A río revuelto, ganancia de pescador

Por Manuel Garrido

Las denuncias y comentarios generados por la publicidad de la última declaración patrimonial de la presidenta de la Nación evidencian la aguda crisis de las instituciones de control.

La evolución del patrimonio, por más apreciable que parezca, no es un delito si puede ser justificado sobre la base de fuentes de incremento legítimas.

Los distintos criterios de valuación de bienes y la complejidad de ciertas operaciones comerciales y financieras hacen que la determinación precisa de la existencia de un enriquecimiento indebido deba ser materia de opiniones técnicas que cuenten con la mayor información posible, a las que debe exigirse más precisión que la irrefrenable doxa que se desata cada año con la publicidad de cifras que a primera vista pueden sorprender.

Lamentablemente, la credibilidad de la labor de control que despejaría sospechas está destrozada por la propia acción de las personas que ahora deben lidiar con una opinión pública inevitablemente escéptica.

Al desmantelamiento y al silencio sobre este caso de la Oficina Anticorrupción, órgano específico del Poder Ejecutivo para controlar la evolución patrimonial, se suma la inexistencia de la Comisión Nacional de Etica Pública, que debió constituirse hace más de diez años.

Por otro lado, la AFIP resolvió a partir de 2006 obstaculizar la consulta de información impositiva por parte de fiscales y órganos de control, lo que cercena la posibilidad de investigar con eficacia casos de enriquecimiento ilícito y de fraude tributario.

Pese al reclamo de los fiscales en lo penal tributario y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y para beneplácito de funcionarios corruptos y grandes evasores tributarios, el procurador general de la Nación se limitó a unas tibias e infecundas gestiones ante el Poder Ejecutivo, abjurando de su rol institucional como cabeza de un poder del Estado.

Frente a este panorama, sólo los jueces pueden investigar con toda la información disponible los casos de enriquecimiento.

El año pasado, la Justicia se consideró satisfecha con el mero informe del contador particular de quienes debieron rendir explicaciones.

La actitud de la Presidenta, que no da explicaciones públicas adecuadas y a quien su abogado no ha ahorrado la indignidad de solicitar expresamente la neutralización de la investigación que desarrollaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, mantiene en pie las dudas en vez de disiparlas.

La falta de constitución de las comisiones de Etica Pública y de Supervisión del Ministerio Público, la reposición de facultades indispensables para investigar delitos complejos, la actuación de jueces y fiscales, la exigencia de explicaciones en el ámbito parlamentario a funcionarios y a responsables de órganos de control, la insatisfactoria labor de peritos contadores oficiales, entre otros, son los temas que deberían concentrar el esfuerzo de los legisladores más que la realización de denuncias efímeras que parecen no transformar nada y aportan a la confusión general.

Director de los programas de Justicia y Transparencia de Cippec

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