La Ley de Rinoscopia nunca se aplicó y ahora la quieren

La norma fue promulgada en 2002, pero aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. El legislador oficialista Daniel Heredia pretende que también se efectúen exámenes obligatorios a los guardiacárceles.
Hace siete años, la Legislatura sancionó la Ley 7.240, por la cual se dispuso la realización de exámenes médicos y bioquímicos obligatorios a funcionarios y miembros de los tres poderes del Estado y de todos los niveles (incluidos los municipios y las comunas rurales) para detectar si consumen drogas ilegales. Ahora, el oficialista Daniel Virgilio Heredia pretende ampliar la norma para incluir al personal del servicio penitenciario, en medio del escándalo sobre las adicciones en las cárceles.

Lo que sería una simple modificación legal, nacida al amparo de noticias publicadas por LA GACETA, también puso en evidencia de la mora del Poder Ejecutivo en la aplicación de ciertas normas. En efecto, la Ley 7.240 nunca tuvo aplicación porque el Gobierno no la reglamentó jamás: su vigencia desde 2002 es sólo formal.

El autor de la iniciativa fue el entonces legislador Julio Díaz Lozano, quien hoy reconoce estar decepcionado por esta situación: "nos costó un esfuerzo grande aprobarla porque había sectores que resistían la idea; pero la voluntad del PE es no aplicarla, lo que constituye una ilegalidad en sí misma. Habría que preguntarle a quienes no la reglamentan por qué duerme el sueño de los justos".

El ex vicegobernador (1991-1995) destacó que la norma es una herramienta que le hubiese dado una enorme tranquilidad al ciudadano, al poder conocer efectivamente que quienes están a cargo de obligaciones públicas no están afectados por ninguna adicción. "Insisto en la necesidad de que se la reglamente, pero no puedo sustituir la voluntad del Estado. Todavía debo analizar si se puede iniciar alguna acción judicial para forzarlo", explicó.

"Me motivó a presentarla la existencia en la provincia de drogas pesadas muy ligadas a los delitos caracterizados por el uso de la violencia. Es imposible que haya una lucha eficaz contra el tráfico y consumo con funcionarios que estén implicados con este flagelo. La norma los considera personas enfermas y fuera de quicio para ejercer un cargo, ya que podían terminar como paraguas protectores de los pequeños y grandes traficantes. Se prevé separarlos de la función hasta tanto se recuperen de la enfermedad, nunca echarlos o cesantearlos", puntualizó.

De 60 a 3.300 días

La ley fue promulgada el 21 de octubre de 2002, con las firmas del ex gobernador, Julio Miranda, y del ex ministro de Gobierno, Fernando Juri. En su artículo seis se disponía que el PE debía reglamentarla en un plazo máximo de 60 días, pero ya han pasado más de 3.300 días sin que se cumpla.

La disposición incluía la realización periódica de rinoscopías y de análisis de sangre, entre otras prácticas, como requisito para la permanencia en el cargo.

Siete años después, Heredia compartió el espíritu de la norma en su proyecto, ingresado en la Legislatura hace una semana. "El ejercicio de la función pública se debe caracterizar por acciones de probidad, sensatez, justicia, templanza, idoneidad y responsabilidad. No se trata de una exclusión irracional, sino de considerar que la calidad del trabajo exigido, el desempeño profesional, la atención del ciudadano y el contacto directo o indirecto con reos, exigen tomar recaudos para garantizar el obrar del agente público", justificó con el objetivo de que la ley alcance a los guardiacárceles.

El proyecto fue remitido a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Antonio Raed.

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