Sabuesos locales buscan limitar las operaciones financieras con Uruguay

La trilogía Comisión Nacional de Valores, Central y AFIP detectó posibles irregularidades cambiarias realizadas entre personas y compañías locales y sociedades de inversión radicadas en Uruguay
Borges escribió alguna vez que Montevideo era "el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó quietamente...".

Menos poéticos y más urgidos en su cruzada por ponerle coto a las maniobras de los que buscan hacerle la gambeta a la normativa cambiaria doméstica, los que también "hablan" de Montevideo son las cabezas de la trilogía Comisión Nacional de Valores (CNV), Banco Central (BCRA) y la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP).

Estas reparticiones trabajan contra reloj para ponerle límites a las operaciones financieras que se realizan en la Argentina aunque con una contraparte en el Uruguay.

"Estamos analizando la posibilidad de limitar las operaciones de agentes de bolsa y mercado contra países que no prestan información a nuestra Comisión, como es el caso de Uruguay, y donde no existe acuerdo de cooperación alguno", señalaron en la CNV.

Cansados de darse de cara con el anonimato que ostentan las uruguayísimas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), hace unos días la gente de la CNV envió a sus propios técnicos y funcionarios para que solicitaran a la gente del Registro Público de Comercio del Uruguay algunos detalles sobre la titularidad de algunas cuentas bajo sospecha.

Estas cuentas figuraban en el libro rojo de la CNV y el Banco Central por haber incurrido en irregularidades cambiarias. Sin embargo, desde el Registro uruguayo no obtuvieron más que negativas.

Sin cooperación

Según pudo saber El Cronista, las operaciones implicaban la compra de un título valor (acciones o bonos) en pesos en el mercado local y la liquidación simultánea en dólares a nombre de una SAFI uruguaya. De esta forma eludían los controles cambiarios y sacaban la plata del país.

El trabajo de los "sabuesos" arrojó altas probabilidades de que los titulares de estas sociedades en Uruguay serían los mismos que realizaban la operación de compra en Buenos Aires a título personal.

Como no hubo cooperación alguna, y dispuestos a no seguir permitiendo este tipo de maniobras, ahora se estudia la forma para limitar esta operatoria.

Esta es la operación mediante la cual los inversores se hacían de dólares en el exterior mediante la compra de títulos en el mercado local, y la venta simultánea en dólares en el mercado del exterior de ese mismo activo, sin tener que pasar así por el mercado de cambios formal con todo lo que eso implica.

A la vez, se ha gestionado un pedido formal para que el Registro de sociedades del Uruguay comience a relevar mayor cantidad de datos a la hora de registrar sociedades nuevas.

Ponga una firmita aquí

Uruguay dispone de un régimen jurídico que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas cuyo único objeto lo constituye la realización de actividades en el exterior (off-shore). La Ley Nº 11.073 del año 1948 regula la actividad de las SAFI que se utilizan en su mayoría para realizar actividades de naturaleza comercial.

Estas sociedades gozan de una libertad absoluta para la remesa de utilidades, ingreso y egreso de divisas, la realización de operaciones de cambio y la transacción en cualquier moneda. Esto permite la radicación de entidades de intermediación financiera de primer nivel, amparadas en un régimen de secreto bancario consagrado por la Ley.

Si bien la flexibilidad es total, quizás lo más atractivo de las SAFI es que pueden ser creadas en forma sencilla y ágil. Para ello se requiere la participación de solo dos personas físicas o jurídicas como fundadores, que no necesariamente son los dueños de las compañías. Otras ventajas es que no existen restricciones de naturaleza alguna respecto de: nacionalidad, domicilio o residencia de los socios fundadores, accionistas o directores.

A la vez, pueden comenzar a funcionar desde el momento mismo de la suscripción del contrato social (en formación), completando los trámites administrativos de constitución en plazos breves, lo que redunda en un beneficio extra ya que no existen limitaciones temporales de ningún tipo.

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