Ambos extremos desconfían del sistema político argentino. El cristal de confianza que se rompió en Wall Street no es con Mauricio Macri, sino con el sistema que administra la política argentina y que, desde ya, comprende algunas decisiones de su gobierno.

También compromete a su oposición y, sobre todo, al peronismo que no responde a Cristina Kirchner. La crisis de confianza terminó con el Gobierno golpeando las puertas del Fondo Monetario, aunque la crisis no concluyó todavía. Más cerca, una amplia mayoría de la sociedad argentina muestra signos evidentes de enojo con todos los dirigentes políticos, no importa si están dentro o fuera del Gobierno. Está fastidiada con el macrismo, pero sabe que el peronismo, tal como está, no es un refugio seguro.

Se ha razonado mucho sobre los motivos que están detrás de la crisis de estos días. Ningún hecho de los que se mencionaron podría promover, aislado, un estremecimiento tan fuerte de las variables financieras. El problema es que todos se juntaron en el tiempo y en el espacio. El proceso que terminó con la desconfianza de inversores y argentinos sobre las promesas del Gobierno comenzó cuando el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay estipuló metas de inflación inalcanzables. Prometió que la inflación sería de entre el 20 y el 25 por ciento en 2016 (fue del 40); de entre el 12 y el 17 por ciento en 2017 (fue del 25), y de entre el 8 y el 12 por ciento este año (se calcula que estará entre el 20 y el 23 por ciento). En 2016, cuando la inflación real duplicó la meta del Gobierno, comenzó el proceso de sinceramiento de las tarifas de servicios públicos. Y se eligió la fórmula de un dólar flotante con la consiguiente devaluación. Ambas decisiones, inevitables, tuvieron un previsible efecto en el aumento de la inflación. ¿Por qué lo subestimaron?

Federico Sturzenegger decidió conservar esas metas luego de que renunció Prat-Gay. Esa es la decisión que se modificó a fines del año pasado, cuando el equipo político de la Casa de Gobierno eligió metas más realistas. Ese cambio fue criticado desde dentro del directorio del Banco Central, aunque no por Sturzenegger, según sostienen fuentes oficiales. De todos modos, metas de inflación irreales, que no se condicen con otras decisiones económicas, son una opción inservible. El economista Juan Carlos de Pablo es el que mejor explicó la inutilidad de las metas por las metas mismas. Es injusto, sin embargo, cargar sobre las espaldas de Sturzenegger toda la culpa de lo que pasó después.

La decisión de anclar el precio del dólar cuando se devaluaban todas las monedas importantes de América Latina fue un consenso que incluyó a Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, a Mario Quintana, a Gustavo Lopetegui y a Sturzenegger. Y, por sobre todos ellos, al propio Presidente. El objetivo político de esa decisión fue que la inflación de mayo marcara un punto de inflexión hacia la baja. La jugada salió mal porque sorprendió a los inversores. Pero ¿no habría sido considerada igualmente mala la devaluación si hubiera provocado otro salto de la inflación? En una economía tan frágil como la argentina, en la que el gradualismo compite permanentemente con la eficacia, cualquier decisión puede significar la gloria o la ruina.

En ese contexto, comenzó a regir el 25 del mes pasado el impuesto para extranjeros a la renta financiera, sobre todo de las Lebac. El gravamen fue una idea de Sergio Massa que el Gobierno debió aceptar para poder sancionar la reforma jubilatoria. Es difícil explicar por qué se le cargó un nuevo impuesto al sector financiero justo cuando el Gobierno necesita de créditos para que su plan se mantenga a flote. Fue un castigo al banquero cuando se necesitaba al banco. No había terminado de hacer efecto esa decisión cuando todas las fracciones del peronismo presentaron el proyecto sobre las tarifas de servicios públicos, que claramente intenta modificar la crucial política tarifaria del Gobierno.

Si el proyecto en sí era una fiesta demagógica, la sesión de la Cámara de Diputados que lo aprobó fue un festival populista pocas veces visto. Fue raro, extremadamente extraño, ver a gobernadores peronistas tan racionales como Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey votando junto con Nicolás del Caño. Del Caño es Del Caño, pero Schiaretti es el gobernador que más sabe de economía y fue un alto funcionario nacional durante varios años. Tiene una concepción del Estado que abarca mucho más que la geografía de su provincia. Schiaretti no puede decir que los diputados se le fueron de las manos; su propia esposa es diputada y votó el proyecto.

Es cierto que el gobierno de Macri debió llamar a los gobernadores mucho antes, cuando cambió el programa de aumentos tarifarios por la presión de Elisa Carrió y del radical Alfredo Cornejo. La política, vieja o nueva, es necesaria para gobernar. El desenfreno en Diputados provocó la reacción de los gobernadores peronistas. Uno de ellos le dijo al Presidente, en la reunión del jueves pasado, que el peronismo había retrocedido frente a los sectores influyentes de la sociedad. "Hemos vuelto al punto de partida cuando creíamos que empezábamos cierta reconciliación con esos sectores", le explicó. La alianza con el kirchnerismo los condenará siempre a la misma suerte: terminarán siendo más kirchneristas que peronistas. Otro gobernador fue más explícito: "Pusimos el 'círculo rojo' en los brazos de Macri", dijo. Entendía al círculo rojo como esa amalgama de periodistas, intelectuales, empresarios y políticos que terminan formateando la opinión pública. Algo sucedió luego porque el Senado decidió hacer un tratamiento pausado y sereno del proyecto sobre las tarifas. El estudio en comisión demorará por lo menos dos semanas. En el Senado podrían cambiar las cosas, pero será necesario un compromiso más explícito de los gobernadores peronistas.

El Fondo es un problema político. Los gobernadores peronistas le aseguraron a Macri que el rechazo social al organismo en sus provincias es de entre el 80 y el 90 por ciento. Obra del relato cristinista. El Fondo Monetario no es bueno ni malo. Bueno o malo será el acuerdo que el Gobierno firme con el organismo. Los créditos del Fondo tienen una tasa que es casi la mitad de la que cobran los fondos privados. El Fondo hace evaluaciones. ¿Acaso no la hacen también los inversores privados? La diferencia es que la evaluación del Fondo es pública e institucional. El Gobierno deberá aprender también de los errores del pasado, cuando los gobiernos argentinos recibían a las delegaciones del organismo como virtuales intervenciones a la economía del país.

El Fondo ha cambiado. No son solo palabras. Hubo modificaciones instrumentales y reglamentarias en 2008 y 2009. Christine Lagarde dijo aquí, hace poco, que no sabía por qué le llaman gradualismo al programa de Macri. Consideró que se habían hecho progresos muy importantes. Con todo, es seguro que el Fondo requerirá más ahorro fiscal, según les adelantó el Presidente a los gobernadores peronistas. Macri se resistirá a una superdevaluación (28 pesos, como piden los exportadores), porque comprometería todas las variables de la economía. Pero el equipo de Dujovne deberá ser más amable en adelante con el staff del Fondo. Aterrizó en Washington sin avisarle a la burocracia del organismo. Solo habían hablado con Lagarde, que estaba en Europa. El staff, que es el que negocia la letra chica de los acuerdos, le hizo saber al ministro su desagrado por el destrato.

El Fondo es también un organismo político. Es imposible que caiga en la contradicción de los inversores privados, que quieren que, al mismo tiempo, le garanticen un severo ajuste y la reelección en primera vuelta de Macri en las elecciones del próximo año. Lo dicen con palabras directas, sin rodeos. La política es más compleja que esa fórmula imposible.