Rodríguez Saá pedirá a la Corte que declare inconstitucional la ley de medios

Anunció que hará hoy una presentación contra la norma ante el máximo Tribunal.
La provincia presentará hoy ante la Corte Suprema una acción de amparo por inconstitucionalidad de la nueva ley de medios sancionada recientemente. El anuncio lo hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá en San Luis en compañía del ex juez Rodolfo Barra y el Fiscal de Estado provincial Eduardo Allende.

Rodríguez Saá hizo una exposición declamando el artículo 1 de la Constitución que sostiene una "cláusula pétrea" que el país adopta la forma federal y que las provincias existieron antes que la Nación. "Queremos una ley que sea un canto a la libertad de expresión y no una ley cuyo foco sea el control de los contenidos", dijo Rodriguez Saá.

El gobernador sostuvo que la Constitución tiene facultades no delegadas de las provincias a la Nación entre ellas la prohibición establecida en el artículo 32: "No puede el Congreso Nacional restringir la libertad de prensa y además de la ley de imprenta. A nosotros nos agravia que la Nación haya restringido la libertad de prensa como (lo hace) esta ley K", dijo Rodríguez Saá.

En representación de los ciudadanos, la provincia planteará la defensa del derecho al acceso a la información. Concretamente, el derecho a recibir y tener acceso a información de diversas fuentes.

En cuanto a la señal LV90 TV Canal 13, que es propiedad del estado provincial, San Luis asegura que la ley de Medios "controlará los contenidos" que distribuye. "Canal 13 produce en estos momentos 102 horas propias de contenido y esto excede en gran medida lo establecido por la nueva norma", explicó Allende.

El ex ministro de la Corte Rodolfo Barra consideró que la sanción de la Ley de Medios "importa una especie de traición y abandono a la reforma constitucional de 1994. Los constituyentes tuvimos la oportunidad de revisar si se quería el artículo 32 que prohibe el control de la libertad. No se tocó. Se ratificó la vigencia después de 130 años", recordó.

En su escrito, el gobernador sostiene que el objeto de la presentación es la impugnación de los artículos 1 a 118 y 145 y 166 de la ley.

Dice que esas disposiciones "agravian tanto de manera actual, o bien inminente los derechos jurisdiccionales y patrimoniales de la Provincia, como los de sus ciudadanos. Además, considera que la "mera promulgación de la ley supone un agravio a la jurisdicción provincial como también la autorización legal para que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa jurisdicción y a la libertad de información, tanto en sentido activo como pasivo".

En otro párrafo, la presentación se refiere a los derechos colectivos: "Por representación de los derechos de incidencia colectiva de los ciudadanos" de la provincia.

La presentación reclama que el derecho de "brindar y recibir informaciones, opiniones, ideas, etc., que podemos englobar bajo el término 'derecho a la libertad de expresión', es de titularidad de personas concretas, como el emisor y el receptor, pero también incide colectivamente en grupos que se delimitan por diversas circunstancias, entre ellas, la política territorial. El grupo puede, entonces, sufrir de manera general y abstracta el agravio a aquel derecho. Así lo sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional para la República Argentina.

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