En la misma sintonía, el mexicano Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, planteó en un escrito que publicó en el blog del FMI "Diálogo a Fondo", sus dudas por "las políticas expansivas" de la región donde también advierte que en el período 2002-2012 el gasto primario de Latinoamérica ha subido del 24,5 al 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

En su artículo "Política fiscal en América Latina: la prudencia de hoy significa prosperidad para mañana", Werner pone como pruebas del mal ejemplo a la Argentina, Ecuador y Venezuela, naciones en las que el aumento del gasto público ha sido "más marcado". Aunque parezca un lugar común desde el punto de vista economicista, el análisis de Rocca equipara décadas que marcan y delinean dos momentos históricos de la Argentina y la región en general. La comparación de dos períodos puede resultar apropiada desde una visión metodológica porque permite evaluar un fenómeno económico, social o político abstrayéndose del corto plazo para observarlo desde la medianía del bosque.

No obstante, en este caso la referencia de Rocca-Werner tiene más un sesgo de corte político-ideológico que estadístico en sí mismo. Rocca y Werner, cada uno desde su lugar, al tomar como punto crítico el bienio 2012-13 ponen en cuestión los logros socioeconómicos que se obtuvieron en el último decenio con una presencia más activa del sector público y lo comparan con el período histórico de mayor pobreza, desigualdad social e inequidad distributiva que tuvo Latinoamérica en toda su historia reciente.

Cabe recordar para los desmemoriados que en 2002, cuando es sepultado el Plan de Convertibilidad, la Argentina tenía una desocupación cercana al 25% y niveles de pobreza e indigencia que afectaban a más de la mitad de la población. Además, la calidad de vida de la clase media se redujo proporcionalmente y la industria fue arrasada por la cantidad de empresas que declararon la quiebra. Este fenómeno no fue excluyente de la Argentina, en toda la región el huracán "neoliberal" devastó y sumió en la pobreza a grandes sectores de la comunidad. Pero, paralelamente, este proceso de enorme retroceso social también generó las condiciones de acumulación capitalista necesaria para que se consolidara la concentración económica que tuvo como grandes beneficiarias a las grandes multinacionales, entre las que se encuentra el Grupo Techint.

En el caso de Werner presagia, además, que "se vienen tiempos difíciles" para la región por la baja de los precios de la materias primas y el menor crecimiento, y que en este contexto, los intentos por "mantener metas de crecimiento irrealistamente elevadas mediante el estímulo fiscal sólo debilitarían las finanzas públicas".

El FMI mantiene entonces su postura histórica que señala que frente a contextos económicos difíciles de caídas en los niveles de crecimiento, los gobiernos deben sostener y afianzar las políticas procíclicas, es decir que ante una posible merma del crecimiento propone disminuir el gasto para acopiar recursos que garanticen el pago de la deuda pública, aunque ello implique acelerar el proceso de caída de la economía. Los alumnos de Werner, Gustavo Adler y Sebastián Sosa, dos economistas que también se desempeñan en el FMI, lo dicen sin miramientos. "Encontramos que, si bien la situación fiscal actual de algunos países (de América Latina) es suficientemente sólida para hacer frente a shocks externos significativos, otros se beneficiarían de tener mayor 'espacio fiscal', para poder responder a shocks temporales con políticas fiscales anticíclicas sin poner en peligro la sostenibilidad de la deuda", aseguran en un artículo.

Desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en cambio, tienen una visión distinta. El secretario adjunto de este organismo, Antonio Prado, destaca que los países en los que la desigualdad y la pobreza cayeron más han sido aquellos en los que el Estado ha inyectado ingentes recursos y en el que ha sido rector de la economía. En este sentido, Prado destaca el rol de la Argentina, Venezuela y Ecuador y los contrapone con el papel mínimo y errático que han seguido Chile, Perú y Colombia, naciones que dejaron librados su crecimiento y asignación de recursos a la discrecionalidad del capital.

Detrás de los discursos de Werner y Rocca se encuentran denominadores e intereses comunes. Rocca siente que cuando el Estado recauda más impuestos y recupera complexión, también recobra espacios de negociación que había perdido frente al sector privado y la delegación de atributos políticos y económicos que en el 2002 quedaron en manos de las multinacionales. También supone, sin equivocarse, que parte de los recursos que hoy el Estado recauda y destina luego a la Asignación Universal por Hijo o a las jubilaciones podrían quedar en sus manos o en el de otras empresas.

Werner, en tanto, se preocupa porque los países latinoamericanos junten y tengan el dinero necesario para pagar la deuda. Pero el FMI también supone que los procesos de integración social en curso en América Latina ponen en peligro la subordinación natural de la región a las políticas estructurales que este organismo diseña para concentrar la riqueza y favorecer a los sectores financieros-económicos que representa.

Sin embargo, pensar que la discusión que proponen Rocca y Werner tiene un cariz puramente dialéctico es perder de vista que detrás de ella se encuentran solapados intereses contantes y sonantes. Remitir este debate a un espectro académico sería desvincular a la economía de la realidad política y social. La discusión de un nuevo ajuste que propone Rocca en la Argentina y Werner, especialmente para Argentina, Venezuela y Ecuador, está asociada, aunque muchos prefieran ponerse las anteojeras, con el fuerte embate que sufre el modelo económico en estos días.

En este contexto sinuoso pueden incluirse la llamativa revuelta policial por los aumentos de salarios, los saqueos organizados y por qué no, la foto que, en este marco social, publicó el diario La Nación en la que aparecen juntos el ex presidente Eduardo Duhalde, los integrantes de la denominada Mesa de Enlace, con Eduardo Buzzi de la Federación Agraria Argentina, y Miguel Etchevere, de la Sociedad Rural, a la cabeza; y Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina (liderada por los grupos Clarín y Techint).

La Argentina está en una encrucijada. Detrás de los saqueos, las presiones políticas y empresarias, se encuentran valores e intereses destituyentes. El gobierno y las fuerzas democráticas deben tener la suficiente perspicacia y firmeza para hacerles frente a aquellos que pugnan por regresar al 2001-02.