Las retenciones, clave del debate por las facultades delegadas al Ejecutivo.

Desde el siglo XIX hay 1.901 normas que delegan facultades. Entre ellas, la de fijar retenciones al campo.
Los legisladores están agitados por una fecha que se acerca inexorablemente: el próximo 24 de agosto el Congreso debería definir cuáles de las 1.901 leyes de delegación legislativa dictadas desde el siglo XIX deben ser ratificadas y cuáles no (aunque en realidad sólo 100 están vigentes).

Entre ellas, el Parlamento deberá adoptar definiciones sobre dos normas que actualmente son centro de las polémicas en la discusión entre el Gobierno y la dirigencia rural (ver página 3). Una es la que le permite al Poder Ejecutivo fijar los valores de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios (insertadas en el Código Aduanero). Y la otra es la que otorga los llamados "superpoderes" para determinar cambios en el destino de las partidas presupuestarias.

Esta semana continuarán las discusiones. El oficialismo aspira a que toda la legislación delegante sea prorrogada otra vez, como sucede desde 1999, por otro año. Los opositores reclaman que se den por caducadas todas las normas y que el Congreso recupere todas sus facultades.

Entre estos extremos se exploran intentos negociadores: algunos opositores piden que al menos se aparte del paquete al Código Aduanero, que es el que permite que sea el Ejecutivo el que fije el monto de las retenciones agropecuarias, para discutirlo a fondo. Es la ley 22.415, sancionada en marzo de 1981, en la que hay no menos de 38 artículos que establecen facultades delegadas. Desde el oficialismo madura una contrapropuesta contra reloj para salir del atolladero: ceder una cláusula para que, solo en las caso de retenciones, cualquier modificación futura deba ser aprobada por el Congreso. Pero que no abarque a todo el Código.

El "paquete" sobre el que se discute incluye 1.901 leyes. Pero hay centenares de otras normas que delegan en el Ejecutivo facultades que son propias del Congreso, que van desde la potestad de "fijar el valor de las monedas extranjeras" -la ley 733, sancionada en 1875- hasta la organización de La Prefectura, los derechos de exportación del aceite de lino o la autorización para emitir bonos de la deuda.

La Constitución de 1994 prohibió cualquier tipo de delegación legislativa, reduciéndola al mínimo necesario, y ordenó que en un plazo de 5 años el Congreso definiera qué leyes -de las anteriores a ese año- quedarían caducas y cuáles serían ratificadas. Ya hubo tres prórrogas, la última es la que está por vencer.

El oficialismo asegura que, si caducara de un plumazo toda la legislación delegante, se crearía "un caos jurídico e institucional" que paralizaría el funcionamiento del Estado. Los opositores, por el contrario, aducen que nada de eso pasaría: todo lo que ya se hizo en virtud de la delegación seguiría vigente -de hecho, fue ratificado en 1999-, pero el Congreso retomaría las facultades que le son propias para cambios en el futuro.

La senadora puntana Liliana Negre (del bloque de Adolfo Rodríguez Saá) realizó un paciente trabajo sobre cada una de las leyes. Empezó con una investigación del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP), que puso en un buscador cuarenta términos como "delégase", "autorízase" o "facultase" en todas las leyes. Encontró que existen 1.901 normas con esa característica.

Sin embargo, de todas ellas solo un centenar contiene delegación de facultades del Congreso. El resto serían "neutras" porque tenían fecha de caducidad, o porque la facultad que se daba no era propia del Poder Legislativo.

Según la legisladora Negre, que presentó un proyecto sobre el tema, deberían declararse caducas unas 80 normas (no la ley completa, sino los artículos que delegan poder en el Ejecutivo), en tanto que se ratificarían "por el plazo de dos años" apenas nueve que son imprescindibles para el funcionamiento del Estado.

Entre ellas figuran la facultad de cobrar gravámenes a los licenciatarios de canales de televisión y potestad de publicar edictos.

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