Se rompen todas las reglas de juego

Por Adrián Ventura

El debate por el uso de las reservas del BCRA tiene origen político y la Corte, en principio, espera que reciba una solución política: dará tiempo para que el Congreso se expida sobre la validez del DNU. Si hubiera una novedad, habría que esperarla de la jueza María José Sarmiento, a quien la UCR le pidió una medida cautelar.

El vicepresidente Julio Cobos advirtió la dimensión del problema cuando dijo que es imprescindible que sea el Congreso el que se realice una sesión especial y se pronuncie. Lo dice expresamente la ley que reglamenta los DNU y, además, la actuación de la oposición, en apoyo de la resistencia de Martín Redrado a renunciar, producirá un fuerte desgaste al Gobierno.

El Poder Ejecutivo, sin motivo alguno, empujó al país a otro descalabro institucional y dejó en evidencia las flaquezas de su política fiscal.

Pero, aun cuando la Corte -cuyo titular, Ricardo Lorenzetti, también fue objeto de una operación política que lo vinculó a una fórmula con Cobos como candidato, para justificar críticas que deslegitimen al tribunal- no quiera dar una definición inmediata, la medida deja entrever graves vicios, pues viola:

* La Constitución nacional, que establece que el Banco Central sólo puede ser reglamentado por el Congreso.

* La Carta Orgánica de la entidad, que dispone que el BCRA no está sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo, que el titular del BCRA sólo puede ser removido por el Poder Ejecutivo con el previo dictamen de una comisión bicameral y que el BCRA no podrá conceder préstamos al gobierno nacional, excepto adelantos transitorios y pagos de la deuda a organismos internacionales en la medida en que tengan impacto monetario neutro.

* Y también viola la prorrogada ley de emergencia económica 25.561: si bien derogó la convertibilidad, tal como señala el constitucionalista Alberto García Lema, "mantuvo expresamente la mención de que las reservas serán afectadas al respaldo de la base monetaria y, además, son inembargables".

Hay, sin embargo, un obstáculo político que la oposición, aun fortalecida, todavía no logra superar: el equilibrio de fuerzas en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la falta de seguridad de que podrá imponerse en el Senado para acompañar la eventual decisión de Diputados de derogar el DNU.

Por eso, busca ganar tiempo pidiéndole a la jueza Sarmiento un fallo para que el DNU no se aplique hasta que se reúna el Congreso.

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