Retenciones a la soja: Neuquén recibirá 165 pesos por habitante

De acuerdo con un estudio privado, la provincia integra el lote de estados con bajo impacto por el índice de distribución establecido desde los ‘80. Hay provincias como Catamarca, Formosa y La Rioja que recibirán poco más de un mes adicional de ingresos.
El gobierno nacional anunció que coparticipará una porción de los recursos que obtiene a partir del impuesto que grava la exportación de soja y la de sus derivados.

De acuerdo con estimaciones de la Fundación Mediterránea, en el plano fiscal, la medida puede aliviar al menos en parte la situación económica y financiera complicada que se vislumbra para las provincias en este año. Se trata de una transferencia adicional y automática, estimada en $6.520 millones de acuerdo con el Gobierno. El Ieral tiene una estimación propia menos optimista, que asciende a $5.256 millones.

De acuerdo con el informe, Neuquén recibirá 165 pesos por habitante. La primera provincia que se encuentra en este ránking es Tierra del Fuego con 508 pesos por habitante y la última es San Luis con 124 pesos en el lote de provincias que figuran como beneficiarias netas. Las provincias productoras de soja como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa son aportantes netas porque no reciben de acuerdo con lo que aportan.

El gobierno de Neuquén adelantó que prepara la norma legal para adherir al Fondo Federal Solidario que formó la Nación con el 30 por ciento de las retenciones a la soja que se estampó en un decreto de necesidad y urgencia.

El Ieral estableció que si se ponen en perspectiva las transferencias adicionales que estima el Gobierno, los ingresos totales de cada provincia podrían aumentar entre un 4,4% y 9,7%, según los casos, beneficiándose más las provincias, como podría deducirse, que más dependen de las transferencias nacionales.

En los casos de mayor impacto, esto es Neuquén, Formosa y La Rioja, se trataría de poco más de un mes adicional de ingresos el que está ofreciendo la Nación. La fundación plantea, sin embargo, como algo inusual de la propuesta del Gobierno, que se haya escogido sólo una porción del producido de un tributo para con él realizar transferencias a provincias y municipios, y que además no se haya decidido repartir los recursos en función de los aportes de cada provincia a la producción de dicho complejo, o definido que las obras a financiar beneficien directamente al sector agropecuario en este caso.

“El esquema propuesto genera diferencias ante provincias aportantes y beneficiarias netas, en función de que los coeficientes para devolver el 30% ofrecido no contemplan el aporte de cada provincia, sino que responden a los criterios vigentes cuando se definió el régimen general de distribución secundaria (y a que es muy poco probable que el 70% de los recursos restantes sigan una asignación territorial tal que compensen las diferencias entre provincias que genera la distribución bajo criterio general). Saldo entre el aporte en concepto de derechos de exportación a la soja y la transferencia automática propuesta bajo el régimen general de coparticipación”, señala la Fundación Mediterránea.

De acuerdo con las estimaciones del Ieral, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos serán las tres grandes aportantes netas en términos por habitante bajo este esquema, mientras que Tierra del Fuego, Santa Cruz y Formosa serán las principales beneficiarias netas.

En el nuevo esquema, se establece de que un 30% como mínimo de los recursos que se transferirán a las provincias, éstas los giren a sus respectivos municipios. Ahora bien, esta condición puede ayudar a producir otro tipo de redistribución regional, en este caso, entre las zonas rurales y las urbanas, al estilo de lo que sucede con las provincias productoras y no productoras. De hecho, los municipios del Gran Buenos Aires donde no se produce soja (partidos del Gran Buenos Aires) pueden llegar a recibir en forma directa hasta $ 215 millones en el 2009, equivalente a dos tercios de lo que recibirían provincias como Córdoba o Santa Fe.

Cuál fue el objeto de la medida

La Fundación Mediterránea afirma que “si la intención era direccionar ingresos hacia las provincias a los efectos de morigerar sus urgencias fiscales, esto se podría haber logrado modificando o restituyendo, según los casos, la participación de estas últimas en los impuestos constitucionalmente coparticipables”.

Señala, por ejemplo, que si el 20 % del Impuesto a las Ganancias que se destina a la Anses se hubiese devuelto al régimen de coparticipación federal de impuestos, el conjunto de provincias hubiese recibido $ 5.832 millones. Esta cifra sería, en tanto, muy similar a la que el Gobierno ofrece con la coparticipación de los derechos sobre la soja.

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