Ronda de diálogo entre el gremio judicial y el Ministerio de Justicia por la reforma procesal penal

El acuerdo contempla "realizar una ronda de consultas y conversaciones para generar consensos en cuanto a garantizar los derechos de los trabajadores en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento penal", que comenzó a regir enforma parcial y progresiva el sábado 14 último, indicó el Ministerio de Justicia.
Ante las inquietudes hechas públicas por los empleados judiciales en torno a la reforma procesal penal en marcha, se acordó la apertura de un canal de diálogo entre la Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial de Santa Fe y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

El acuerdo contempla "realizar una ronda de consultas y conversaciones para generar consensos en cuanto a garantizar los derechos de los trabajadores en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento penal", que comenzó a regir enforma parcial y progresiva el sábado 14 último, indicó el Ministerio de Justicia.

El envío a la Legislatura, a principios de febrero pasado, de cinco proyectos de ley complementarios al Código Procesal Penal, aprobado en 2007, generó incertidumbre en el gremio de los empleados judiciales en cuanto al respeto de sus derechos laborales.

Este estado de cosas se dio por el surgimiento de nuevas instituciones, como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

De todas formas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, había adelantado, antes de que empiece a regir la norma, que el nuevo sistema aludido "no lesionará los derechos de los trabajadores".

Forma de aplicación

El año pasado el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un mensaje para poner en marcha el Código Procesal Penal en forma progresiva y por materia. El proyecto, convertido en ley en septiembre de 2008, estableció que la primera parte del Código comenzaría a regir el 14 de febrero de 2009.

En tanto, el gobernador Hermes Binner remitió en los últimos días a la Legislatura provincial cinco proyectos de ley (referidos a la Transición, a los Testigos y Víctimas, a los Jueces, a la Defensa Pública y a la Fiscalía) que establecen la organización y el funcionamiento del nuevo sistema.

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