El STJ se reunió con los gremios e informaron las dificultades financieras por las que atraviesan

El Superior Tribunal de Justicia, encabezado por su presidente doctor Ramón Ávalos realizaron este lunes una reunión informativa con jueces, funcionarios, empleados y abogados de la provincia, representados por sus entidades gremiales, a quienes informaron la difícil situación financiera que atraviesa el Poder Judicial debido a las demoras en el envío de fondos del presupuesto para el presente ejercicio por parte del Estado. Frente al panorama de crisis explicitado por el Poder Ejecutivo genera la justificada preocupación del Poder Judicial para lo que resta del año en lo que hace a su normal funcionamiento. Se aclaró, además, que se solicitó una ampliación del crédito presupuestario en 40 millones de pesos.
En la reunión, en la que también participaron los ministros Rolando Toledo, Ricardo Franco, María Luisa Lucas y Mario Modi, las autoridades del Superior Tribunal recordaron que el Poder Judicial sufrió un recorte de 127 millones de pesos en su presupuesto de este año y reiteraron la necesidad de que el Poder Ejecutivo disponga el envío de los referidos 40 millones de pesos para poder cumplir con las obligaciones mínimas (infraestructura y pago de salarios) previstas para lo que resta del año.

"Teníamos una proyección presupuestaria de 438 millones de pesos para este año, pero finalmente el presupuesto aprobado fue de 310 millones", planteó al inicio de la reunión el doctor Ávalos, al aclarar la información sobre las verdaderas cifras presupuestarias del Poder Judicial, desmintiendo de ese modo que el presupuesto judicial se haya incrementado en 86 por ciento este año en relación con el de 2008, como señaló el ministro de Economía. La real incidencia presupuestaria de 2009 con respecto a 2008 fue de 17 por ciento.

También el doctor Ávalos detalló que en 2007, con 280 oficinas judiciales, el Poder Judicial contaba con 2421 agentes, proporción que en 2008 fue de 303 oficinas y 2631 agentes y que en 2009 representa 311 oficinas y 2711 empleados. Luego el presidente del Superior Tribunal recordó las reuniones mantenidas con el Gobernador, en las que –afirmó- "nos aseguró que el servicio de justicia no se iba a afectar". "Sin embargo, el servicio comenzó a afectarse y desde la reunión del 1 de septiembre, suspendida por el Poder Ejecutivo, no volvimos a recibir un llamado para continuar el diálogo", señaló Ávalos.

El presidente del Superior Tribunal también consideró prioritaria la conclusión de cuatro obras fundamentales para la infraestructura del Poder Judicial: la nueva sede de la Dirección General de Administración, el Juzgado de Paz de Sáenz Peña y los Tribunales de Charata y Castelli.

Al encuentro asistieron, entre otros, el presidente del Consejo de Abogados de Resistencia, doctor José Sánchez; la presidenta del Colegio de Abogados, doctora Ana Abraham; representantes de Colegios de Abogados del interior; la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales, Graciela Aranda; el secretario general de la Unión Judicial, Walter Bernard; funcionarios de la Justicia de Paz; autoridades de la Caja Forense, entre otros.

Durante las exposiciones, los representantes de las entidades de abogados expusieron las dificultades que la huelga judicial les genera en el desempeño de la actividad en forma particular, lo cual se suma al cierre de tribunales dispuesto este año por situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria decretada durante la epidemia de la Gripe A.

Las agrupaciones de profesionales del Derecho presentes señalaron la necesidad de que los gremios levanten las medidas de fuerza para no profundizar más aún la afectación del servicio de justicia como condición para seguir dialogando y encontrar soluciones.

Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia solicitó a los gremios levantar la medida de fuerza, afirmando que desde el Superior Tribunal se ejercerá las atribuciones que la Constitución le otorga para garantizar su independencia y que no se afecte el servicio de justicia.

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