Ricardo Echegaray, el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que durante su gestión ordenó inspecciones contra empresas y empresarios, productores rurales, inmobiliarias, economistas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, contra el esposo de una jueza e incluso contra exfuncionarios kirchneristas, ahora dio vuelta el cuadro. Se presentó ante la AFIP como un "perseguido político" y pidió que se revoque su suspensión como empleado del organismo, le restablezcan su salario y se le asigne un cargo jerárquico.

Echegaray se presentó como víctima de una "persecución política" en un escrito dirigido a la flamante directora general de Aduanas, Silvia Traverso, y en el que cargó contra las gestiones de Juan José Gómez Centurión y Diego Dávila. Los acusó de promover "decisiones administrativas y judiciales con el único objetivo de instaurar el lawfare", según consta en la copia de ese escrito que obtuvo LA NACIÓN.

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Echegaray se sumó así a la lista de actuales y exfuncionarios que, liderados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentan víctimas de un supuesto "lawfare", una contracción de dos palabras en inglés "law" ("ley") y "warfare" ("guerra"). Es decir, el uso de las leyes como un instrumento de guerra.

En su escrito, Echegaray le solicitó además a Traverso que, como titular de la nueva DGA, "instruya a los letrados querellantes de la Aduana, en causas judiciales donde se me investiga, que cesen en el uso indebido de instrumentos jurídicos y criterios interpretativos desajustados a derecho, destinados a la persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación".

Según el exfuncionario, "hasta el presente, la querella de la Aduana ha combinado acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa impulsada desde la propia AFIP", para luego afirmar que los abogados de la Aduana "se han guiado por interpretaciones y criterios reñidos con el derecho, solo para satisfacer la implantación de la doctrina del lawfare bajo la gestión de sus predecesores [por los de Traverso] durante el gobierno de Mauricio Macri".

Echegaray se encuentra procesado en múltiples investigaciones judiciales instruidas por cinco jueces. Por presunto encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público para proteger a Lázaro Báez en Bahía Blanca, según dispuso el juez federal Sebastián Casanello. También, por presunto contrabando agravado, según firmó el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Por supuesto abuso de autoridad en el "caso Ciccone", de acuerdo al fallo del juez federal Ariel Lijo.

A eso se sumó otro procesamiento por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles por una licitación para contratar los servicios de limpieza de la AFIP, que rubricó el entonces juez federal Sergio Torres. Y por supuesta defraudación a la administración pública en beneficio de Oil Combustibles, resolución que firmó el juez federal Julián Ercolini, por el que ahora afronta un juicio oral junto a Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Basado en esas y otras decisiones judiciales, Dávila firmó la suspensión sin goce de sueldo de Echegaray como empleado de planta permanente de la Dirección General de Aduanas, lo que se efectivizó mediante una disposición administrativa en junio de 2018.

Pero no todas fueron malas noticias para Echegaray. Dos días después de las PASO, la Cámara Federal revocó su procesamiento por su supuesta protección a Báez, dispuso su falta de mérito y ordenó que continúe la pesquisa. Y el 18 de octubre, un tribunal oral lo absolvió al concluir que no violó el secreto fiscal, ni incurrió en falso testimonio al vincular al exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay con cuentas sin declarar en Suiza.

La lista de pedidos de Echegaray

Ahora, "ante el cambio político institucional operador el pasado 10 de diciembre", Echegaray solicitó a Traverso que:

se revoque su suspensión como empleado de planta de la Dirección General de Aduanas;se liquide su salario "de manera regular y ordinaria";se le paguen todos los salarios devengados y no liquidados "aplicando la tasa activa superior que hubiese fijado el Banco Nación";se le paguen los aportes y contribuciones;se le asignen "tareas en el nivel de mandos altos de dirección" dentro de la Dirección General de Aduanas;se le reconozcan vacaciones, antigüedad y "todos los derechos laborales que [le] fueron cercenados durante el último período de gobierno que concluyera el pasado 10 de diciembre";se le otorgue un carnet de identificación como empleado, correo electrónico institucional y claves de acceso a los sistemas de consulta y gestión del organismo;

"Finalmente y en aras de mi reconocimiento como empleado, le peticiono me haga entrega de mi medalla de 25 años de antigüedad", le planteó Echegaray a Traverso. "Me fue negado sin justificativo válido alguno", agregó.