Una saga interminable de errores, contradicciones y sinsentidos

Una saga interminable de errores, contradicciones y sinsentidos

El caso de los handies es de una ineficacia palmaria. Las posturas antagónicas por las tasas de los teatros evidencian el desorden del gobierno. Arroyo, cada vez más debilitado y confuso.

Que el gabinete municipal siga intacto después de la retahíla de acontecimientos de la última semana es la muestra más cabal de que el intendente Carlos Arroyo ha perdido toda noción de autoridad. Que no haya reconocido el despropósito de los equipos de comunicación para la Policía Local habla de otras carencias que explican el desbarajuste de su administración.

Los 300 handies están guardados desde hace más de un año en una oficina del área de Comunicaciones, ubicada en el cuarto piso de la municipalidad. En los últimos días lo constataron defensores del pueblo y concejales. Es un hecho incontrastable y grave: la Policía Local no tuvo esos aparatos que necesitaba para combatir el delito.

Si no sabía lo que estaba sucediendo, el intendente debió tomar una decisión: el responsable de la retención de esos equipos, en un gobierno sensato, debería haber salido eyectado de su cargo.

Pero el jefe comunal se adjudicó la demora. Dijo que, ya que el municipio tenía esos equipos de primera calidad, lo mejor era entregarle una parte a la policía y otra distribuirla en distintas áreas vinculadas a la seguridad, como Tránsito, Defensa Civil y Salud. La irresponsabilidad era de él.

El subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina, lo había dejado entrever en una entrevista radial. El funcionario responsabilizó al secretario de Economía, Hernán Mourelle, de la intención de no utilizar los handies para los fines con que llegaron. Y dio a entender que intendente coincidía con esa postura.

Arroyo buscó confundir, se confundió o lo confundieron. Aseguró que los handies “no están parados” –cuando es evidente que lo están– y que no hay comodato alguno. El Ministerio de Seguridad provincial dio pelos y señales del contrato de comodato que gestionaba con el municipio desde marzo del año pasado (mediante el expediente 21100-68677/18) y que la administración comunal nunca finalizó. ¿Arroyo no conocía ese expediente cuando dijo que no había comodato?

El jefe comunal argumentó que la municipalidad compró esos equipos y que era un “tema complejo” por “el encriptamiento”. Así como lo dijo, describiría otro sinsentido: ¿para qué la municipalidad compra handies con la frecuencia policial encriptada si después los va a utilizar en otras áreas y hay que sacarles el encriptado? El propio Lencina dijo que los handies sin encriptar son mucho más baratos. Y que él era de la idea de otorgar los 300 encriptados a la Policía Local y comprar otros más económicos para dependencias municipales.

La incongruencia sería más grande de lo que se aprecia a simple vista. Los 300 handies fueron comprados en 2017 con una partida del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, mediante el que la Provincia otorgó al municipio $ 68 millones en 2016. Pero el municipio, mediante otra licitación de agosto del año pasado, cuando aquellos handies esperaban ser distribuidos, alquiló 234 sin encriptar para entregar a diversas áreas municipales. Lo paradójico es que algunos de estos sí habrían sido otorgados a la policía. Es decir, a los agentes les dieron los que no tenían la frecuencia del 911, con los inconvenientes prácticos que eso acarrearía: si la policía bonaerense quiere informar un delito a la local, debe llamar primero al operador del 911 del Centro de Monitoreo, que a su vez tiene que informar a los agentes de la Policía Local. “Pierden un tiempo de oro”, evaluaron en el Concejo.

Tan desconcertante fue el manejo oficial del episodio de los handies como el de las tasas de los teatros. En una clara señal de distensión,el intendente recibió el martes a Carlos Rottemberg. Al otro día, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, firmó el decreto ad referéndum del cuerpo para devolverle al sector las exenciones y condonarles las deudas de las tasas de Habilitación de Oficinas y Publicidad y Propaganda. El acuerdo estaba sellado. Pero el jueves Mourelle pareció incinerarlo: dijo que es “ilegal” la modificación de la ordenanza fiscal por parte del Concejo si no es iniciativa del Ejecutivo. “Y claramente no hay ninguna iniciativa del Ejecutivo”, lanzó. También trató de “lobbista” a Rottemberg y al teatro comercial como un “sector golondrina”, que “se aprovecha” de la ciudad en verano para “ganar un montón de dinero”. Otra vez los productores teatrales estaban en llamas. Y el objetivo de Arroyo de bajarle el tono a la controversia, completamente desdibujado. 

Arroyo adjudicó la contradicción a un “teléfono descompuesto”, sin terminar de interpretar que ese juego de niños trasladado al gabinete solo lo debilita a él. Después prometió que iba a respetar lo que había conversado con Rottemberg, por lo que dejó en ridículo a su secretario, que a su vez había desmerecido su gestión con Rottemberg. Grotesco.

Este gobierno que desconcierta cada día un poco más no tiene todavía el presupuesto ni las ordenanzas fiscal e impositiva aprobadas. Mourelle y otros funcionarios de menor protagonismo la reclaman. El Concejo ni siquiera las considera. Los concejales no quieren ni escuchar del tema hasta que el secretario de Hacienda no realice como se debe la audiencia pública por el presupuesto. Hay que recordarlo: una mañana de diciembre, cuando el municipio estaba paralizado por el paro de los municipales, Mourelle fue al Concejo, se ubicó en el recinto y dio por hecha la audiencia. Sin vecinos ni nadie presente. Una fantochada.

Los concejales exigen que el secretario empiece por retractarse de esa provocación. Que se siente en el recinto y pueda ser consultado por vecinos acerca de las partidas presupuestarias para este año. Como se debe.

El aumento del boleto tampoco dio los pasos que el bloque de Arroyo esperaba. Los transportistas llevan tres pedidos de aumento en menos de dos meses. El último, el viernes, para aumentar la tarifa más de diez pesos. El área de Transporte presentó dos estudios de costos. Uno, que lleva la tarifa a $ 18,81, tiene despacho de la comisión de Transporte y acarrea, cuando menos, inconsistencias de forma: la comisión no lo había requerido expresamente.

Alejandro Carrancio, un concejal que vota todos los expedientes del Ejecutivo, dejó sin quórum a la comisión de Legislación, evidencia de que el oficialismo no reunía los votos para el aumento. Mañana a las 10.30 hay otra cita de Legislación. Lo que de allí surja, si es que algo surge, llegará al recinto.

 

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