, Castresana señaló que el gremio siempre ha objetado la reducción del 30% del inmobilliario al sector ruralista, que ha tenido 10 años de riqueza, más allá de que sea legítima.

Indicó que las cifras del Indec mienten, que el costo de vida se duplicó y que no hay salario que alcance. Hay muchos docentes que pagan alquileres, por ejemplo.

“Si le falta plata al Gobierno provincial, que la busque, que sabe dónde la va a encontrar”, concluyó Castresana.

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