Retiro compulsivo: sólo se van 21 agentes públicos

La veintena de empleados se suman a los 250 docentes que deben retirarse hasta el 15 de septiembre.
A días de vencer los plazos para el retiro de los agentes públicos afectados por el decreto 255/09 que obliga a jubilarse a los empleados con la edad y los años de servicio establecidos por ley, bajo pena de quedar cesantes, se supo que la iniciativa oficial tuvo escaso impacto en la planta de trabajadores del Estado.

Según informaron desde la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia, sólo 21 empleados de la administración central y organismos descentralizados fueron notificados de la obligación de retirarse y, por tanto, ya deberían haber iniciado el trámite jubilatorio en ANSES, habida cuenta de que el martes vencen los 90 días hábiles contados desde la publicación de la norma.

Si bien el decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 3 de abril pasado, los tiempos administrativos se prolongaron por el parate total que sufrió en julio la administración pública y que obligó a reacomodar los plazos legales. En ese sentido, se informó que los 90 días hábiles previstos para el retiro se cumplen este martes 15.

La jubilación de una veintena de empleados públicos se suma a unos 250 docentes que también debieron seguir el mismo camino, según informó la subsecretaria de Educación, Silvia Arréguez, recientemente.

La movilidad que generará en la docencia este retiro masivo -porque los cargos vacantes necesariamente deben ser cubiertos- no tendrá su correlato en la administración pública, ya que existe un sobredimensionamiento de la burocracia estatal, admitido por el mismo Gobierno.

De hecho, en cinco años, desde 2004, la planta de empleados públicos creció un 26%, lo que supuso la incorporación de 6.500 nuevos agentes.

Escaso impacto

Aunque el decreto jubilatorio fue lanzado poco después de otra norma que incluía un paquete de medidas para contener el gasto público, el impacto económico que pueda llegar a tener el retiro de 21 agentes públicos será insignificante en un esquema de ahorro. De hecho, no tenía el Gobierno previsiones reales del impacto de la medida al ser oficializada. Tampoco se evaluó el derecho a la estabilidad laboral de dos años que otorga el estatuto del personal civil de la administración pública provincia (ley 3.276) y que supuso que mucha gente se amparara en las previsiones del artículo 18 de esa ley para demorar unos años más el retiro. La principal objeción al retiro obedece al recorte que sufrirían los haberes jubilatorios en comparación con los que perciben estando en actividad.

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