Reutemann: "Esta ley no pasa el test mínimo de constitucionalidad"

En un discurso realizado en el marco del debate por la Ley de Medios de Comunicación, el Senador Nacional, Carlos Alberto Reutemann manifestó su oposición a esta ley y remarcó "Queremos una ley para el futuro y para todos los argentinos, no para el pasado, que resuelva las necesidades del presente".
Discurso del Senador Carlos A. Reutemann

LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL REFORMA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN nº22.285)

Señor Presidente:

En defensa de las libertades y del federalismo vengo a fundamentar mi voto negativo a esta iniciativa, que entiendo lesiona de manera directa las competencias, poderes y atribuciones establecidas en nuestro sistema constitucional en cuanto al reparto de facultades en el espacio de la radiodifusión, respecto de las provincias Argentinas.

Advierto a su vez, que una ley tan esperada por todos, y que estamos de acuerdo en su tratamiento, no puede caer en demérito por los cuestionamientos que hoy se observan en gran parte de la sociedad argentina; ya que muchos de sus actores principales se han expresado contrarios, no por su oportunidad sino por su texto arbitrario. Todos están esperando una ley mejor para beneficio de nuestro pueblo, de la democracia, de la radiodifusión y de la libertad de prensa.

Tampoco puedo compartir ni entender, a quienes dicen que esta ley es mejor que la otra, aún imperfecta, pero que se avanza sobre la anterior. Como si estuviéramos impedidos de hacer una buena norma?, o como si no pudiéramos instrumentar soluciones definitivas o abarcativas de todas sus posibles consecuencias. Esta es una ley parcial, que nace con una enorme incógnita a futuro y carente de sustentabilidad o viabilidad económico financiera.

Queda claro, que cuando se nos presentan a debate políticas de estado, debemos agotar todos los esfuerzos en encontrar una solución legislativa que pueda surgir de acuerdos mayoritarios, de consensos mas o menos estables y permanentes, que le permitan perdurar en el tiempo.

Varios son los artículos que se cuestionan:

En cuanto la lucha contra los monopolios, con lo que estoy de acuerdo, me pregunto: ¿Qué se ha hecho al respecto en todo este tiempo? ¿Se han aplicado, acaso, los instrumentos de la "ley de Defensa de la Competencia", ley de la democracia por cierto que está perfectamente vigente, para combatir esas prácticas monopólicas? ¿Se han desalentado las concentraciones mediáticas para que quien tuviera una posición dominante no incrementara aún más su participación en el mercado?. ¿Se ha evitado, en ese orden, prorrogar la vigencia de las licencias?.

Pues bien, se ha venido haciendo todo lo contrario de lo que ahora se proclama, y sólo se ha contribuido a la concentración.

Esta ley no democratiza el uso del espectro radioeléctrico, solo cambia los actores preexistentes por nuevos protagonistas; y el objetivo aparente de hacer posible el ingreso de "nuevos operadores" omite considerar como se van a integrar esas voces junto con las miles que ya están operando y que constituyen la real estructura de la radiodifusión Argentina.

Respecto de los derechos adquiridos, se podría haber encontrado una solución alternativa, respetando la vigencia de las licencias extendidas por el propio Gobierno, en el marco de contratos legales vigentes en toda su plenitud.

Se podría haber propuesto que las nuevas licencias que se generen, o las que caduquen con el paso del tiempo o las que sean otorgadas en el futuro, sean prioritariamente conferidas a los nuevos protagonistas del quehacer mediático.

En lugar de regular la transición, se propicia la caducidad de hecho de licencias extendidas en fecha reciente por el PEN, obligando a venderlas en un plazo perentorio.

La judicialización será el camino que les quede a los licenciatarios que pretendan defender sus derechos y las consecuencias pueden ser imprevisibles y quizás también costosas.

Estos perjuicios, en mayor o en menor medida, no son exclusivos de ningún grupo en particular, sino de muchos actores del sistema comunicacional argentino.

Sería muy extenso reproducir cuáles son las críticas al articulado concreto de la ley, a las restricciones que plantea, al centralismo, al burocratismo, a sus lagunas legales, al temor ante el poderío que tendrá la autoridad de aplicación.

