Revés para los ocupantes de las viviendas de El Martillo

El juez de garantías Saúl Errandonea rechazó el recurso de amparo presentado por una de las mujeres ocupantes de las viviendas del barrio El Martillo que pretendía impedir cualquier acción de desalojo.
Al tiempo que este amparo fue rechazado por dicho juez, sigue pendiente la pronunciación de la Cámara de Apelaciones respecto al desalojo ordenado en primera instancia por el juez Juan Tapia.

Vale recordar que el 15 de enero pasado un grupo de habitantes del barrio Pueyrredon irrumpieron en el predio ocupado en 49 entre Friuli y Pehuajó, donde estaban a medio construir varias viviendas de Plan Dignidad destinadas a relocalizar personas de la villa de Paso. Los ocupantes, en número que jamás trascendió con precisión, ingresaron a las viviendas y se declararon sus propietarios.

Una serie de charlas e instancias de mediación con la Municipalidad no entregó ningún resultado positivo y por ello es que la comuna se vio obligada a accionar en la Justicia. Fue entonces que Juan Pablo Gelemur, abogado de las familias ocupantes, interpuso un amparo para permanecer en las viviendas. Ese amparo fue rechazado en los últimos días por Errandonea, pero ayer Gelemur presentó la correspondiente apelación.

En tanto, Tapia tras analizar el pedido de desalojo presentado por la fiscal Graciela Trill hizo lugar y ordenó que las fuerzas de seguridad despejen el predio. Sin embargo, Gelemur apeló y la causa pasó a la Cámara, donde espera resolución.

Resolución

La resolución de Errandonea esta fundada, en primer lugar, en que el amparo no representa a nadie más que a la accionante, ya que jamás fue entregado un listado con las familias que ocupan las casas. Es que el recurso que ingresó el abogado Juan Pablo Gelemur tiene sólo mencionada a Adriana Inés Merelos, aunque pretendía tener alcance a todas las demás familias.

Esta incompetencia de representatividad fue uno de los puntos rechazados por el juez, aunque el más importante es el que tiene relación con el estado de necesidad de la accionante.

El juez rechazó por improcedente la acción de amparo, sin costa de las accionante, porque no justifica el estado de necesidad. Para el juez nada se ha aportado para explicar o demostrar el riesgo al que pudiera estar sometida la accionante en caso de un desalojo. En otras palabras, no se aportó documentación que permita asegurar que la mujer que interpuso el recurso de amparo para no ser desalojada no tiene una vivienda o está en situación de calle.

Con el amparo rechazado, si la Cámara de Apelaciones decide ratificar el fallo de primera instancia sobre la orden de desalojo, ésta debería ejecutarse en lo inmediato. De todos modos, por tratarse de un incidente judicial de alto riesgo es necesario tomar ciertos recaudos, entre ellos la participación de organizaciones de Derechos Humanos y un despliegue de asistencia social significativo para aquellas familias que puedan quedar sin viviendas.

Este último punto parece poseer un contenido contradictorio a las resoluciones judiciales, pero se sostiene en la idea de que no se sabe con certeza cuántas familias y en qué estado habitacional están.

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