Experimentado, el puntano aportó claridad a un tema que había sobrevolado el tratamiento del proyecto desde Diputados, como es el costo fiscal que deben asumir los gobernadores por este premio.

Las cuentas son simples: la baja en la recaudación hará caer “la masa coparticipable”, como se llama al porcentaje de recursos tributarios que, por ley, se giran automáticamente a las provincias.

Luciano Laspina, diputado del PRO y presidente de la Comisión de Presupuesto, había aceptado que los gobernadores recibirían menos dinero por este proyecto, pero por tratarse ayuda a sectores sensibles ninguno se animó a llevar la discusión a mayores.

En el debate de ayer, la santacuceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner, anunció que presentará un proyecto para que la Nación absorba la totalidad del costo fiscal, calculada en 30 mil millones de pesos.

“Santa Cruz acaba de firmar un pacto fiscal y si tiene que descontarse este dinero que dejaría de recibir, sólo nos llegarían 118 millones de pesos. O sea, se licuaría todo”, se alarmó García.

Ocurre que las provincias más chicas son las que sienten la coparticipación federal en sus presupuestos y una mínima caída del reparto los hace ajustar las cuentas.

Pero Rodríguez Saá les allanó el camino. “Yo leo y escucho que a todos los senadores nos están diciendo qué hacer los gobernadores”, empezó su discurso, cargado de ironía.

Y después explicó que como cualquier quita de coparticipación debe hacerse por ley convenio, al no existir una para este proyecto los 30 mil millones que se dejarán de recaudar deben reducirse del presupuesto nacional y no del giro de dinero a las provincias.

“Yo hablé con mi gobernador y tenemos claro que si hacen eso haremos una demanda como ya hicimos con Anses y ganamos”, bromeó, en alusión a su hermano Alberto.

Miguel Pichetto le siguió el juego. “Hay un fallo de la Corte Suprema que obligó a devolverle a las provincias el 15% que giraban a Anses. Si tocan las cajas de las provincias esto va a judicializarse”, amenazó.

La ley fue sancionada por unanimidad con 61 votos y tuvo un sinfín de cambios en Diputados, que hicieron dudar a los senadores si no era necesario devolverlos con una redacción más afinada.

Pero Alberto Abad, jefe de la AFIP, les pidió a los senadores del FpV que por favor lo sancionaran cuanto antes y en tal caso corregirá en la reglamentación.

Es que los senadores quedaron con más dudas que certezas. Se sabe que los jubilados y beneficiaros de asignación universal por hijo y por embarazo y pensiones no contributivas recibirán un reintegro de hasta 300 pesos mensuales por compras con tarjeta de débito y crédito.

La suma es módica y la necesidad de pagar con plásticos la restringe aún más. “En Jujuy tenemos lugares turísticos sin débito, porque la conectividad es mala”, insistió Liliana Fellner, del FpV.

Para enfrentar ese problema, en Diputados Axel Kicillof consiguió que la instalación de posnet sea gratuita, pero los legisladores no terminan de creerse que los pequeños comerciantes se digitalicen por algunas compras de jubilados.