Quienes conocen la causa de la financiera Cordubensis (CBI) se sorprendieron cuando el fiscal federal Enrique Senestrari presentó un repentino pedido de procesamiento a los 37 imputados.

Pero, detrás de la acusación, aparecen datos que no fueron investigados hasta ahora, pese a que varios de ellos figuran en la carta con instrucciones que antes de morir dejó el entonces vicepresidente de CBI, Jorge Suau.

Tal vez la primera pista para adentrarse en lo que el fiscal no ha investigado estaba anticipándose en un escrito del juez federal N° 1 Ricardo Bustos Fierro, del 26 de mayo de 2015, cuando hablaba de los “tres desvíos” en la investigación delegada al instructor.

El primero es haber perdido el servidor 2, la computadora donde Suau afirmaba que estaban todas las operaciones en negro de la gigantesca mesa de dinero.

El fiscal tenía datos de sobra para ir a un domicilio, pero, además de equivocarse de dirección, ordenó procedimientos escalonados y no simultáneos.

“Esos otros allanamientos recién fueron solicitados por el fiscal casi una semana después. Naturalmente, esa demora ocasionó una significativa pérdida de elementos de prueba”, decía el escrito del juez.

El segundo desvío fue el de las cajas de seguridad de los locales de CBI.

En este capítulo, el fiscal puso un excesivo celo para que los titulares de esos cofres pudieran recuperar sus valores y efectos, lo que generó una gran distracción de recursos para el tribunal.

De esto se deriva lo que sucedió con la caja de seguridad del exintendente de Villa María Eduardo Accastello.

El fiscal sabía del secuestro del cofre en el que se guardaban 290 mil dólares en billetes con numeración correlativa, sin uso.

Sin embargo, este funcionario judicial con gran exposición mediática jamás hizo comentarios al respecto, no digitalizó ese tramo del expediente y no hizo pública investigación alguna hasta que La Voz lo publicó.

De momento, a pesar de que todos los trascendidos indican que Senestrari sobreseerá a Accastello, no se conocen resultados.

La semana pasada, el exintendente de Villa María aseguró a la prensa que una fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) “de este Gobierno (nacional)” concluyó que “no tiene que demostrar la tenencia” sobre los 290 mil dólares que aparecieron en una de las cajas de seguridad de la fallida financiera CBI.

“El dinero no es mío, proviene de recursos de la familia de (Fernando) Boldú (exintendente de Laguna Larga)”, dijo.

Megavaciamiento

El tercer “desvío” en la investigación de Senestrari es acaso el más significativo, por su magnitud y porque implica la mayor “distracción” frente a ilícitos mayúsculos.

En la sucursal 1.570 del Banco Nación, ubicada frente a la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, se monetizaron nada menos que 716 millones de pesos a través de dos cuentas abiertas sin el menor control bancario.

Sus titulares formaron dos empresas fantasma sin ninguna actividad, según se investiga: una de venta de diarios y revistas; la otra, de cobranzas.

Halago SA y Jotemi SA estaban exentas del impuesto al cheque, por lo que los valores que depositaban no tributaban ese 1,5 por ciento que, en grandes cantidades, era millonario.

Al día siguiente, llegaban a la sucursal tres grupos de personas con mochilas (o valijas) que eran retiradas llenas de fajos de billetes termosellados.

Un grupo se iba a CBI, mientras que los otros dos tomaban un rumbo desconocido. Los montos diarios eran millonarios.

La operatoria se produjo entre 2012 y 2014, con la salvedad de que, a pesar de que CBI cayó el 14 de febrero de ese último año, una de las empresas siguió haciendo esta “bicicleta” hasta mayo de 2014.

Lo que pasaba puertas adentro del banco era, al parecer, escandaloso.

Nadie controlaba a esas empresas que retiraban montos muy superiores al máximo autorizado (50 mil pesos); jamás se les hizo un “reporte de operaciones sospechosas”, y no se investigó la actividad empresarial, su solvencia ni a sus titulares. Todo violó las normas internacionales contra el lavado de dinero.

Pero esta situación no se conoció ni cuando estalló CBI, ni cuando dejó de operar la última cuenta, ni mucho después.

Recién trascendió cuando los síndicos de la Provincia la hicieron pública a fines del año pasado y este diario la publicó.

