Ríos contestó el pedido de juicio político presentado por De la Riva y solicitó su desestimación

En su defensa, la mandataria rechazó que su gestión haya retenido fondos de coparticipación al Municipio, como sucedió durante el mandato del ex gobernador Jorge Colazo. Reconoció que existe demora en el envío de recursos, pero rechazó la acusación de que el Ejecutivo los retenga. «Pero esto no es fruto de una intencionalidad política, sino consecuencia de una realidad que algunos se empeñan en agravar». Remarcó que mientras en el Estado y otros poderes se liquidan los salarios en cuotas, los Municipios nunca debieron abonar sueldos debajo esta modalidad.
RIO GRANDE.- La gobernadora, Fabiana Ríos, respondió ayer el pedido de juicio político elevado a la Legislatura provincial por el abogado Alejandro De la Riva, y rechazó las acusaciones por presunta retención de fondos de coparticipación al Municipio, así como el no envío en tiempo y forma de dichos recursos.

En el escrito, Ríos remarca que la denuncia del mediático letrado «en ningún momento se indica que no se haya remitido en tiempo y forma la coparticipación», señalando asimismo que «ni siquiera se esfuerza en transcribir durante cuáles meses y qué montos pudiera haber un saldo pendiente». Reprocha, incluso, que De la Riva sólo agregue una nota, lo que a criterio de Ríos debería considerarse «como mínimo, poco serio para impulsar un proceso que tiene como objetivo alterar el sentido de la voluntad popular».

«Por cierto, ello también tiene -o tendría que tener- una consecuencia jurídica. Pues el denunciante es un reconocido abogado que no puede ignorar elementales cuestiones de procedimientos. Y si lo hace, en este caso, no parece justificarse que entonces los Sres. Legisladores suplan su omisión. Este sólo hecho, por sí mismo, impone que deba rechazarse in limine la denuncia», recomienda.

En otro párrafo de su defensa, Ríos rechaza la comparación que la denuncia pretende establecer con la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, recordando así diferentes incidentes reflejados por la prensa en los que el ex mandatario mantuvo fuertes disputas con los intendentes al pretender realizar obras que no le correspondían al Ejecutivo, y que Ríos tilda de «disputa territorial»

«En la actualidad, lejos de una disputa territorial, el Poder Ejecutivo, y la mayoría de los ejecutivos municipales, han optado por un accionar totalmente contrario. A diferencia de lo sucedido, ahora, se trabaja sobre problemáticas comunes con fondos aportados solidariamente. El mejor ejemplo, tanto de la decisión, como de los beneficios que encarna este accionar coordinado es la ley 766», ejemplificó.

La Gobernadora aseguró que «existe hoy otro tipo de relación institucional y política. Pensar que un eventual saldo deudor o acreedor que resulte de una futura conciliación de cuentas sobre un posible saldo definitivo es motivo de remoción de cargo es, sencillamente, no respetar la más elemental inteligencia del concepto de soberanía popular. Es no haber aprendido nada».

Citando al secretario de Finanzas del Municipio, Paulino Rossi, la mandataria cita que «en definitiva, como lo señala la propia Municipalidad de Río Grande, la coparticipación se ha remitido, y los saldos definitivos que pudieran quedar pendientes, se encuentran en período de conciliación, habiéndose a la fecha arribado en gran parte a acuerdos definitivos sobre los mismos».

«Indudablemente el comportamiento de este Gobierno en relación al tema que sugiere la denuncia ha sido ejemplar toda vez que, lejos de tener una actitud que pueda calificarse de modo similar al precedente «Colazo», en medio de la crisis sucintamente referenciada, en una situación donde no se podían pagar ni siquiera los sueldos, donde el último acto de gobierno de Cóccaro había sido terminar con la copa de leche, cuando apenas asumimos lo que hicimos fue definir que a pesar de todo en el esquema de prioridades de transferencias lo primero es la coparticipación municipal», remarca.

Ríos apunta que «por esta razón en el escrito de De la Riva no se mencionan deudas de coparticipación, sino saldos sin conciliar; no se lee que se esté debiendo el goteo en tiempo y forma de la coparticipación municipal: se lee que se reclaman liquidaciones finales lo cual, se reitera, es otra cosa, no es la coparticipación municipal como lo establece la Constitución. Son eventuales diferencias que tienen que tener cancelación definitiva después de que se efectuó la coparticipación (liquidaciones que tienen, precisamente, como presupuesto y antecedente, el cumplimiento del deber de remesar la coparticipación). Una cosa es la omisión circunstancial, o la demora en el dictado de los decretos de liquidaciones definitivas. Otra cosa es no remesar la coparticipación».

«Y es que, en una situación en la que, por problemas de público conocimiento, el Ejecutivo Provincial viene abonando en forma desdoblada los salarios superiores a determinados montos, según la situación de caja, no se provocaron demoras en la remisión de fondos por parte de este Ejecutivo provincial que obligara a los Municipios a padecer idéntica circunstancia», agrega.

En ese sentido, Ríos marca una diferencia ya que «nunca, a lo largo del período analizado, ningún municipio debió abonar los haberes de sus trabajadores de este modo».

En otro tramo de su defensa, la Gobernadora asegura que no es casual que la denuncia de De la Riva «se presente 20 días antes de las elecciones» por deudas que se arrastran de 2007. «Aquí radica la malversación de las herramientas constitucionales que no es sino la base de la falta de respeto a la sociedad toda y a la democracia», opinó.

Por último, Ríos asegura que «se han remitido los fondos coparticipables, en ningún caso, a la luz del derecho vigente se ha incumplido con el envío en tiempo y forma y, de acuerdo a la incidencia presupuestaria en la materia, se han cumplido adecuadamente las transferencias, equilibrando las mismas con las elementales atenciones a los servicios esenciales del Estado».

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