De esa manera, el Ejecutivo busca llegar a la Corte Suprema para que deje sin efecto el amparo. Los camaristas suspendieron el decreto presidencial que dispuso la "utilidad pública" de los terrenos que Menem vendió a la SRA.
Apenas se notifique de manera formal, el gobierno nacional presentará hoy una apelación ante la Cámara Civil y Comercial Federal para que se declare "incompetente" ese fuero, que el viernes último otorgó una medida cautelar que suspendió el decreto presidencial que había restituido el predio de La Rural al Estado, ante las graves irregularidades en su adquisición. El objetivo: llegar vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, para que deje sin efecto la medida adoptada por los jueces de feria Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y Graciela Medina. El principal argumento del Estado será que la impugnación de un acto administrativo del gobierno corresponde al fuero Contencioso Administrativo, y no al Civil y Comercial, ante quien se presentaron las autoridades de La Rural. A partir de la presentación de la apelación, la Cámara tendrá diez días hábiles para dar traslado a las partes y decidir. De concederse, la Corte tendrá cinco días para recibir el expediente en el que podrá opinar la Procuración General.
El escrito con destino al máximo tribunal será encabezado por la Jefatura de Gabinete, con el patrocino de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Allí se cuestionará la "validez" de la resolución dictada por la Sala de feria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, la misma que habilitó el período de feria para tratar la apelación del Grupo Clarín al fallo de constitucionalidad de la Ley de Medios. El viernes, pasadas las 23, trascendieron ambas resoluciones, pero hasta hoy a primera hora el Estado no había sido notificado de manera formal. Una vez que esto suceda, se terminará de delinear los alcances del escrito de apelación. La intención del oficialismo es que cuando el tema escale, sea la Corte la que tenga que dictaminar que la cautelar no es válida porque el órgano que la dictó no era competente. De ser así, la medida cautelar caería automáticamente. Si la Cámara rechazase la presentación del recurso extraordinario, al gobierno aún le quedaría el camino de recurrir en queja al máximo tribunal.
"Para impugnar un acto lícito del Estado, el fuero es el Contencioso Administrativo. La Cámara Civil y Comercial se ha declarado competente siempre y además ha tenido la modalidad destacar medidas cautelares siempre en contra del Estado y a favor de las corporaciones", indicó a Tiempo el ministro de Justicia Julio Alak. Al igual que con la Ley de Medios, el gobierno remarcó que el fuero Civil y Comercial no tiene competencia en actos de otros poderes del Estado, como decretos o leyes.
El artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial establece un marco para decisiones dictadas por jueces sin competencia, pero aclara que esa medida "será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia". Por eso, ese juez, "inmediatamente después de requerido, remitirá las actuaciones al que sea competente". «
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