MADRID.- Un nuevo lanzallamas se activó en la ya de por sí recalentada crisis catalana.

El gobierno de Mariano Rajoy sufrió ayer un impensado revés en su intento de "impugnar" el nombramiento, vía investidura parlamentaria, del expresidente Carles Puigdemont en Cataluña.

Ocurrió cuando el Consejo de Estado -un órgano consultivo por excelencia- "no vio argumentos" para impugnar esa postulación, que el Parlamento regional debatirá el martes próximo.

La opinión en contra sorprendió a La Moncloa, que, con menos argumentos, se vio obligada a insistir en el "pedido de impugnación", esta vez ante el Tribunal Constitucional. Y confiar en su suerte.

Lo que pretende con esa maniobra es actuar de antemano y evitar el espectáculo -nacional e internacional- de un gobierno central poniendo palos a una casi segura investidura por parte de una Legislatura regional.

"Esto es un golpe de Estado. No respetan la democracia. Está claro que no quieren acatar el resultado de las elecciones", bramaron los diferentes bloques independentistas ante el anuncio de un pedido de impugnación.

Enarbolada por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la jugada de Rajoy no solo tropezó con la opinión en contra del Consejo de Estado, sino que además tuvo un efecto indeseado: obró como catalizador de las fuerzas independentistas y ayudó a que alinearan su estrategia.

"El gobierno central cruzó una línea roja", sostuvo, por caso, Sergi Sabriá, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Ante el nuevo escenario, muchas voces que trabajaban en la agrupación por "un plan B" optaron por callarse.

El futuro de Cataluña sigue siendo un enigma que empezará a resolverse el martes. Para esa fecha está citado el debate de investidura, con la única candidatura, hasta ahora, del expresidente Puigdemont.

El problema es que hace ya tres meses que Puigdemont reside en Bruselas y no puede volver sin riesgo a ser detenido por la Justicia española, que le atribuye varios delitos tras la promoción de la independencia unilateral de Cataluña.

Aunque no lograron la mayoría absoluta en las recientes elecciones regionales, los independentistas catalanes son los únicos que, hasta ahora, están en condiciones de formar gobierno. De todas formas, el cuerpo jurídico del Parlament sostuvo que Puigdemont "no puede" ser investido en ausencia y que tampoco puede delegar su voto en otro legislador. Lo que trabaría su designación.

Sin embargo, el gobierno nacional pareció echar tierra sobre esa advertencia al desoír él mismo el criterio del Consejo de Estado, el órgano asesor al que había acudido en busca de luz institucional.

"Las circunstancias actuales no permiten la investidura del señor Puigdemont", insistió ayer la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

"Es el candidato legítimo", le respondió el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, antes de fijar para el martes la cita de la sesión constituyente.

La situación presagia una nueva tormenta política en la convulsionada región. Tras las vacilaciones y divisiones internas de los últimos días, los sectores independentistas se vuelven a mostrar unidos tras el discutido candidato exiliado en Bruselas.

La intención de La Moncloa es bloquearlo y forzar a que el Parlament designe otro aspirante. Algo que, a esta altura, parece lejano. El nuevo capítulo del conflicto parece, una vez más, servido.