Saladillo podría iniciar acciones legales ante los excesivos aumentos del gas

En lo que respecta a la vía legal, se puede recurrir a la acción de amparo, como lo ha hecho la Justicia Federal de Azul.
Funcionarios municipales de la Oficina de Información al Consumidor (OMIC) de Saladillo participaron el jueves de una reunión en Capital Federal con el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, a raíz de los reclamos por los excesivos aumentos del gas, producto de la aplicación de un decreto nacional.

Del encuentro participaron el secretario General del Municipio, Mario Buezas, y el encargado de la OMIC de Saladillo, Martín Azpeitía, quienes trasladaron las inquietudes que están llegando en forma diaria a la Oficina del Consumidor, atendida por Jeremías Paoltroni.

En la reunión, de la que participaron intendentes y funcionarios de alrededor de 50 OMIC de la provincia de Buenos Aires, el Adjunto informó sobre la "acción de inconstitucionalidad" que la Defensoría del Pueblo inició en contra del decreto 2067/08 que crea el fideicomiso para la importación de gas.

Vía legal

El doctor Buezas explicó ayer que "se están articulando algunas estrategias" y se están "analizando los pasos a seguir" con respecto a este tarifazo.

Según el abogado, se puede intervenir de dos maneras: Por un lado, desde el punto de vista político y, por otro, desde el judicial.

En lo que respecta a la vía legal, se puede recurrir a la acción de amparo, como lo ha hecho la Justicia Federal de Azul. "Eso es lo que estamos analizando nosotros para presentarlo la semana que viene", anticipó Buezas.

No obstante, aclaró que "el amparo no es una vía que debemos utilizar alegremente", ya que "si se resuelve algo contrario a lo que nosotros pedimos, creamos un perjuicio en lugar de un beneficio".

También se puede apelar a una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto, que es la alternativa a la que recurrió la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la vía política, el objetivo es que todas las OMIC se pongan de acuerdo y accionen de manera conjunta, reuniendo más de 50.000 reclamos para lograr que se derogue el decreto.

Reunión con legisladores

En el encuentro realizado en la Defensoría del Pueblo, los concurrentes plantearon la necesidad de reunirse la semana que viene con autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para ver qué posibilidades hay de "ampliar los casos de excepción al cobro" de este decreto.

A su vez, Buezas comunicó que el miércoles próximo se reunirá en el Congreso la Comisión legislativa de Energía para tratar estos reclamos. Además de diputados de diferentes bloques, estarán el Secretario de Energía, representantes de asociaciones de consumidores y miembros de diferentes OMIC.

Buezas señaló que "hay una decisión tomada" por parte del Gobierno nacional en "sostener hasta último momento" la medida dispuesta por decreto.

"Esta decisión obedece evidentemente a un atraso tarifario que viene de hace muchos años y a una política de subsidios que se ha dejado de implementar por cuestiones de caja. Entonces (el Gobierno) tiene que crear este fideicomiso", argumentó.

Finalmente, el Secretario General consideró que son los diputados y los senadores quienes tienen la potestad de dar marcha atrás este polémico decreto, puesto que desde el Gobierno nacional "no hay voluntad" de hacerlo.

"Lo peor está por venir"

Aunque el Enargas "no tiene estadísticas" concretas, el organismo oficial sostiene que este tarifazo en el gas afectará a 1.500.000 usuarios. Sin embargo, se presume que el porcentaje es mucho mayor. Se calcula que el aumento afecta a cerca de 4 millones de personas. De acuerdo a lo dispuesto, este decreto se aplica a usuarios que consuman más de 1800 m3 en los últimos seis períodos.

Según Azpeitia, el decreto incide en la factura de gas entre un 40 y un 60%. Por lo tanto, un usuario que paga 400 pesos, sin el cargo, abonaría 200 pesos o un poco menos.

El encargado administrativo de la OMIC Saladillo, Jeremías Paoltroni, manifestó que el incremento del gas también afecta a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Han registrado casos de jubilados a los que les llegó una factura con 440.

Hasta el momento, la OMIC de Saladillo recibió cerca de 180 reclamos y hay alrededor de 600 usuarios que ya retiraron planillas para llenarlas. Según Buezas, el "pico de la crisis" se observará en julio/agosto. "Falta lo peor. Es por eso que mucha gente no se acercó (hasta ahora) a la OMIC… Esta medida afecta sobre todo a la tercera edad, que es la gente que, ante las bajas temperaturas, más utiliza el servicio de gas para calefaccionarse", dijo el abogado.

"Le recomendamos a la gente que se acerque a hacer el reclamo y que no deje de pagar la factura, porque si no le cortarán el suministro", dijo. En la actualidad, en Saladillo hay entre 4.000 y 5.000 usuarios.

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