Rige la tradición de que las cautelares se analizan en enero sólo para ser otorgadas

El fallo se apoyó en jurisprudencia de la Corte y de tribunales que cubrieron otros recesos.
La negativa del presidente de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Salvador Norberto Ruiz, a los pedidos del Gobierno para que se agilicen durante este mes los juicios del Colegio de Abogados del Sur y de los letrados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña contra la Ley 8.136, se basó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y de tribunales que cubrieron otros recesos tribunalicios. En esos fallos, se puntualizó el carácter judicial de este período del año.

“La habilitación de la feria corresponde en forma excepcional sólo para casos de marcada urgencia, en que la fragilidad del bien jurídico comprometido o la falta de un resguardo o de una medida especial en un determinado momento pudieren causar un mal irreparable para el litigante. Unicamente procede ante un riesgo cierto e inminente para el demandante de ver frustrados los derechos respectos de los cuales requiere protección”, afirmó el juez, que estará en su despacho hasta el 18.

De esta forma, indirectamente, confirmó la tradición de que las medidas cautelares son analizadas para su otorgamiento durante la feria, y no para su levantamiento. “Para ser tratado, el perjuicio alegado debe ser evidente, al punto que, de no ser atendido en dicho período, carecería de eficacia su tratamiento posterior. Del análisis del caso se advierte que no existe la razón de urgencia impostergable que justifique la intervención de este tribunal”, agregó.

El magistrado aclaró que, para la habilitación de la feria, no interesa la trascendencia institucional que pueda revestir una cuestión o la importancia de los intereses en juego; por el contrario, lo determinante es la existencia de un peligro de frustración de derecho. “Esto no se configura, puesto que la cuestión incidental articulada por la Provincia en sus recursos perfectamente puede aguardar a ser atendida por la sala de origen luego de finalizado el receso tribunalicio”, señaló, en referencia a la actuación que le corresponde a los camaristas de la Sala II de esa cámara.

Respecto del caso de Avila Carvajal, Ruiz puntualizó que el criterio jurisprudencial es que la mera circunstancia de que se tramite como amparo no quita que se analice si efectivamente existen o no las razones de urgencia necesarias para el estudio durante la feria.

Otro pedido denegado

El juez, complementariamente, rechazó el pedido del Colegio de Abogados de Tucumán para que se sustancie en la feria su recurso de revocatoria ante la denegación de otra medida cautelar solicitada contra la ley para el nombramiento de jueces interinos. De esa manera, quedó vigente la decisión del camarista Carlos Giovanniello, quien también integra el fuero administrativo.

“La trascendencia institucional alegada no es tal en este momento, ya que es de público conocimiento que se dispuso suspender totalmente el proceso de designación de los magistrados regulado por la Ley 8.136 en diversas causas. Por otra parte, un tribunal de feria no puede rever decisiones dictadas en el curso del año judicial por los jueces naturales de la causa”, aseveró.

Para sostener su criterio, Ruiz citó jurisprudencia de la Cámara Penal de feria, sentada años atrás.

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