Reúnen firmas para pedir que la reforma judicial sea derogada

Intentan que el Congreso trate su eliminación
Varios partidos políticos y colegios de abogados de todo el país se comprometieron a juntar firmas para impulsar una iniciativa popular que le reclamará al Congreso nacional que derogue tres de las leyes de reforma judicial.

El mes último, como una reacción a la reforma judicial que impulsó la Presidenta y que sancionó el Congreso nacional, los constitucionalistas Daniel Sabsay e Iván Cullen, y varias organizaciones sociales, comenzaron a recolectar firmas para forzar al Congreso a tratar la derogación de esas normas.

La iniciativa popular es un mecanismo previsto en la Constitución y permite que el 1,5% del padrón -435.000 ciudadanos- puedan obligar al Congreso a debatir un proyecto en un plazo de doce meses. La iniciativa "Por una Justicia independiente y en defensa de nuestros derechos", que busca pedirle al Congreso que derogue las leyes de la reforma judicial, fue presentada en agosto y es avalada por el Colegio Público de Abogados de la Capital; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores); la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otras ONG, como Poder Ciudadano.

"Ya se recolectaron unas 60.000 firmas. Se sumaron varios colegios de abogados, como el de Mar del Plata, y varios partidos nos pidieron planillas para ponerlas en mesas en la calle", explicó Sabsay. Adhirieron Pro, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; Unión por Todos, de Patricia Bullrich, y la UCR de Córdoba, entre otros.

A mediados de año, el Congreso, a instancias de Cristina Kirchner, sancionó seis leyes de reforma judicial, de las cuales tres restringen la independencia de la Justicia: la ley que reformó el Consejo de la Magistratura; la que creó las Cámaras de Casación en los fueros civil, laboral y comercial, y la norma que limitó el acceso de los ciudadanos a medidas cautelares.

Estas leyes ya fueron suspendidas o declaradas inconstitucionales por los jueces. Pero Sabsay, Cullen y las entidades piden su derogación. "Necesitamos 433.775 firmas, aunque el objetivo es alcanzar un millón", explicó el constitucionalista.

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