Rosario contra proyectos del PJ para cambiar el reparto del fondo sojero

La Municipalidad de Rosario cuestionó el carácter "discriminatorio" y teñido de alto contenido político que llevan implícitos los proyectos que presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia los legisladores de la oposición para modificar el criterio de reparto del Fondo Federal Solidario, más conocido como fondo sojero, proveniente de la coparticipación de un porcentaje de las retenciones a las exportaciones granarias.
 "El Partido Justicialista por medio de sendos proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la provincia intenta quitar a las ciudades de Rosario y Santa Fe su participación en el Fondo Federal Solidario", arremetió el secretario de Hacienda de Rosario, Gustavo Asegurado.

   El funcionario señaló que las iniciativas piloteadas por los justicialistas Silvina Frana y Mario Lacava, por un lado; y por Alberto Monti, por el otro, "no sólo son arbitrariamente injustas con la ciudad de Rosario, sino que además son ilegales en tanto violentan el mandato establecido por el artículo 4º del decreto nacional 206/09 que crea este fondo y dispone que el reparto que las provincias deban realizar a sus municipios deberá hacerse en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos", argumentó el titular local de Hacienda.

El nudo de la discordia. El fondo sojero quedó establecido el 20 de marzo pasado por decreto y luego del prolongado conflicto que mantuvo el gobierno con el campo. En rigor, el Ejecutivo decidió implementarlo tras los insistentes reclamos de los gobernadores y jefes comunales que vieron cómo sus ingresos se fueron pulverizando no sólo por la disputa agraria, sino además por la crisis internacional. Frente a esto, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto que a través del cual el 30% de los ingresos recaudados por retenciones a los granos comenzarían a distribuirse a partir del 1 de abril entre las provincias adheridas al régimen.

   Hasta ahora, el flujo de fondos fue aceitado y sirvió para paliar los abultados déficit de muchas administraciones provinciales que hicieron uso de estos fondos para atender necesidades de gastos tanto corriente como de capital. Por caso, Santa Fe se sumó a la iniciativa (que demandaba adhesión) y por ese concepto, hasta fines del mes de junio llegaron a la provincia 99 millones de pesos, de los cuales casi 30 millones de pesos fueron coparticipados a municipios y comunas.

Nuevo reparto. Sin embargo, los legisladores de la oposición presentaron dos iniciativas para modificar el criterio de reparto, que establece que la provincia debe distribuir a sus municipios y comunas el 30% del monto recibido, prorrateado según el coeficiente que surge de la aplicación de las leyes 7.457 y 8.437 que son las que determinan la redistribución de la coparticipación provincial.

   Las iniciativas —que incluso amenazaron con crear un sisma en el Frente Progresista en función del respaldo que recibieron los proyectos de parte de los diputados radicales que lo conforman— proponen aumentar al 50% el porcentaje a distribuir y al mismo tiempo, modificar cómo se prorratea este monto entre los distintos municipios y comunas.

   El proyecto de Frana y Lacava propone prorratear la diferencia (el 20%) "en forma directamente proporcional a la emisión total del impuesto inmobiliario rural correspondiente a cada jurisdicción", mientras que el de Monti avanza un poco más y aplica el mismo criterio pero sobre el total a distribuir (el 50%).

"Discriminación" política. "Lo insólito de estos proyectos es la pretensión de discriminar en el reparto a las dos principales ciudades de la provincia (Rosario y Santa Fe), las que casualmente son gobernadas por el Frente Progresista", denunció Asegurado y consideró que "es escandalosamente injusta con los ciudadanos que reside en estas ciudades", por la forma que fija el prorrateo.

   Teniendo en cuenta que a la ciudad de Rosario le corresponde sólo el 1,37 por mil del total de la emisión del impuesto rural, "la modificación propuesta por el diputado Monti significa en la práctica negar su participación en el fondo sojero", cuestionó Asegurado y señaló que en el caso de la iniciativa de Frana y Lacava representa "dejar la misma en los actuales valores, no reconociéndole a Rosario una participación en los 80 millones de pesos adicionales que propone distribuir", agregó.

   Según explicó Asegurado, la aplicación de la ley vigente "produce hoy un resultado equitativo porque arroja participaciones similares a las pequeñas y grandes localidades" y ejemplificó: Rosario (estimando un ingreso provincial de 400 millones de pesos), obtiene en el año 40,16 pesos per cápita y la ciudad de Santa Fe 33,40 pesos, mientras que el promedio para el resto de ciudades y comunas es de 41,51 pesos per cápita.

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