Un rumbo "equivocado en la marcha del control público"

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego expresó su profunda preocupación por los aprietes denunciado por tres auditores del Tribunal de Cuentas Municipal de Río Grande, que involucran a dos vocales de ese órgano de control. Se defendió la independencia de criterio profesional como uno de los principios básicos de la labor de auditoría. Además se confirmó que uno de los funcionarios involucrados no está matriculado para ejercer la profesión de contador en la provincia.
La denuncia formulada por tres auditores del Tribunal de Cuentas de Río Grande, en la que acusaron a dos vocales de ese órgano de control de presionarlos para que modificaran su opinión profesional en una serie de expedientes referidos a contrataciones del Municipio, llevaron al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego a manifestar "profunda preocupación por los hechos de público conocimiento respecto de lo acontecido en el Tribunal de Cuentas Municipal de Río Grande", ya que a su entender "ponen de manifiesto un rumbo equivocado en la marcha del control público de la ciudad".

En un comunicado difundido a fines de la semana pasada, indican que "los objetivos de Seguridad Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas pasan necesaria y obligatoriamente por un buen desempeño del Control Público, el cual no puede verse afectado por circunstancias de coyuntura o que respondan a pequeños intereses sectoriales, ya sean políticos partidarios o personales". Por ello "instan a las autoridades Legislativas y Ejecutivas" de Río Grande "a restaurar la credibilidad y confiabilidad del órgano de control municipal, tomando dentro de las normativas vigentes las acciones correctivas que correspondan".

Los integrantes del Consejo informan que se ha recibido "una denuncia por intromisión en la labor profesional de colegas dentro de dicho Tribunal de Cuentas, como así también acerca de la falta de matriculación en la Provincia de quien se desempeña como Vocal de Auditoría del citado órgano". Ante esta situación señalan que "la independencia de criterio profesional es uno de los principios básicos de la labor de Auditoría sea en el ámbito privado como en el público. La labor profesional que lleva a cabo un auditor posee como requisito básico la posibilidad amplia y libre de elegir bajo su criterio y responsabilidad los métodos para aplicar sobre casos concretos que se someten a control, siendo de su exclusiva responsabilidad la emisión de las correspondientes certificaciones o informes de auditoría, los cuales reflejan con firma del profesional actuante los resultados directos de los métodos o procedimientos de auditoría aplicados y que por lo tanto no pueden quedar sujetos a intromisiones o modificaciones en función del interés del contratante o destinatario, lo cual constituiría un desvío y falta ética del profesional actuante".

En cuanto a la posibilidad de que uno de los vocales del Tribunal de Cuentas, el contador José Labroca, no esté matriculado en la provincia, el Consejo confirma esa circunstancia. Es más, precisa que tanto la legislación nacional como la provincial señala que el ejercicio de la profesión "en el sector público es ejercicio profesional", por lo que el funcionario del órgano de control podría estar ejerciendo ilegalmente la profesión de contador

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