Ocho años, un cambio de gobierno y 5.200 millones de dólares después, la negligente situación ambiental, habitacional y sanitaria sobre la cuenca Matanza-Riachuelo sigue tan contaminada como en 2008, cuando un fallo de la Corte Suprema le ordenó a las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires cumplir con el saneamiento de este curso de agua. En ese marco, ayer se realizó una nueva y dura Audiencia Pública, donde el máximo Tribunal de Justicia arribó a una vieja conclusión: "No queremos nuevos planes, queremos acciones concretas".  

La frase sirvió de cierre para una jornada de más tres horas, donde representantes de los tres gobiernos, que en conjunto forman la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), justificaron su accionar dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). 

"Según los datos objetivos que presentan, estos indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados. Estos parámetros no permiten saber cuál es el nivel real de cumplimiento. Y lo que nos dicen en el informe, es que ya hay 5.200 millones de dólares invertidos, pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia. ¿Qué se hizo con eso?", cuestionó con dureza el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La respuesta ensayó salidas que, más allá de los recursos intermedios, confluían en la tangente de las estadísticas y terminaban ofuscando al Tribunal: "Esos siguen siendo indicadores, no resultados", también se escuchó expresar al ministro Horacio Rosatti.

"Existe un alto índice presupuestario que aún no se ha identificado. Hay diferencias entre los registros de gestión y la información del PISA, y esto reduce la permeabilidad al control. Por ejemplo, se informan obras afectadas a municipios que no están en la cuenca, como Vicente López y Tres de Febrero", detallaron a su turno desde la Auditoría General de la Nación (AGN). Este organismo ya había adelantado una semana atrás que, en lo que a ordenamiento ambiental del territorio se refiere, "no se logró ningún avance sustantivo", pese a haberse destinado $3.804 millones del presupuesto PISA, de un total de $21.919 millones.  

Cuando las consultas, a cargo de la jueza Elena Highton de Nolasco, se enfocaron en la problemática sanitaria, los referentes se apuraron en enunciar las cifras. La fecha del último censo poblacional en la cuenca, que data de 2014, fue la que más sonó en la sala. En ese entonces, ACUMAR realizó un relevamiento de los problemas de salud en los asentamientos del camino de sirga, y eligió al plomo como indicador de la contaminación en la zona. Sin embargo, como reconocieron en la presentación, todavía no pudieron definir cuáles son las afecciones propias derivadas de la alta concentración de efluentes químicos que se vierten en el agua.

Similar es la situación del sistema de cloacas y el tratamiento de los desechos orgánicos, un ítem en el que la empresa Aysa se desprendió de lo ejecutado hasta hace poco menos de un año, y auguró mayor celeridad en las obras que la involucran de cara a la nueva gestión. "Cuando tomamos el mando de la empresa nos encontramos con el plan de trabajos sobre el Riachuelo, que tiene un préstamo del Banco Mundial para ello, totalmente paralizada", arrancaron las nuevas autoridades, para luego adelantar que "en el 2017 superaremos los $10.500 millones de pesos en ejecución de obras".

El objetivo, dicen, es tener los trabajos concluidos (que incluyen un emisario de 7.5 kilómetros para la "Planta del Bicentenario" en Berazategui, y otro en la Planta de Dock Sud de 11.5 kilómetros) para 2021, ya que en 2022 vence el plazo con el Banco Mundial. Son obras urgentes, si se tiene en cuenta que "el emisario de la Planta de Berazategui actualmente tiene 2.500 metros, por lo que parte de los fluidos están saliendo muy cerca de la costa", se sinceró el actual presidente, José Luis Inglese. 

Se limpia, se vierten efluentes, se vuelve a limpiar y vuelven a volcar. Este sistemático círculo vicioso representa la mayor parte del problema. Los datos de ACUMAR sostienen que a septiembre de 2016 se habían declarado 1.397 empresas como agentes contaminantes, de las cuales sólo 412 fueron reconvertidas. Otras 512 están en proceso y el resto no ha mostrado intenciones de modificar su status. En teoría, del número total, el 80% de los agentes están concentrados en 200 establecimientos, considerados críticos en materia ambiental, por lo que desde la máxima autoridad de la cuenca consideran innecesario trabajar fuertemente sobre el resto. 

Además de los entes de los tres gobiernos, durante la audiencia pública fueron escuchadas muchas voces que interpelaron los informes oficiales. Hubo tiempo para todos, o casi, porque los únicos que fueron retirados del recinto, precisamente por hacerse oír, fueron los vecinos de la cuenca. Son ocho millones de personas que viven dentro de los 14 municipios y los barrios de la Ciudad comprendidos en esos 64 kilómetros de márgenes, y que no son parte formal de la causa. 

"Somos parte de la solución, no del problema. La Corte se sigue negando a reconocer a los principales afectados por la contaminación. Tenemos una curva de avance de obras de 2% anual en el último año. Acá viene el Gobierno de la Ciudad a decir que ya relocalizaron cuatro barrios cuando en realidad suman apenas 35 familias. Solo en la Villa 21-24 estamos hablando de 1.200 familias", se indignó Paz Ochoteco, voluntaria de la Fundación Temas, que acompaña a los vecinos del camino de sirga. Porque en Villa Inflamable, El Pueblito, Villa 26, Asentamiento Lamadrid y Complejo Mugica las condiciones son igual de desalentadoras.