La decisión drástica se tomó por fin, a raíz de que Caballero no acató las órdenes de la fiscal Florencia Salas, de la UFI Descentralizada de Miramar. Debía preservar la escena de la violación, secuestrar elementos de interés para la investigación, y trasladar a los detenidos para que sean sometidos a pericias médicas de inmediato. No cumplió.

Se dice además, que Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició una investigación contra varios efectivos de la policía de Miramar por la posible vinculación con la familia de uno de los detenidos por la violación. Como se recordará, el hecho se habría producido en horas de la madrugada del 31 de diciembre en el complejo turístico El Durazno, un camping tradicional, que se encuentra sobre el kilómetro 1 de la Ruta 11. La menor de 14 años había ido a pasar el fin de año junto a su familia, oriunda de Mar del Plata.

Ahora el abogado Sergio Sosa Ortega explica que él personalmente había denunciado la conducta del subcomisario, no sólo ante la Procuración General, sino además en Asuntos Internos de la policía, pero hasta el momento no había recibido respuesta alguna.

“No es necesario tener un doctorado en Harvard para darse cuenta”, afirmó en su entrevista exclusiva para la 99.9, cuando expresaba su punto de vista profesional para detallar los errores de procedimiento que se pudieron verificar en la causa de marras. Para empezar, se dieron a conocer públicamente los nombres de los investigados, así como sus imágenes de redes sociales, antes de que la justicia pudiera confirmar o no su participación en el hecho. Pero ¿quién las difundió? Si efectivamente los ahora nombrados son culpables, sería imposible incluir como prueba un reconocimiento en ronda ya que sus imágenes se hicieron públicas. Si por el contrario, se tratara de personas inocentes, la afectación pública de su buen nombre no tendría vuelta atrás.

Denuncias previas

“Me fui a La Plata, lo dejé en la mesa de entradas de la Procuración, pero no se hizo absolutamente nada”, dice el abogado Sosa Ortega sobrela denuncia realizadaen agosto pasado. “La denuncia también se hizo en Asuntos Internos, y estaba firmada por mí, ya que yo deseaba asumir las consecuencias legales de haber realizado una denuncia legal”, expone el denunciante.

“Esta persona fue retirada por una fiscal que es valiente, que tiene voluntad, que hace lo que puede con lo que tiene y se encuentra con este tipo de gente”, sentenció en relación a la autoridad policial despedida. En cuanto a las irregularidades previas en la Comisaría de Miramar dijo: “Es una persona que tiene ruido en el ambiente”.

Por una parte, el abogado había denunciado una situación de connivencia del personal policial con ciertos delincuentes, que al parecer recibían información desde la misma comisaría. Luego, esa misma dependencia —comprometida en la situación— era la encargada de tomar declaración a ciertos testigos que eran citados por la justicia.

“No puede ser que no se haya hecho nada con el comisario a pesar de que lo denuncié en dos ocasiones, incluso fui a La Plata. No entiendo cómo pudo haber estado en un estado de denuncia, cómo no se apartó a esta persona teniendo delincuentes trabajando en su jurisdicción. Hoy esa persona tenía que preservar los hechos, no lo hizo porque se dice que era amigo de uno de los imputados”, se lamentó por el lento accionar del sistema judicial.

“La fiscal que tiene voluntad, ¿qué herramientas legales tiene para llegar a la verdad si trabaja con un subcomisario que fue denunciado por connivencia con delincuentes?”, se lamentaba.

Otra de las irregularidades denunciadas se había dado en el marco de un Sumario Administrativo, instruido por la Auditoría General de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Lo que se denuncia es que el subcomisario Caballero habría recurrido a un hackeo —o al uso ilegal de clave de acceso vía web facilitada por un empleado autorizado— para ingresar a la base de datos del Ministerio Público Fiscal. Allí habrían obtenido datos de un ciudadano no procesado, a los fines de elaborar actuaciones y así perseguir administrativamente a quien fuera su novia, que hoy es oficial de policía.

Se refiere a la obtención de datos de D.A.O. con el fin de implicar en un sumario administrativo a la Oficial de Policía Jessica Beatriz Torrente, a quien se la acusaba de haber mantenido una relación sentimental con una “persona de mala fama o de mal vivir” al inicio de su vida de cadete policial. La joven mostró pruebas de que la relación aludida databa de una fecha anterior a su ingreso a la fuerza, y que se trataba de un vínculo violento del cual le había costado mucho salir. De hecho, en las fotos conjuntas que se habían obtenido de las redes sociales para dar cuerpo al posible sumario administrativo, Jessica mostraba un tatuaje que se había removido para poder ingresar a la policía. Por lo cual, nada la unía al mencionado hombre cuando ingresó a la fuerza, en cuyas normas de funcionamiento consta la prohibición expresa de mantener relaciones con personas “de mala fama o de mal vivir”.

Peligroso

Más allá de las cuestiones atinentes al sumario administrativo en sí, que a criterio del abogado denotan persecución ideológica por parte de los funcionarios policiales intervinientes, se verifica que se usó información reservada del sistema de inteligencia policial para formular la acusación a su asistida. Alguien ha brindado datos de antecedentes de aquel ciudadano, lo que significa la revelación de información sensible que constituye incluso un injusto penal. Al pie de las impresiones del sistema de antecedentes, se lee la leyenda “impreso por Gelinger Valentina”, aunque el abogado no sabe aún si se trata de una empleada o funcionaria del Ministerio Público de Mar del Plata, de la descentralizada Miramar, si ella le prestó la clave a alguien, o si se trata de un hackeo policial con nombre de fantasía.

Pero ¿es la primera vez que lo hacen? ¿Los policías pueden acceder de manera irregular a la base de datos de cualquier ciudadano que nunca fue procesado sin autorización de la justicia? En Miramar, sí.

Lo cierto es que dos policías —el Oficial Subayudante Iván Paul Montes y el Sucomisario Andrés Hugo Caballero, en su calidad de Jefe de la Estación de Policía Comunal Miramar— se habían servido de manera irregular de aquella información sensible, sólo reservada a los titulares de la Acción Pública, para cumplir el objetivo de formalizar un sumario administrativo a Jessica Torrente.

En otra denuncia, el abogado Sosa Ortega había afirmado que el subcomisario era parte de una situación de connivencia policial con los delincuentes, y que además “se pretende que documenten su propias anomalías o, lo que es peor aún, se les otorga torpemente carta blanca para que amedrenten a los testigos de autos”. Se refiere precisamente que, puesto a recolectar testigos en un determinado caso, se cita a los ciudadanos en la sede de la comisaria sospechada, y que finalmente, el principal sospechado es quien firma las cédulas de citación. Por eso pide que rápidamente se aparte del caso a la fuerza policial interviniente, y que se instruya en sede judicial conforme a derecho, como a su criterio corresponde.

Es decir que, si ahora Caballero arruinó las cosas, si es responsable de que la escena no se haya preservado como corresponde, o que las primeras actuaciones no hayan sido las que la fiscal indicó, la culpa es de la justicia misma, y de los organismos supervisores de la policía a quienes les compete el contralor de los integrantes de la fuerza. Sosa les había avisado, pero nadie lo escuchó. Tres denuncias juntando tierra.