Revancha argentina

España aguó la fiesta en Mar del Plata por la Davis. En el gobierno nadie juega tenis, pero siguieron de cerca el evento. Planean desquite: mañana comienza a tratarse en Congreso la expropiación de Aerolíneas.

El kirchnerismo comenzará a debatir hoy en Diputados el proyecto que dispone la declaración de utilidad pública a un valor de $ 1 (con la consiguiente posibilidad de expropiar) de Aerolíneas Argentinas y Austral. La redacción de ese proyecto se terminó de pulir el viernes pasado, después de que Agustín Rossi, jefe de la bancada kirchnerista, visitara a Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, el jueves pasado para presentarle el texto que elaboraron junto al bonaerense Mariano West. El apuro por votar el proyecto es tal que los kirchneristas quieren emitir el dictamen de la expropiación de Aerolíneas entre hoy y el miércoles y votarlo en el recinto de Diputados en un plazo no mayor de una semana.

Mientras tanto, el gobierno tampoco pierde el tiempo en la Justicia. El viernes pasado, el juez federal Esteban Carlos Furnari dispuso la intervención judicial del grupo Aerolíneas Argentinas y designó como veedor e informante al contador José Luis Perrone, de acuerdo con el fallo distribuido en la sede de la línea aérea por el propio secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

El fallo de la Justicia contiene dos aspectos resolutivos, por un lado la designación del veedor y, por el otro, la declaración de no innovar, que significa la ratificación de todo el directorio y la confirmación del gerente general, Julio Alak, quien además es el representante del Estado.

La medida judicial fue dictada a pedido de la Secretaría de Transporte, luego de que el sector mayoritario del directorio controlado por la empresa española Marsans se negara en dos oportunidades a capitalizar o a producir «el reintegro del capital necesario» para el normal funcionamiento de Aerolíneas y Austral.

El mismo viernes se conoció que el Grupo Marsans le dio un plazo final al gobierno argentino para llegar a un acuerdo sobre la transferencia de las acciones, antes de demandar a la Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones del Banco Mundial, popularmente conocido como CIADI. Mediante una carta dirigida a Cristina de Kirchner, se le anunció a la Presidente cuáles serán los próximos pasos legales si la « solución amistosa» no se produce en una semana.

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