Riachuelo: quieren que siga vedado navegar su cauce

Riachuelo: quieren que siga vedado navegar su cauce

Hoy sólo lo surcan embarcaciones de Prefectura y del gobierno porteño; discusión por su uso

El Riachuelo no se puede navegar desde hace cinco años. La medida, que fue tomada por el juez federal Luis Armella, estaba ligada directamente al saneamiento y a la liberación del camino de sirga que forman parte del plan de limpieza que deben llevar adelante la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, según lo estableció en un fallo de 2008 la Corte Suprema de Justicia.

Hoy, cuando el camino ya está liberado y se debate en el seno de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) la reformulación del plan de saneamiento, vuelve a surgir el interrogante sobre el uso que tendrá el curso de agua en un futuro.

Las ONG que forman parte del cuerpo colegiado, integrado también por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que debe controlar las gestiones para la limpieza creen que en la condiciones que el río se encuentra, no debe habilitarse la circulación de embarcaciones, especialmente las de gran calado, como las que trabajaban en las areneras de la cuenca. Al menos, sin regulación y objetivos.

"Éste es un buen momento para revisar nuevamente el plan de saneamiento y determinar el papel que tendrán las embarcaciones. Ese abordaje hay que hacerlo en conjunto con un cambio de paradigma: es necesario controlar la navegación y los efluentes contaminantes y debe venir de la mano de un endurecimiento de la normativa en términos de vuelcos industriales", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para Alfredo Alberti, de la Asociación Amigos de La Boca, la navegación no es posible: "Estamos absolutamente en contra de la navegabilidad en las condiciones que está. No puede haber circulación deportiva. No se puede navegar un río que no tiene profundidad. Las únicas que navegaban las aguas eran las chatas areneras y con la hélice producían un efecto de dragado. El tema es que la elaboración y ejecución del plan se está haciendo tan larga que no sabemos cuál va a ser el uso del río, entonces medidas coyunturales se transforman en eternas".

La navegabilidad está entre los temas que la Acumar analiza dentro del nuevo plan integral de saneamiento ambiental, que debe presentar ante la Justicia el 7 de julio próximo.

Más de una década

La causa Mendoza fue iniciada por un grupo de vecinos hace 15 años, encabezados por Beatriz Mendoza, contra los estados nacional, bonaerense y porteño, y contra 44 empresas, a los que se les reclaman daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la citada cuenca.

"Estamos trabajando en un plan para dar cumplimiento al fallo, aunque aún no podemos comprometer plazos porque estamos evaluando alternativas", indicaron fuentes del Acumar a LA NACION. Hoy sólo navegan la Prefectura, los boteros que cruzan a la isla Maciel y las lanchas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, que realizan diariamente tareas de limpieza y control del espacio público.

La Acumar, luego de la renuncia de Amílcar López tras la interna que se generó en Pro por la conducción, empezó a funcionar lentamente. Lo conduce la larretista Gabriela Seijo, y se comenzó a trabajar en el rediseño con los equipos técnicos. Uno de los jueces que atienden la causa por orden de la Corte, Jorge Rodríguez, ordenó en octubre pasado que se readecuara el plan de limpieza.

Nuevo plan

"El documento que se utiliza es de marzo de 2010 [y] presenta serias deficiencias: los plazos allí fijados se encuentran fenecidos; no cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo y los indicadores [los valores que mide la Acumar] escogidos son en su mayoría de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado", sostuvo el juez federal de Morón.

En su resolución el magistrado reconoció el trabajo hecho hasta el momento y sostuvo que puede ser usado como una "línea de base exacta" para trazar las metas a futuro.

Rodríguez, además, impuso un plazo de seis meses para que se presente este nuevo plan de limpieza. Ese plazo está vencido, pero fue prorrogado hasta julio.

El fallo coincide con el reclamo que el cuerpo colegiado presentó ante la Corte Suprema en julio pasado. En ese pedido, a siete años de haber sido dictado el fallo que ordenó el saneamiento del río, se denunció el "amesetamiento" del plan y la falencia en varios aspectos, como el control industrial y la atención de la salud de la población afectada por la contaminación.

Para Nápoli, "el plan debería tener tres etapas: la elaboración, que no puede ser sólo una medida burocrática, sino que tiene que ser consultado con la sociedad civil, con la academia e incluso ser presentado en audiencias públicas, y luego la implementación y ejecución".

Dentro del plan de limpieza está incluida la construcción del colector cloacal izquierdo, financiado por el Banco Mundial. Las fuentes consultadas indicaron que una de las tuneladoras ya estaría en camino y que la obra, que demandará al menos cinco años, podría comenzar a mitad de año. En las próximas semanas, en tanto, las nuevas autoridades de la Acumar se reunirán con los miembros de la Corte.

Desestiman jury al juez Armella

El Consejo de la Magistratura desestimó el enjuiciamiento del juez federal de Quilmes. De esta forma, negaron la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación contra Luis Armella, quien había sido denunciado por presuntas irregularidades en la causa por el saneamiento del Riachuelo en 2012.

Armella había sido apartado por la Corte Suprema de la causa por el saneamiento del Riachuelo en el año 2012, sospechado de irregularidades mientras tuvo bajo su órbita el monitoreo de la limpieza del Riachuelo. El máximo tribunal lo nombró juez de ejecución de la causa por la que deben responder la Nación, el estado bonaerense y la Ciudad.

Armella estaba sospechado por favorecer a empresas vinculadas con familiares suyos para la contratación de obras de limpieza de la cuenca. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura desestimó el pedido de juicio político y las denuncias formuladas por "vencimiento del plazo".

Fue Armella quien hace cinco años prohibió la navegación del Riachuelo y, mediante una resolución, declaró zona crítica de protección especial a la cuenca y los arroyos que en ella confluyen, además de disponer el desalojo inmediato de todas las obstrucciones que invaden la traza costera, denominada "camino de sirga". Este plan es el que incluye las relocalizaciones de la población de los asentamientos.

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