La próxima semana ingresará a la comisión de salud y legislación un proyecto que solicita la realización de estudios de aptitud psico-físicos para personas que estén ejerciendo algún tipo de cargo en la función pública. Dentro de esos estudios figura una rinoscopía, una práctica médica orientada en determinar si el funcionario o concejal consume sustancias prohibidas como la cocaína. El proyecto de ordenanza, al que tuvo acceso en exclusivo La Vanguardia, lleva la firma del concejal del Frente Renovador, Gabriel Petruccelli, y es más amplio aún y expresa que la iniciativa se enfoca en “dar respuesta a las sospechas que existen en la sociedad sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y la política” (sic). En 2014 el Concejo Deliberante de la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez aprobó una ordenanza que obligaba a los empleados municipales a realizarse el estudio, y desde el gobierno nacional de aquel momento respondieron que el tema "amerita" al menos una discusión seria. Algo similar sucedió en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, generando una polémica que, aún hoy, es materia de discusión entre los ciudadanos de esa región del país.  La sola presunción respecto del consumo de drogas por parte de quien ejerce un cargo público alarma y genera por lo menos un dato inquietante: y es la relación del poder con el mundo de las sustancias prohibidas. La rinoscopía que, entre otros estudios, se pretende sea parte de una serie de estudios a funcionarios y concejales consta de un procedimiento relacionado con la exploración médica de las cavidades nasales, puede provocar una contradicción de derechos y obligaciones. "Si bien es un tema personal y que avanza sobre la intimidad de las personas, en alguien que tiene una decisión trascendental y de quien dependen los intereses de muchas personas creo que, por lo menos, amerita debatirlo", señalaron fuentes consultadas al respecto, mientras que otras apuntaron que "se busca que los ciudadanos estén al tanto del estado de salud de sus funcionarios". Sostiene el documento de Petruccelli que “las personas pertenecientes a la clase política deben poseer y mantener determinadas cualidades morales y éticas pues ellas son el fundamento de sus acciones públicas y esas el ejemplo que necesita ver la ciudadanía. El consumo de sustancias ilegales por si, demuestra que la persona está en una relación comercial o de amistad con algún delincuente o banda de delincuentes, proximidad que es evidentemente dañina según las máximas del sentido común, para los intereses colectivos, que obstaculiza notablemente y en forma grave su desempeño laboral”. E indica el proyecto que “quienes asumen responsabilidades funcionales deben encontrarse con planas aptitudes físicas y psíquicas para desempeñarse ya que de no hacerlo perjudican directamente los derechos de terceros, y el del resto de los ciudadanos. Debemos contar con autoridades que primero realicen prevención y luego combatan el tráfico de estupefacientes sin ventajas ni concesiones. El proyecto no es de carácter punitivo, “puesto que se indica el cuidado de la persona que presenta la adicción, apartándolo del cargo y derivándolo a un tratamiento para más adelante, ya recuperado volver a sumir su función. “Debemos demostrar un fuerte compromiso y lucha contra ese flagelo que es la droga y que está afectando a toda la sociedad. Debemos velar por contar con legisladores y funcionarios que no tengan nublado su juicio por sustancias ilegales. Si queremos dar batalla al flagelo tenemos que como funcionarios dar el ejemplo”, indicó Petruccelli.