Ruta del dinero S: habrían lavado 1.000 millones de pesos

Ruta del dinero S: habrían lavado 1.000 millones de pesos

Para la legisladora Paula Oliveto están acreditados en el expediente varios hechos de corrupción. Dijo que en los ocho años de sciolismo se habrían desviado sumas millonarias. “Cajas negras” y testaferros para enriquecimiento ilícito.

 

Facturas apócrifas, empresas fantasmas, gastos sobredimensionados y pagos sin respaldo son algunos de los mecanismos que habría usado el sciolismo para quedarse, de acuerdo con la senadora de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, con unos 1.000 millones de pesos durante ocho años.

“Está acreditado en el expediente que el entonces director general de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, un hombre de muchísima confianza de Alberto Pérez, firmó facturas que eran gastos de campaña y que el dinero provenía de las cuentas públicas. Pagaron con fondos del Estado traslados a militantes del Frente para la Victoria, para un acto de Cristina Kirchner, por un millón de pesos. Eso está probado en el expediente presentado por Elisa Carrió”, detalló Oliveto.

Esta legisladora agregó que “Daniel Scioli no está acostumbrado a rendir cuentas y por eso está incómodo”.  

Para el asesor de Carrió, Juan Manuel López, Carbone manejaba las cuentas extrapresupuestarias y el dinero de la campaña política. Además,  se detectaron manejos oscuros e irregulares.

“Era un comentario en el ámbito político que en el barrio privado Abril había varias cajas fuertes de grandes dimensiones”, señaló López.

La denuncia de la legisladora Elisa Carrió contra Daniel Scioli y varios de sus exfuncionarios fue presentada en junio pasado en la Justicia platense y la causa quedó bajo la UFI Nº 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta, bajo la carátula “lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública”.

En la presentación, la titular de la Coalición Cívica planteó el “evidente enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli”, y solicitó a la Justicia que “investigue” a varios exfuncionarios provinciales, como así también a la empresa estatal de agua ABSA y al Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

Además, la dirigente pidió al fiscal que indague sobre la “contratación fraudulenta de personal en la construcción del Puerto La Plata, y sobre supuestas maniobras de “estafas y sobreprecios” en la obra social IOMA y sobre una cooperativa.

Según la diputada, durante la gestión de Scioli hubo “un gran desmanejo de los recursos públicos de la Provincia de Buenos Aires”.

Desvíos alevosos

Carrió identificó algunas “cajas políticas que no solo habrían engrosado ilegalmente el patrimonio de los denunciados, sino que el fruto del dinero obtenido podría haber sido ocultado de distintas maneras a través de maniobras de conversión, transferencia o disimulación de bienes provenientes de ilícitos penales cometidos, como debe investigarse, en el marcos de la administración de la conocidas en la jerga política como cajas negras del estado”.

En particular, Carrió se enfocó en supuestas “cajas negras” de Astilleros, IOMA y Loterías y Casinos. Y mencionó entonces tres estancias en el partido de Tandil que pertenecería a “prestanombres”, algunos de los cuales prestaban funciones en el gobierno provincial

La diputada aportó el número de varias cuentas oficiales que tendrían irregularidades y dio detalles de subsidios. El día 2 de agosto, Carrió ratificó en la Justicia su denuncia contra el exgobernador y pidió que sea citado a declarar en esa causa el financista Leonardo Fariña, principal acusador como testigo protegido del empresario Lázaro Báez.

 

El avance en causas conexas

El senador de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, se mostró ayer muy conforme con el trabajo del fiscal platense Álvaro Garganta.  “Vemos que avanza en varios sentidos y en estos tres meses se nota su trabajo”, sostuvo el legislador.

Como se recordará, el 2 de septiembre último Garganta allanó el Tribunal de Cuentas bonaerense, en una causa conexa a la iniciada por Elisa Carrió contra el exgobernador Daniel Scioli por presunto lavado de activos y delitos contra la administración pública.

El procedimiento buscó determinar si una empleada de ese organismo, el Tribunal de Cuentas, robó o alteró información contable relacionada a la investigación por posibles irregularidades cometidas durante la gobernación de Daniel Scioli. 

El operativo se produjo en la Vocalía de Administración Central del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Cecilia Rosaura Fernández, sector responsable de auditar las cuentas de la Gobernación del período 2015, que fueron denunciadas por Carrió por presuntas irregularidades.

Simultáneamente se allanó la oficina de la Dirección de Sistemas del Organismo, luego de que la mujer denunciara que le fueron sustraídos datos de su computadora y editados sus dictámenes, por lo que podría caber el delito de “encubrimiento”. 

Garganta precisó que en el allanamiento participaron peritos informáticos y agentes de la Policía Bonaerense.

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