Advertencia del BCRA

Sin embargo, Senestrari ya estaba formalmente notificado de la situación cuando una auditoría del Banco Central de la República Argentina (BCRA) le marcó todos los detalles de la maniobra y sus responsables, con lujo de detalles de nombres y cargos.

Al igual que los síndicos, desde el BCRA se objetaba el impresionante paso de dinero por ese banco oficial: 716 millones de pesos, ante la mirada distraída de sus funcionarios.

Senestrari recibió ese informe en septiembre de 2015. A pesar de eso, siguió sin mostrar rastros de investigación alguna.

Luego de varias publicaciones de La Voz a partir de fines de 2015, desde el Juzgado Federal N° 3 se anticipó que se iba a investigar, pero no hubo muestras de ello.

El mes pasado, se publicó que Senestrari tenía embargado su sueldo por una deuda con el Banco Ciudad de Buenos Aires.

En aquel informe, también se exhibió un facsímil del Banco Central en el que consta que tiene un crédito (que sí paga) con el Banco Nación por más de 500 mil pesos, en la misma sucursal.

Tres días más tarde, Senestrari imputó a quien había sido gerente de la sucursal durante el escándalo: Pedro Tito Zurko.

Pero nada hizo el fiscal con los funcionarios que estaban debajo de Zurko. Senestrari sugirió que había otros posibles responsables, pero no indicó siquiera sus nombres.

En la auditoría del BCRA, Anabella Berardi detalla quiénes eran los “responsables” del paso de ese dinero: tesorero, jefe de cuenta y otros.

Lo más llamativo es que Zurko está “separado” de la investigación central, lo que implica que no está en el expediente principal pese a que se sospecha que facilitó la estructura de un banco oficial para que se hiciera un escandaloso vaciamiento de CBI.

La ruta del dinero

De esta manera, en el expediente no se advierte que esas dos empresas “fantasma” lavaban dinero de tres mesas de dinero y no de una.

Además de CBI, que enviaba a sus empleados, había dos “valijeros” que llevaban mochilas repletas de dinero todos los días hábiles.

La acusación menciona a Miguel Vera, pero nada dice de otras dos personas que ya están identificadas, según advierten fuentes judiciales que conocen de sobra la causa.

La plata se iba, pero no se sabe adónde. Tampoco se sabe de dónde venía, quiénes hicieron las acciones para cobrarla o, en definitiva, en qué bolsillos terminó.

Existe una forma de saberlo. En esas cuentas se depositaron miles de cheques durante años.

Esos cheques fueron inspeccionados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), pero extrañamente la acción se frenó allí.

Hay que aclarar que esos valores están “truncados”, según lo dispone la autoridad monetaria: se escanea y todos los datos quedan digitalizados.

De este modo, es posible saber quién libró el cheque, quién lo endosó, quién lo cobró, sus valores, fechas y numerosos datos.

Esa información y esos cheques están, todavía, en el subsuelo del Banco Nación, según apuntaron fuentes judiciales.

Esa información que hasta ahora Senestrari no analizó permitirá dilucidar detalles sobre la “ruta del dinero” de CBI. Tal vez entonces se conozcan nombres que para algunos no es conveniente que se sepan.

Un embargo por 1600 millones de pesos

En octubre último, tras asumir en el caso luego de que fue apartado el juez Ricardo Bustos Fierro, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja fijó un inédito embargo para los 37 imputados por un total de 1.600 millones de pesos. El magistrado dijo que calcula en mil millones de pesos las maniobras financieras que podrían ser ilegales, y el resto corresponde a una hipotética multa.

De empresas “fantasma” y mesas de dinero

En billetes con numeración correlativa, sin uso, este fue el monto que apareció en la caja de seguridad de Eduardo Accastello.

Los principales protagonistas

Enrique Senestrari, fiscal federal. Sostiene que CBI era una financiera ilegal y que funcionaba como mesa de dinero.

Miguel Vaca Narvaja, juez federal a cargo del caso. Debe decidir si procesa a los 37 imputados por la megacausa.

Ricardo Bustos Fierro, juez federal apartado de la causa. Tuvo varias veces una postura muy enfrentada con Senestrari.

Eduardo Accastello, exintendente de Villa María. El dirigente K tenía una caja de seguridad en CBI con unos 290 mil dólares.

Jorge Suau, fallecido exvicepresidente de CBI. Fue hallado asfixiado en su 4x4 en 2014. Hasta hoy no se sabe si se suicidó.