Revés para un amparo por la casa expropiada

De Mitri dijo que la Corte es incompetente para actuar en el caso. Un abogado planteó la nulidad de la norma por la cual el Estado pretende demoler un inmueble para la habilitación de cocheras.
La Corte Suprema de Tucumán deberá definir su competencia sobre la acción de amparo colectiva presentada por el abogado Manuel García Fernández en defensa de la casa de San Lorenzo 355, propiedad de la familia Manganelli.

La Ley 8.215 dispone la expropiación de ese inmueble en beneficio del Tribunal de Cuentas: según sus fundamentos, es para habilitar otro acceso a las cocheras; y según los vocales del ente de contralor también se construirán oficinas. Por derecho propio, García Fernández (no representa a los Manganelli) pidió la nulidad de la norma por entender que se vulnerará la obligación establecida en la Constitución provincial para la protección de los bienes de valor cultural e histórico (la fachada de la casona sería de fines del siglo XIX o principios del XX), lo que implicaría un daño colectivo.

El abogado reclamó que la Justicia exija al Estado un plan de inventario, conservación y saneamiento del patrimonio cultural.

La intervención de la Corte fue rechazada por el ministro fiscal Luis de Mitri, quien en un dictamen no vinculante consideró que el máximo tribunal es incompetente para actuar, y que la demanda debería ser tramitada ante los jueces del fuero en lo Civil y Comercial Común. Basado en un fallo de 2006, consideró que la materia en debate no tiene una naturaleza político constitucional y que debe ser girada al magistrado inferior que corresponda por turno. Resaltó que el Código Procesal Constitucional determina el fuero donde debe radicarse el amparo. Agregó que la Ley Orgánica de Tribunales exceptúa a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la intervención en casos de expropiación.

El expediente está en manos de los vocales de la Corte, quienes decidirán si aceptan el criterio de De Mitri o actúan en la presentación.

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