La Procuración del Tesoro de la Nación desmintió este viernes a través de un comunicado una nota publicada en la edición impresa del diario La Nación. El centenario matutino indicó que la justicia rechazó los pedidos efectuados por el Estado nacional en el marco de la causa que investiga la venta a precio vil del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina durante el gobierno de Carlos Menem que motivó la recuperación de esas tierras a través de un decreto firmado por la presidente Cristina Fernández en diciembre pasado.

"El artículo contiene inexactitudes que en algunos casos son producto de una deliberada intencionalidad política; en otros casos, quizás de errores de información" indica el comunicado de la Procuración y da algunos ejemplos como "la impropia caracterización como 'expropiación' de lo que ha sido, en rigor, la revocación por razones de ilegitimidad de un acto viciado de nulidad absoluta" o bien la "equivocada referencia a la intervención como fiscal del caso del Dr. (Carlos) Rívolo, cuando quien dictaminó antes del fallo del juez Torres fue el fiscal (Carlos) Stornelli".

El Estado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y con patrocinio de la Procuración requirió que el magistrado lo tenga como parte querellante y el juez Torres "resolvió en sentido favorable a tal petición".

Asimismo, el Estado pidió que se dicten "medidas de resguardo respecto del predio, fundamentalmente a fin de evitar que la Sociedad Rural –propietaria en virtud de aquella venta a precio vil del año 1991- pudiera celebrar nuevos actos jurídicos constitutivos de derechos a favor de terceros que, en caso de invocar la condición de terceros de buena fe, podrían luego quedar inmunes frente a los efectos de la nulidad de la venta, cuando esa cuestión sea finalmente dirimida pro la Justicia".

La Procuración del Tesoro de la Nación puntualizó además que el juez Torres concedió al Estado "la anotación de la litis" y destacó que el artículo publicado por La Nación "guarda absoluto silencio sobre la medida otorgada, en la que subyace que a criterio del juez Torres la Sociedad Rural no tiene un derecho indiscutido sobre el predio".

"El juez Torres concedió una de las posibles medidas cautelares destinadas a preservar los derechos del Estado, lo que presupone que consideró que prima facie existía verosimilitud del derecho invocado en la presentación efectuada por la AABE" concluye el comunicado.