La gobernadora Ríos, el ministro de Economía, Osvaldo Monti, y su antecesor en el cargo, Christian Ruiz, deberán prestar declaración indagatoria ante la jueza de instrucción penal María Cristina Barrionuevo, en el marco de una causa en la que se investiga la existencia del delito de malversación de caudales públicos.
La declaración indagatoria fue dispuesta en la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por Víctor Díaz por el supuesto indebido uso de recursos provenientes del Fondo Federal Solidario (fondo de la soja) y del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.) que habría hecho la administración Ríos durante el 2011.
Díaz había radicado esta denuncia en junio de 2012 ante la fiscal en turno, que formuló el requerimiento de instrucción. Inicialmente la jueza Barrionuevo hizo lugar a una serie de medidas probatorias, entre ellas una orden de presentación de documentos al Gobierno. En septiembre de ese año, la jueza penal rechazó por inexistencia de delito el requerimiento fiscal.
La medida fue apelada por la Fiscalía. A principios de 2013 la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, en decisión unánime, revocó el fallo de la juez de instrucción y ordenó “profundizar la investigación” mediante la realización de una pericia y de otras medidas que permitan “tomar un mayor conocimiento de los hechos denunciados, antes de desechar de manera definitiva la probable configuración de un injusto penal”, que consistiría en “la absorción, en forma sistemática” de parte del fondo de la soja y del FoNaVi para afectarlos a atender “gastos corrientes y, en particular, el pago de los sueldos al personal de la administración pública provincial, contrariando así su finalidad específica”.
Para el denunciante la maniobra involucraría más de 180 millones de pesos provenientes de esos fondos nacionales con afectación específica.
La tercera indagatoria de Ríos
La del próximo 25 de junio será la tercera indagatoria que deberá afrontar Fabiana Ríos desde que está al frente del Poder Ejecutivo Provincial. En las anteriores oportunidades la mandataria debió brindar explicaciones por la autorización dada para la realización de un casamiento entre personas de igual sexo, antes de que tal posibilidad fuera contemplada en la modificación a la ley nacional de matrimonio civil, y por la designación del subcomisario Carlos Debaz como director del Servicio Penitenciaro.
En ambos casos Ríos contó con el patrocinio de la defensoría pública y no fue procesada.
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