Revés para Echegaray: su denuncia contra acopiadores fue desestimada

Un juez federal no encontró delito alguno en operaciones que denunció el funcionario.
El juez federal Daniel Rafecas dictaminó que ni la Federación Agraria Argentina (FAA) ni la Federación de Acopiadores cometieron delito alguno en la administración del sistema de cartas de porte, tal como había denunciado en 2008 el actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El funcionario en aquel momento estaba a cargo de la ONCCA y se valió de su denuncia para "estatizar" el sistema de control del transporte de granos, como recurso para ahogar económicamente a ambas entidades.

"Con este fallo quedó muy claro que Echegaray inventó una denuncia penal solamente para perjudicar a la Federación Agraria", dijo un dirigente de esa entidad que reveló a Clarín el fallo de Rafecas, del 2 de noviembre pasado. Fuentes de la otra organización empresaria afectada, la Federación de Acopiadores, dijeron que ahora estudiarán iniciar un juicio por daños y perjuicios contra el actual jefe de la AFIP.

Las cartas de porte son un documento obligatorio para el transporte de granos. El Estado dejó de emitirlas en 1992, con la privatización de la Junta Nacional de Granos, y años más tarde cedió el servicio a los acopiadores y a la Federación Agraria.

En total se vendían por año cartas de porte por unos 12 millones de pesos. La entidad de Eduardo Buzzi tenía apenas 10% del negocio, pero el dinero que recaudaba le resultaba vital para sostener su estructura gremial, que fue clave durante el conflicto agropecuario por las retenciones móviles. Luego de que Echegaray, basándose en su denuncia, decidió estatizar la emisión de cartas de porte, a fin de 2008 y no sin provocar trastornos en el movimiento de la última cosecha, la FAA tuvo que despedir cerca de 100 trabajadores.

Ahora, luego de una rápida pero exhaustiva investigación -intervino la Unidad Especial de Delitos Económicos de la Gendarmería-, el juzgado de Rafecas desestimó todas y cada una de las irregularidades que había denunciado Echegaray en junio de 2008, tanto a la Justicia como a ante los medios de prensa. El fallo sobre la inexistencia de los delitos denunciados fue tan contundente que la ONCCA ya desistió de una apelación.

Entre los presuntos delitos que Echegaray había imputado a FAA y los Acopiadores figuraba la falta de información a la ONCCA sobre ciertas series de cartas de porte y la existencia de otras que llevaban números de CUIT "inexistentes" o repetidos, lo que permitía presumir la existencia de documentos falsificados para evadir impuestos. En su defensa, las entidades señalaron que no vendían ninguna carta de porte sin consultar previamente a la AFIP.

Pero la frutilla del postre de aquella denuncia era el caso de un supuesto "monotributista" de Córdoba, Ceferino Ferreyra, que según Echegaray había adquirido 21.000 cartas de porte. Curiosamente, según una investigación de Clarín, el propio titular de la ONCCA pagó $ 70.000 en subsidios a esa persona apenas pocos días después de haberlo denunciado.

"El análisis de la totalidad de los elementos colectados en la pesquisa permite aventar que las irregularidades que han sido denunciadas por la ONCCA constituyan delito", afirma el fallo firmado por Rafecas, que incluso se cuida de resguardar el "buen nombre y honor" de otros dos particulares mencionados en la causa, Mauro Fuca y Claudio Vip. Sobre ellos, Echegaray había lanzado la sospecha de que habían montado "un mercado clandestino" de cartas de porte desde una oficina ubicada en San Martín 68, en pleno microcentro porteño. "Los presuntos vendedores no trabajan ni trabajaron en el edificio y tampoco son personas conocidas en el lugar", descarta el fallo judicial.

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