En tal sentido el destacado jurista Gustavo Bossert, ha sostenido que se pretende implantar el control del estado sobre los medios de comunicación. En su opinión, el texto aprobado en la Cámara de Diputados adolece de graves defectos legales que pueden ser declarados inconstitucionales y deberían modificarse ahora en este Senado para no generar mayores perjuicios al erario, a saber: los arts. 10 y 14 referidos a la autoridad de aplicación, la que actuará dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y con mayorías favorables al oficialismo, y además con facultades discrecionales en el otorgamiento de las licencias (arts.34 inc. g), 36, 50 inc. i)); para lo cual propone constituir un organismo autónomo dependiente del Congreso Nacional e integrado por expertos en comunicación, legisladores de diversos partidos, representantes de universidades, entre otros. Respecto de la llamada cláusula de desinversión (art. 161) se eleve el plazo de uno a tres años; y en el manejo de las pautas oficiales se apliquen criterios objetivos y concretos sobre la distribución de forma tal que sea mas equitativa y transparente (art. 76).

Daría la impresión de que la gran mayoría de quienes están actualmente en el sistema de medios se sienten afectados, en mayor o en menor medida, evaluando que la nueva ley es más una amenaza que un aliento en aras del progreso; por ejemplo las PYMES y otros actores aducen que podría haber cierta paralización en la industria audiovisual y sobre todo generar desempleo por la pérdida de algunas fuentes de trabajo.

Estas decisiones políticas e institucionales, por más perfectas que parezcan en su diseño teórico, no pueden impulsarse a expensas de los derechos adquiridos y, menos, que comporten flagrantes violaciones al orden constitucional.

Hay un claro menoscabo al derecho de propiedad, instándose a la enajenación de licencias emitidas en legal forma por el propio estado y afectando, en definitiva, la seguridad jurídica y el estado de derecho, como un todo, que en esta materia es esencial para atraer inversiones en nuevas tecnologías.

Las inmensas facultades que este proyecto de ley le deja al Poder Ejecutivo, puede habilitar a que algún gobernante quiera intentar condicionar las opiniones de los medios, limitando el mensaje libre que deben recibir todos los argentinos a través de los llamados "contenidos".

Prensa libre, pueblo libre y nación libre son sinónimos y patrimonio de las sociedades democráticas.

Y esa afectación a la libertad de expresión, Señor Presidente, no la podemos permitir de ninguna manera. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa; y toda sociedad se mide en términos de su estándar democrático por el amplio respeto por esas libertades.

Este embate que hoy recibe nuestra tradición libertaria, ha sido resistida siempre a lo largo de los tiempos, -entre otros- por los propios periodistas y los trabajadores de la prensa que la defendieron a veces a costa de sus libertades y de sus vidas. Pero esas libertades no son otorgadas mágicamente, ni son una concesión de las autoridades, sino que son derechos inalienables del pueblo, que deben ser defendidas permanentemente y por la acción sistemática de todos los hombres y mujeres que quieren vivir en libertad.

Por supuesto que otro sería el escenario si la autoridad de aplicación fuera autónomo e independiente o dependiera del Congreso de la Nación; y si sus integrantes fueran seleccionados con los criterios objetivos de profesionalización y en audiencias públicas con acuerdo del Senado, por caso.

Pero no!!!. El proyecto propone que la autoridad de aplicación esté en su ámbito, con predominio del poder de turno en su conformación, y sin intervención de las provincias.

Para peor, además de estas facultades que se arroga, el PEN cuenta con otro elemento convincente, el auxilio de la publicidad oficial. Si la publicidad oficial se viene manejando como hasta ahora, ¿Qué puede pasar en un futuro con la nueva ley si resulta sancionada?.

Y, además lo mas importante que quiero decir esta tarde, a mi juicio representa un nuevo agravio a las competencias federales se observa en el texto de la ley. Me refiero a la política de los tres tercios en los que quedará dividido el espacio radioeléctrico, destinando un tercio para el Estado, un tercio para entidades no gubernamentales y un tercio para los medios privados. Algunos autores afirman que las competencias provinciales son concurrentes con la nación, pero nadie las ignora a tal punto de desconocerlas totalmente.

