La revisión de subsidios eléctricos terminó y ahora Jaque debe decidir.

Los escenarios son desechar el proceso de revisión tarifaria enfrentando el riesgo de asumir una demanda o aumentar la luz 24 por ciento.
Pasaron las elecciones y, en cuestión de temas pendientes, el Gobierno tiene algo para resolver, porque está pendiente un aumento de la luz, que deberá ser descartado o ratificado en los próximos días, sin olvidar la situación de OSM, una empresa cuyo plan de renegociación está hoy congelado en la Corte Suprema de Justicia a pedido de un grupo de legisladores y con un informe lapidario de parte del Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS).

En referencia a la cuestión tarifaria de las distribuidoras de energía eléctrica, el gobernador Celso Jaque había anunciado la suspensión de la decisión hasta tanto se revisaran todos los subsidios dados a jubilados, la tarifa social y el riego agrícola. Para esto, el Ejecutivo promulgó el decreto 501, que permitía crear en el ámbito del Ministerio de Infraestructura una comisión técnica para evaluar los actuales mecanismos de determinación, asignación y liquidación de las compensaciones.

Lo pedido en este decreto ya está en manos de Celso Jaque, y entre los resultados, que podrían conocerse en los próximos días (sólo si ese ministerio decide revelarlos), trascendió que hay importantes recortes de subsidios y compensaciones a usuarios que no encajaban bajo las exigencias mínimas para recibirlos. Eso sí, también hay ampliaciones de los mismos, esto es, personas que no estaban contempladas y sí cumplían los requisitos.

Una vez pasado el filtro que logró dilatar el aumento tarifario hasta una vez pasadas las elecciones, un grupo de asesores del Ministerio de Infraestructura le explicó a Jaque que si decide desechar todo el proceso de revisión logrado a través de la pieza administrativa 840, el Estado podría enfrentar un pedido de resarcimiento millonario, teniendo en cuenta el tiempo que lleva suspendido el incremento, porque la renegociación data del 2008 y era hasta el 2013. Esto podría ser elevado de parte de todas las distribuidoras o de la que posee el control mayoritario del mercado -Edemsa-, cuyo accionista mayoritario es el grupo local Vila- Manzano.

El otro escenario es que el gobernador decida evitar problemas con las privatizadas y aplique el incremento de aumento que ya tiene listo pero que nunca fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que no tiene validez. Según se rumorea en la Casa de Gobierno, habría sido archivado a través de una resolución administrativa y amparándose en la ley 3.009, que permite a un organismo del Estado dar marcha atrás con una resolución legal.

En este último caso, deberá enfrentar la presión social, que reaccionará ante otro aumento de tarifas en medio de la crisis económica internacional que, como era de esperar, ya impacta en la economía familiar y provincial.

Ese decreto, que no logró validez legal a pesar de que tenía la firma del gobernador, estipulaba cinco por ciento de incremento para la categoría residencial T1R1, 15 por ciento para T1R2 y 30 por ciento para la T1R3. Mientras, para la general fija 27 por ciento de aumento, 28,8 para el alumbrado público, 28,2 para la especial y 28,8 para la tarifa de riego agrícola.

Así las cosas, la decisión del gobernador está en la recta final y, por supuesto, hay que esperar que pase la ebullición por la derrota electoral para que se conozca la decisión tomada por el Ejecutivo. Mientras, en la Casa de Gobierno, nadie quiere hablar de las tarifas eléctricas y resultan una brasa caliente que nadie quiere agarrar. Aparentemente, y según coinciden todas las versiones, la decisión ha quedado en el cuarto piso del edificio de Peltier. Esto es, nada menos que en manos del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y del gobernador, por lo que se podría prever que el hermetismo seguirá hasta tanto no haya una decisión tomada.

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