Se cumplieron seis años del histórico fallo con el que la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires poner en marcha el saneamiento de uno de los ríos más contaminados del planeta: el Riachuelo.

Aunque se ha creado un órgano para ejecutar las tareas, que son supervisadas ahora por dos jueces, y aunque las márgenes lucen más limpias, la calidad del agua está lejos de haber mejorado. Los especialistas sostienen, incluso, que con los actuales límites impuestos a las industrias el líquido no podrá volver a albergar vida alguna.

En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental porteña (APrA) presentó semanas atrás un pedido para endurecer esos estándares, especialmente en lo que se refiere al desecho de líquidos industriales. "Las normativas son más laxas que la realidad. Es necesario que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) se replantee los usos para los cuales se trabaja en el saneamiento", indicó Juan Carlos Villalonga, presidente del organismo de control local.

La resolución del organismo tripartito plantea hoy un uso del río para el esparcimiento, lo que significa que sólo puede ser observado o utilizado para algunos deportes náuticos. La propuesta establece plazos de entre 3 y 20 años para poder conseguir el objetivo de mejorar la calidad de las aguas.

Si bien esta nueva propuesta aparece como superadora, habrá que esperar dos décadas para que el agua deje de oler a podrido.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que compone el cuerpo colegiado que debe controlar el cumplimiento del plan de saneamiento, señaló mediante un comunicado: "Lo realizado resulta necesario, pero es muy bajo en relación a todo lo que queda por hacer y lo que debería haberse concretado durante estos años".

En ese comunicado, FARN enumera la remoción de barcos, la relocalización de algunas familias que vivían en las orillas, la limpieza de márgenes y el camino de sirga entre los pasos positivos.

CAMBIO DE NORMATIVA

Sin embargo, destaca que en el haber está el cambio en la legislación: "Es necesario establecer un nuevo sistema que permita el control de los vertidos de líquidos industriales, para lo cual se debe modificar de manera urgente y prioritaria la legislación, que resulta sumamente permisiva".

La ONG ambientalista también señala como fundamental la "implementación de las obras de infraestructura que impidan el vertido de líquidos cloacales en el Riachuelo, cuestión que cuenta ya con el financiamiento del Banco Mundial por 840 millones de dólares".

Esta obra está adjudicada y debería comenzar, pero demandará, al menos, otros cinco años.

Cabe recordar que un informe difundido por Greenpeace el mes pasado dio cuenta de monitoreos realizados, en los cuales de 45 puntos analizados 33 se mantuvieron en la categoría de contaminación media; dos de los puntos empeoraron y pasaron a contaminación alta, y sólo tres sitios pasaron de alta a media.

Los contaminantes que se midieron son los industriales; es decir, la presencia de metales como cadmio, cromo, zinc y mercurio.

Pedro del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana, aseguró que la Acumar "va camino al fracaso porque nació como apéndice del Poder Ejecutivo Nacional".

"El balance de cumplimiento es negativo, salvo obras estructurales de saneamiento desarrolladas por AySA con financiamiento internacional para resolver la contaminación cloacal, aunque con plazos elásticamente dilatados. Después de seis años tenemos la convicción de que no habrá cumplimiento satisfactorio del fallo, más allá de cuestiones cosméticas, porque para cumplir, además de querer, hay que poder hacerlo", agregó..