La riña por las reservas, en un pantano político y judicial

La riña por las reservas, en un pantano político y judicial
Una maniobra opositora vació a la Cámara que tiene que decidir el futuro del Fondo del Bicentenario y de Redrado. Los bloques anti-K y el oficialismo no acordaron cuándo debatir la validez de los dos DNU.
Trabada. La guerra de poderes que se desató en torno a la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de deuda quedó empantanada. Por una maniobra de la oposición, el tribunal que debe resolver la apelación a los fallos que voltearon el Fondo del Bicentenario y la expulsión de Martín Redrado quedó sin jueces y no podrá definir el expediente en los próximos días. Los bloques anti-K y el Gobierno abrieron un nuevo frente de pelea en el Congreso: emitieron dos dictámenes, uno a favor y otro en contra de la remoción del jefe del BCRA, y el caso deberá llegar al recinto. Los opositores quieren sesionar urgente para que la norma sea validada o rechazada antes de que resulte demasiado tarde, pero no consiguen reunir el número suficiente de legisladores para formar quórum propio. La llave la tiene el kirchnerismo, que tiene la posibilidad convocar a sesiones extraordinarias para debatir los decretos de necesidad y urgencia que dictó la Presidenta, pero en la Casa Rosada están decididos a postergar la discusión hasta marzo, cuando se inicie el período ordinario. Mientras tanto, el plan económico que pretendía implementar el Gobierno para hacerse de dinero rápido permanece en el limbo.

Los tribunales volvieron a ser noticia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo, el fuero al cual había apelado el gobierno para destrabar los dos DNU presidenciales, se quedó sin chances de avanzar con el expediente que más inquieta a los inquilinos de Olivos: quedó sólo con uno de sus tres integrantes. El martes se había excusado Carlos Grecco, cuestionado por haber aceptado el sábado, y con un procedimiento heterodoxo, las apelaciones que presentó la Casa Rosada. Y el diputado nacional del PRO Federico Pinedo recusó ayer "sin expresión de causa" –figura permitida por el Código Procesal Civil y Comercial– a José Luis López Castiñeira para "garantizar la imparcialidad", según explicó a Crítica de la Argentina. Sólo quedó en pie el juez Héctor Buján. Ahora se deberá convocar a una nueva integración de la sala de feria que será nutrida con algunos de los integrantes del fuero Civil y Comercial Federal, Ricardo Guarinoni, Francisco de las Carreras y Alfredo Gusmán. Paradójicamente, el bloque del PRO había propuesto la semana pasada un acuerdo político para evitar dirimir la crisis política en los tribunales.

La jornada judicial vinculada con la pelea por las reservas no terminó ahí. En otra resolución que fue festejada por los sectores antikirchneristas, la jueza María José Sarmiento hizo lugar a otra medida cautelar contra el decreto 2010 que creó el Fondo del Bicentenario. Esta vez, el recurso de amparo había sido solicitado por los peronistas disidentes Graciela Camaño, Felipe Solá, Graciela Di Perna, Alfredo Atanasof y Manuel Morejón, que corrieron al despacho de Redrado cuando fueron notificados de la decisión de la jueza.

Por la mañana, Sarmiento había concedido los recursos de apelación presentados por el Poder Ejecutivo en las causas en la que se cuestionaron los decretos de necesidad y urgencia mediante los cuales se autorizó el uso de reservas del Banco Central para el pago de deuda y la remoción del titular de ese organismo.

Por ahora, los efectos de los DNU presidenciales están suspendidos porque Sarmiento concedió las apelaciones con carácter "devolutivo", es decir que manteniendo el vigor de las medidas cautelares que resolvió entre viernes y ayer. El Gobierno sigue sin poder utilizar las reservas y Redrado puede permanecer unos días más en su cargo.

Pese a la velocidad que pretendió imprimirle el Poder Ejecutivo a la resolución de las apelaciones a los recursos de amparo que promovió la oposición para frenar las últimas decisiones de Cristina Fernández, el expediente cayó en el pantano de la política.

Barro parlamentario. El Salón Illia de la Cámara alta sirvió como escenario para la otra pelea que se disputó ayer y que finalizó en un empate técnico. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo analizó el decreto de necesidad y urgencia Nº 18/2010 que dispuso la remoción de Redrado de la presidencia del Banco Central y ordenó iniciarle una causa judicial por "mala conducta" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Los ocho integrantes del oficialismo emitieron un dictamen avalando la medida. Los ocho legisladores de la oposición firmaron otro despacho rechazando el decreto. Ahora la validez de la norma deberá ser resuelta en el recinto de ambas Cámaras. La misma situación les espera a los dos dictámenes que hace dos semanas fueron redactados por esta misma comisión cuando se evaluó el decreto Nº 2010/2009 que creó el Fondo del Bicentenario.

"La Presidenta tomó las dos decisiones con absoluta potestad de las atribuciones que le corresponden", argumentó el jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi. "La participación de esta comisión pretende limitar la arbitrariedad con la que el Poder Ejecutivo puede decidir remover a un presidente del BCRA, en consonancia con la autarquía que debe tener esa institución", respondió Marcela Rodríguez, representante de la Coalición Cívica en esa dependencia.

Con el resultado cantado, los partidos de la oposición le enviaron una carta a última hora al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, para que le pida a Cristina Fernández que convoque a sesiones extraordinarias para que las normas puedan completar el trámite parlamentario: las medidas cautelares que concedió la jueza Sarmiento expresan que el efecto de los DNU permanecen suspendidos "hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los Decretos de Necesidad y Urgencia".

La solución a la crisis política sigue siendo el Congreso. El gobierno evita el debate porque teme otra dura derrota parlamentaria, similar a la que protagonizó con la resolución 125, y trabaja para postergar la pelea en el recinto hasta que se inicie el período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo. La oposición reclama la discusión en las bancas, habla de "autoconvocarse" pero todavía no logra reunir la cantidad de legisladores necesaria para forzar una votación. Unos y otros temen que la resolución del conflicto les represente un golpe mortal. Mientras tanto, en el pantano, el griterío les garantiza a todos el protagonismo del verano.

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