Rovira propuso la creación de juzgados en Oberá y San Vicente.

Con un plan de labor integrado por 32 dictámenes, se realizó ayer la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, en la cual tomaron estado parlamentario 12 proyectos de ley, 7 de comunicación y 16 de declaración.
Entre las iniciativas destacadas se encuentra la del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, en la cual se plantea la necesidad de crear juzgados en Oberá y San Vicente.

En la Capital del Monte, se crearía un Juzgado de Primera Instancia con competencia en Familia, que funcionará con dos secretarías letradas. El mismo ejercería jurisdicción territorial en Oberá, Panambí, Guaraní, Campo Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, San Vicente, El Soberbio, Colonia Aurora, 25 de Mayo y Alba Posse. Asimismo, también propone la creación de una Defensoría Oficial de Primera Instancia, con competencia en lo Civil y Comercial, que actuará ante el Juzgado que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) designe en su oportunidad.

El proyecto también propone crear un Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, en San Vicente, que funcionará con dos secretarías letradas. Asimismo, contempla la creación en dicha circunscripción de una Fiscalía de Primera Instancia y una Defensoría Oficial de Primera Instancia, ambas con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia. Las mismas actuarán ante el Juzgado de Primera Instancia previsto en el mismo proyecto, el cual ejercerá jurisdicción territorial dentro de los límites de los municipios que fije el STJ.

La iniciativa del diputado Rovira también prevé la creación e incorporación al Presupuesto General de la Provincia de dos cargos de juez, dos cargos de defensor oficial, cuatro cargos de secretario letrado y un cargo de fiscal, todos de primera instancia. Por otra parte, el Presidente de la Cámara de Representantes Provincial, también propuso la modificación del artículo 32 de la Ley Provincial de Agrotóxicos, en la cual se prohibirá a menores de 18 años, mujeres y discapacitados intervenir en cualquier tipo de tareas que requieran contacto o manipulación de agrotóxicos, sus componentes y afines.

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