Aun no se sabe que pasó con 8.000 beneficiarios de planes sociales

La idea es continuar con el proceso que se inició al bancarizar los planes de ayuda Praf y Paf, y que hasta ahora supuso la baja de 8 mil beneficios. Es una polémica irresuelta luego de las denuncias desde Sidecreer por desmanejos en los planes.
Estudian aumentar a partir del ciclo 2009 el monto para copa de leche, hoy en 60 centavos, que llega a casi 140 mil chicos en 1.500 escuelas.

Después del polémico proceso de blanqueo de los listados de beneficiarios de los planes Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (Praf) y el Programa Alimentario Familiar (Paf), que viraron de los bonos alimentarios a un sistema bancarizado, rebautizado “A la mesa entre todos”, el Gobierno piensa ahora revisar los listados de las personas que asisten a comedores escolares, comunitarios y de niños que hay en la provincia.

El último dato, correspondiente a noviembre, da cuenta de la existencia de un padrón de 129.617 beneficiarios, un universo que se redistribuye en la variada oferta de programas asistenciales que hoy subsisten en Entre Ríos: son 938 comedores escolares, con 85.299 beneficiarios y una inversión mensual de 2,1 millones de pesos; 437 comedores infantiles con 43.495 beneficiarios y una inversión al mes de 677.279 pesos; 47 comedores en asilos de ancianos, con 1.458 beneficiarios y una inversión mensual de 117.150 pesos; 1.562 escuelas que reciben a 138.308 beneficiarios de la copa de leche.

Pero más allá del dato, desde el Ministerio de Salud y Acción Social impulsan la idea de establecer con nombre y apellido en un registro único quiénes son los beneficiarios, y qué tipo de programas reciben en el hogar, más allá de la ración de comida en el comedor.

“Queremos entrar a ordenar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los comedores, no sólo los comunitarios, sino también los escolares y el sistema de copa de leche que se brinda en muchas escuelas. En comedores se va la mayor cantidad de recursos en el Estado en lo que tiene que ver con programas de asistencia”, señaló el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez.

Para eso, se va a profundizar el trabajo tendiente a conformar el padrón único de titulares de derechos, tal el nombre que le dan en Acción Social. “Nosotros debemos saber a quiénes atendemos, qué hacen los padres de esos chicos que asisten al comedor, y saber si tienen alguna otra asistencia a través de algún otro programa social de la provincia”.

En realidad, Rodríguez sostiene que la pretensión es evitar que “la gente sea cautiva de los planes sociales y se mantenga en el tiempo”. La tarea, aseveró, se desarrollará con fuerza durante el verano, cuando la población que asiste a los comedores disminuye sensiblemente.

“Prendemos además saber a quiénes atendemos, y detectar a quienes no atendemos, que seguro son de los sectores más humildes. Pero para eso debemos contar con nóminas actualizadas, con datos del grupo familiar, por ejemplo con información de qué hacen los padres de esos chicos que asisten al comedor, a qué se dedican. Es un dato para nosotros esencial”, añadió el funcionario.

Un primer ensayo de ese ordenamiento se dio con el padrón de beneficiarios de los planes Praf y Paf, que pasaron a un sistema bancarizado a través de la tarjeta Sidecreer. Aunque en medio, se dio un proceso muy discutido: la existencia de un gran número de beneficiarios –primero se habló de 10 mil y ahora se menciona la cifra de 8.000—que no habrían retirado su nueva tarjeta social, situación que abrió sospechas respecto a incorporaciones irregulares a los listados.

El tema movió a la elaboración de un informe detallado por parte del de la Dirección de Política Alimentaria, César Kerbs, que a través del ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano, fue girado a la Fiscalía de Estado, que inició una investigación a través de la Oficina Anticorrupción y Etica Pública.

Pero después de que el hecho cobró estado público, en el Gobierno procuraron bajar el nivel de exposición, y minimizaron el asunto. Ahora, el secretario de Desarrollo Social dice que todavía no se pudo establecer si efectivamente hubo irregularidades, por cuanto unos 8.000 beneficiarios pudieron corregir los datos mal consignados y acceder a la tarjeta social. Quedan, por otra parte, entre 5.000 y 8.000 tarjetas sin retirar, aunque cree que allí también podría haber beneficios erróneamente consignados, jamás cobrados bajo los sistemas Praf o Paf.

“El grueso de las tarjetas ya se entregó a sus titulares, y a pesar de muchas dificultades, la tarea ha sido exitosa. Hay una gran conformidad de parte de los comerciantes, por el volumen de venta que hubo. Hay que tener en cuenta que la primera entrega fue un beneficio doble, por lo cual se volcaron al comercio de la provincia unos 10 millones de pesos. Lo otro, las correcciones en los padrones, es un trabajo que todavía no está concluido. De todos modos, hay que cerrar esto antes de que termine el año. Lo que habrá que cotejar, si de esas tarjetas no retiradas, cuántas se venían cobrando en el sistema de bonos, y cuántas no”, opinó. (Fuente: El Diario)

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