Revisiones, plebiscitos y lugares de poder: la agenda opositora para el Congreso 2010

La UCR, la Coalición Cívica y el PRO pretenden retocar las leyes que sancione el Parlamento antes de fin de año. La centroizquierda pide proyectos sociales
Dispuestos a no volver a caer en lo que llaman "la trampa kirchnerista" de discutir exclusivamente las iniciativas que surgen de la Casa Rosada, los partidos de la oposición buscan recobrar protagonismo en el Congreso y anunciaron ayer la agenda propia que procurarán plasmar cuando los diputados y senadores electos entren en funciones y el arco antikirchnerista se haga fuerte en el recinto. Los integrantes del Acuerdo Cívico y Social –la UCR, el socialismo y la Coalición Cívica– se reunieron durante algunas horas y acordaron revisar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la aún no sancionada reforma política. El PRO advirtió que analiza pedir consultas populares para que algunos proyectos de ley lleguen a ser tratados y el Ejecutivo no pueda vetarlos. Mientras que la centroizquierda insistió en la necesidad de dar forma al subsidio universal a la niñez.

Este último punto fue incluido también en la agenda legislativa que difundió el Acuerdo Cívico y Social tras la reunión que mantuvieron el presidente de la UCR, Gerardo Morales; la titular del bloque socialista en Diputados, Silvia Augsburger; y la diputada electa por la Coalición Cívica Elisa Carrió. A esa iniciativa sumarán el reclamo por lugares de poder dentro del Parlamento. "Vamos a exigir que se respete en las comisiones la integración de la Cámara en relación a la representación de los bloques. Las autoridades de las cámaras deben reflejar eso", sostuvo la legisladora santafesina (de lo que se informa aparte).

Además, radicales, socialistas y cívicos anunciaron que revisarán las últimas leyes que sancione el Congreso con su composición actual y que para lograr sus objetivos están dispuestos a negociar con otras fuerzas políticas. Entre esas otras fuerzas estará el PRO, que ayer amenazó con impulsar consultas populares para conseguir que el Parlamento trate proyectos que el macrismo considera primordiales. "Vamos a hacer acuerdos en la oposición sobre algunos pocos temas y sobre ellos vamos a presentar los proyectos en conjunto. Luego, pensamos a convocar a consulta popular", explicó el titular del bloque PRO, Federico Pinedo.

El legislador subrayó en diálogo con radio Diez que, siguiendo ese mecanismo, el Ejecutivo perderá el poder de veto. "Vamos a acudir al pueblo para evitar que dos o tres se lleven todo puesto. La Constitución dice que un proyecto de ley sometido a consulta popular no podrá ser vetado, y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática", explicó. Entre los temas que el PRO pretende que se expida la ciudadanía, Pinedo mencionó a las facultades de reasignación presupuestaria con que cuenta la Jefatura de Gabinete, conocidas como "superpoderes", la conformación del Consejo de la Magistratura y la ley de Comunicación Audiovisual.

Además, el espacio macrista difundió a través de un comunicado la "batería de propuestas tendientes a combatir la pobreza y la exclusión" que sus diputados impulsan. Entre ellos, el ingreso familiar básico, la tarjeta de seguro social, la tarifa social, y un IVA especial para alimentos de la canasta básica.

Por la centroizquierda, la agenda quedó en manos de la CTA, que ayer anunció el envío al Congreso de varios proyectos para "cambiar la matriz distributiva" del país. El secretario general de la central sindical, Hugo Yasky, acompañado por los diputados Edgardo Depetri y Claudio Lozano, explicó que el sector pretende un "blindaje social", basado en la universalización de las asignaciones familiares. "Creemos que es el momento de asegurar el salario por hijo, tal como lo establece la Constitución, para que sea un derecho sin exclusiones para todos los trabajadores del país. Esto significa que se universalice y se extienda para los que están en negro, los que no están registrados o los que están desocupados", explicó Yasky. Además, propondrá la emergencia ocupacional, para prohibir los despidos sin causa; y la homologación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, de aprobarse, obligará a los empleadores a probar ante un organismo neutral la existencia de una causa que justifique un despido.

Claudio Lozano: "Los excedentes de recaudación impositiva de los últimos años hubieran permitido pagar la asignación universal. Para el 2008 esto podría haber ascendido a $248. Pero el oficialismo ha privilegiado otras prioridades".

Elisa Carrió: "La ley de reforma política va a ser revisada luego del 10 de diciembre, al igual que la ley de medios. Además, el Congreso debe citar a funcionarios de la SIDE para que den cuenta de los gastos reservados de inteligencia".

Federico Pinedo: "Vamos a hacer acuerdos en la oposición sobre algunos pocos temas para presentar los proyectos en conjunto y convocar a consulta popular. Vamos a acudir al pueblo para evitar que dos o tres se lleven todo puesto".

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