“Las derrotas y victorias son de todos”, sentenció ayer un miembro del Gabinete de Mauricio Macri a propósito del fallo de la Corte Suprema que frenó el tarifazo de gas para uso residencial y obligó a convocar a audiencias públicas. Sin embargo, la sentencia del máximo Tribunal reavivó viejas tensiones entre el ala más política del Gobierno y la más técnica.

El Presidente acusó recibo del golpe. El había aprobado la instrumentación de los aumentos de la manera en que se hicieron y defendió en cada una de sus intervenciones públicas la necesidad del tarifazo. “Mauricio no tiene un paragolpes”, se lamentaron cerca un cerebro político del oficialismo, que suele repetir que es un error que Macri no conciba a sus colaboradores como fusibles.

Sin embargo, hasta los detractores que suma Juan José Aranguren dentro del Gobierno se convencieron de la necesidad de sostener al ministro de Energía ahora que la oposición va por él. Dejarlo ir -piensan- sería una muestra de debilidad y ejercer y proyectar gobernabilidad es una de las obsesiones de la Casa Rosada.

Aunque nadie en el Gobierno duda de la capacidad técnica del ex CEO de Shell, son varios los que lo señalan por su escasa cintura política. Ayer el jefe de la Cartera energética no fue invitado a la reunión de coordinación que se realizó en Olivos. Aranguren no es un habitué de esos encuentros, pero el tema casi excluyente fue la salida a esta crisis: el costo, las correcciones y las audiencias. El fallo de la Corte, al que siguen caracterizando como “populista”, ya no fue eje de debate. Además de Macri fueron de la partida la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el de Hacienda, Alfonso Prat Gay; el titular de Diputados Emilio Monzó y los viceministros de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Marcos Peña estuvo ausente, porque viajó a Córdoba para firmar convenios con el gobernador. Al segundo hombre más poderoso de Balcarce 50 le facturan que privilegie la comunicación en vez de la política.

A Lopetegui lo apuntan , porque es el encargado de supervisar a Aranguren. Sin embargo, en su entorno están convencidos de que obraron correctamente. No hacen caso a una de las principales exigencias de los operadores políticos del Gobierno que reclaman que haya buenos interlocutores ante la Corte. “Al Presidente le habían prometido luz verde, pero fue amarilla”, dicen sus críticos.

El costo fiscal que rondaría los $ 20 mil millones podría obligar al Gobierno a incumplir su promesa de reducir retenciones a la soja. El monto del ajuste que propondrían variaría poco; pondrán el ojo en “los errores” que significaron boletas con aumentos de 2 mil%.

Frigerio, que ya salió al auxilio de Aranguren en junio, cuando reunió a los gobernadores para poner topes, quiere lanzar un acuerdo federal energético que agrupe a las provincias productoras. 

El jueves, funcionarios de la Rosada apuntaron contra Monzó y contra el radical Mario Negri por la postergada asistencia de Aranguren a la Cámara Baja. “Nosotros queríamos que fuera antes”, explicaban. Cerca de Monzó había incredulidad. “Lo que evitamos, por el bien de Aranguren pero sobre todo del Gobierno, fue la interpelación en el recinto”, explicaron. Ayer había ánimos más calmados. Colaboró cierto tono autocrítico de la reunión de Olivos.

Elisa Carrió, que desafió a sus aliados por el tarifazo y la falta de audiencias, agotó la paciencia de varios. La acusan de "populista" y de dar argumentos a la Corte. "Es una bomba de tiempo", dicen. Al igual que con las tarifas, tampoco hay consenso sobre cómo tratarla.