En abril de 2010, el juez Claudio Bonadio procesó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, por el delito de recepción de dádivas. Se había comprobado que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que explotaba colectivos y tenía la concesión de dos líneas de trenes le pagaba viajes en taxis aéreos para que el funcionario pasara fines de semana de descanso.

Pasaron casi cinco años desde entonces. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal. Hubo apelaciones, chicanas, idas y vueltas. El caso pasó por Casación y hasta llegó a la Corte Suprema de Justicia. Presentaron decenas de recursos -permitidos por el Código- con la intención de demorar el proceso para que prescribiera. Jaime –y los demás procesados- hicieron todo lo posible para evitar que el juez Julián Ercolini comience el juicio oral y público contra uno de los ex funcionarios del kirchnerismo con más casos de corrupción abiertos. Recusaron al juez y plantearon la prescripción que fue rechazada. El último intento por evitar el juicio llegó a Casación.

La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó un recurso extraordinario presentado por Jaime y con eso dejó al borde del juicio oral al hombre que desde 2003 hasta 2009 manejó la política de Transporte del país. Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani desestimaron el planteo de recurso extraordinario de Jaime contra la denegatoria de la Casación a la suspensión del juicio por prescripción

Con esta decisión no queda otra vía para el expediente que el inicio del juicio oral y público contra Jaime por un caso de corrupción. El juez Ercolini tiene el camino allanado para iniciar el debate en el que el fiscal será Guillermo Marijuán.

El juicio está a cargo de un juez federal y no de un Tribunal Oral porque el delito de dádivas prevé una pena menor a los tres años de prisión. El artículo 259 del Código Penal que castiga el delito por el que debe ir a juicio Jaime establece que: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año".

Jaime tiene varios expedientes judiciales abiertos por casos de corrupción. Tiene una condena firme de seis meses de prisión en suspenso por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Carlos Paz. Fue procesado por enriquecimiento ilícito y es uno de los enjuiciados por la Tragedia de Once.

El ex funcionario tiene otro procesamiento por el delito de dádivas. Se comprobó que Néstor Otero, dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, a quien Jaime debía controlar, pagaba mensualmente el alquiler del departamento donde vivía el ex secretario de Transporte. A ese empresario, Jaime le extendió desde 2006 hasta 2015 el contrato de concesión de Retiro con un canon menor que el que el empresario pagaba hasta entonces. Ese caso también debe ir a juicio oral y público. Jaime tendrá que dar explicaciones -como acusado en dos juicios orales- acerca de su oscura relación de negocios con los empresarios a los que debía controlar.