Cómo se habrá de cumplir exactamente esta propuesta matemática. Es de por sí un misterio.

Además: ¿A quiénes irá destinada la publicidad oficial a partir de ahora, en el contexto de la vigencia de este esquema de tres tercios?.

El Estado, seguramente, se seguirá priorizando a sí mismo en materia de publicidad oficial, en desmedro de los demás tercios, sobre todo cuando éstos dependen en mayor medida del auxilio gubernamental.

Para ir terminando, quiero decir que esta ley, por si todo lo dicho no fuera suficiente, no pasa el test mínimo de constitucionalidad.

Es decir, no se adecua a nuestra Carta Magna ya que, a mi modo de ver, vulnera principios centrales del ordenamiento máximo, y de los pactos celebrados con la comunidad internacional como el Pacto de San José de Costa Rica (entre otros) y; sobre todo, va en contra de nuestras costumbres, valores y principios respecto de la defensa de las libertades.

A la afectación de los derechos de propiedad, cuestión a los que ya hiciera alusión, además agrego que tengo la convicción profunda de que este proyecto está bien lejos de respetar el federalismo.

No lo respeta en su articulado concreto, pero menos aún lo respeta en su propia concepción y filosofía.

Y es tanto más grave que este Senado, que en su esencia es la Cámara en la que tienen representación las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no advierta que se están conculcando facultades propias de los estados locales, que nunca fueron delegadas a la Nación.

De no actuar este cuerpo para impedirlo y, en respeto de su representación federal, no estaría ejerciendo su poder de contrapeso institucional, y ello nos puede ser demandado.

Los artículos séptimo (7º) y el ciento doce (112º) de este proyecto establecen equivocadamente la "jurisdicción federal" de los servicios de radiodifusión o su judicialidad. Es una abierta contradicción con el artículo 32 de nuestra Constitución Nacional que, sin lugar a interpretación alguna, lo impide.

Que quede bien claro.!!!!

Estamos a favor de un cambio legislativo y un nuevo marco regulatorio en la materia, pero dentro del pleno respeto por sus preceptos y las tradiciones constitucionales que fundaron la Nación.

Queremos discutir los problemas existentes, en un nuevo texto legal que no genere imprevisibles consecuencias legales, económicas y políticas; y que respete las facultades provinciales y, en algunos casos las municipales también. Queremos una ley para el futuro y para todos los argentinos.

Queremos, en definitiva, señor Presidente, una ley que sea respetuosa de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, que no afecte al federalismo y que no desconozca facultades indelegables de las provincias.

El ejercicio de la democracia requiere de muchas voces, de todas las voces, de las actuales, de las pasadas y de las futuras, que no tienen porque callarse. Pero impone también una condición, que esas voces sean libres.

La libertad de prensa es la libertad de las libertades, es tan esencial que sirve para consolidar las otras libertades y permitir el desarrollo de la convivencia social en una comunidad organizada y democrática.

Cuando hablamos de la voces pasadas, nos referimos a San Martín, a Moreno, a Belgrano, a Alberdi, a Vélez Sarsfield, a Mitre, a Mármol, a Sarmiento y a muchos de nuestros prohombres que lucharon por la libertad de prensa, y que plasmaron en la Constitución la necesidad de sustraer de la acción del Congreso la legislación sobre la prensa, en la inteligencia que la libertad de pensar o de opinar, o de publicar sus ideas, es un derecho anterior y superior a todo otro derecho.

Ellos nos han enseñado que debemos ser libres, y hoy esos valores están en juego nuevamente en la república, pero no debemos cejar en el empeño de seguir sus ejemplos y luchar por el futuro en libertad, de todos y cada uno de los argentinos.

Por todo ello, señor Presidente, adelanto que me habré de oponer a esta media sanción, tal como esta redactada, votando por la negativa; en la convicción de que es preciso salvaguardar los sagrados intereses de la República. República que necesita de una prensa libre, abierta, independiente, plural, crítica y también democrática.

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