Con urgencias por atender en el plano social pero además la necesidad de avanzar con el reperfilamiento de la deuda (con los vencimientos de los primeros meses de 2020 como límite), Alberto Fernández va a comenzar su mandato buscando un punto de equilibrio entre ingresos y gastos que le permita llevar a cabo su gestión.

 

Con algunas modificaciones en las retenciones, en bienes personales y recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, Fernández se podrá hacer ingresos por el equivalente a unos 2,1% del PBI, de acuerdo a cálculos privados. Mostrar una trayectoria fiscal, además de que implica recursos frescos, también tiene otra intención: que el mercado lea que se podrá pagar la deuda y, en ese caso, intentar una renegociación más amigable y menos agresiva.

Claro que llevar a cabos algunos cambios no será libre de tensiones. Y todo en medio de una economía cuya actividad se comprime por tercer año consecutivo, con una inflación que orilla el 60%, el máximo en 27 años.

Por ahora las definiciones que dio el presidente electo van en línea con mejorar las necesidades sociales, de la mano del programa "Argentina contra el hambre" (aunque no se saben los detalles ni el impacto fiscal), que va a atender la deuda y también que va a buscar mejorar los ingresos del Estado, para lo cual no descartó las retenciones. "Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo. Me encantaría no cobrar retenciones pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal", afirmó en una entrevista con Pagina 12.

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Con poco margen para subir tarifas, tras cuatro años de incrementos, la expectativa de ahorro del gasto no vendrá por el lado de los subsidios. Tampoco hay mucho espacio para comprimir aún más la obra pública (el gasto de capital) ni las transferencias a las provincias, identificaron en un análisis detallado que hicieron en Balanz.

Siguiendo con ese razonamiento, las jubilaciones y otros gastos sociales son los gastos más representativos y, a su vez, más difíciles de reducir. "Si la estrategia de Fernández es hacer un acuerdo social para contener los aumentos salariales, la fórmula de ajuste de las jubilaciones debería cambiar, aumentando el peso de los salarios en la fórmula, de lo contrario el impacto sobre el déficit fiscal sería neutral", razonaron en Balanz.

Así, si se vuelve a la antigua fórmula de jubilaciones (50% de salarios y 50% de ingresos fiscales), se generará un desacoplamiento entre recursos y gastos. Acuerdo social de por medio (que implicará un congelamiento de las remuneraciones nominales) implicará una reducción de los salarios en términos reales, por lo que el déficit fiscal mejoraría 30 puntos básicos por cada caída del 10% en los salarios reales. El efecto en la mejora fiscal sería de un 0,3% del PBI.

Este mismo acuerdo social, en cambio, tendría un efecto neutro en términos fiscales cuando se miran los salarios: es que el "ahorro" que implicaría desde el gasto se compensaría ya que los ingresos de seguridad social disminuirían en la misma proporción.

De esta manera, los recursos podrían originarse, principalmente, de las retenciones. Para que aumenten los ingresos por esta vía en 2020, las tasas impositivas del próximo año deberían estar por encima de los niveles actuales, (en torno a 26% para complejo sojero y 9% para el resto). "Estimamos que los ingresos podrían estar entre u$s 9000 millones y u$s 10.000 millones si las tasas impositivas se remontan a 2015, con productos relacionados a la soja al 35% y otras exportaciones al 10%. Eso sería u$s 2000 millones en ingresos, alrededor de 0,6% del PBI", calcularon en la consultora.

Otro cambio impositivo que mencionó Fernández es modificar bienes personales. Si el presidente electo establece una tasa del 1% (similar a la de 2015), el aumento en los ingresos podría ser de alrededor del 0.3% del PBI proveniente del sinceramiento y otro 0,2% por la alícuota más alta. Pero de eso, el Tesoro Nacional recibe el 40% y el otro 60% se destina a la coparticipación con las provincias. Entonces el impacto sería del 0,2% del PBI.

No obstante, la principal caja está en el FGS de la ANSeS. El último informe publicado sobre este fondo es del segundo trimestre de 2019. De acuerdo a lo que había en ese momento y a la pérdida de valor de muchos de los activos (de hecho, el 65% eran bonos del Tesoro) en Balanz calculan que el nuevo dinero que el Estado Nacional puede obtener del fondo no superará los u$s 5000 millones, equivalentes a 1,4% del PBI.

Medidas para el corto plazo

Las posibilidad de hacerse de recursos a través de retenciones o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS tiene sus limitaciones. Si bien podría implicar mejora fiscal en el corto plazo, traería dificultades para el mediano.

Por un lado, si bien en FGS es la principal caja e importante recurso de financiamiento intra-sector público, se supone que el fondo se usa para pagar una parte de las jubilaciones provenientes de la ´reparación histórica´. "Estos pagos se incluyen dentro del resultado primario, específicamente dentro de los gastos de seguridad social", describieron en Balanz. Estos pagos fueron de alrededor de $ 64.000 millones de pesos en 2018, y los estiman en alrededor de $ 85.000 millones para este. "Esto es 5% de los gastos totales de seguridad social o 0,4% del PBI cada año. Por lo tanto, si el Tesoro liquida el fondo, aumentaría las necesidades de fondos para jubilaciones en el futuro", marcaron.

Con respecto a las retenciones, de mantenerse un esquema con elevadas alícuotas y, además, controles de capital, será difícil mantener los niveles actuales de exportaciones. Entre 2011 y 2014 cayeron un 16% en cantidades, y especialmente para los productos primarios, que lo hicieron un 18%. "La medida también tendría un impacto negativo en el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo. Esta medida podría ser un relevante para aumentar los ingresos a corto plazo, pero no parece una solución a mediano plazo", razonaron en Balanz.

Medidas que solucionan el corto plazo pero podrían plantear dificultades

Las posibilidad de hacerse de recursos a través de retenciones a las exportaciones o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS tiene limitaciones: podrían implicar mejoras fiscales de corto plazo pero dificultaría el mediano.

Por un lado, si bien en FGS es la principal caja e importante recurso de financiamiento intra-sector público, se supone que el fondo se usa para pagar una parte de las jubilaciones provenientes de la ´reparación histórica´. "Estos pagos se incluyen dentro del resultado primario, específicamente dentro de los gastos de seguridad social", describieron en Balanz. Estos pagos fueron de alrededor de $ 64.000 millones de pesos en 2018, y los estiman en alrededor de $ 85.000 millones para este. "Esto es 5% de los gastos totales de seguridad social o 0.4% del PBI cada año. Por lo tanto, si el Tesoro liquida el fondo, aumentaría las necesidades de recursos para jubilaciones en el futuro", marcaron en la consultora.

Con respecto a las retenciones, con un esquema de elevadas alícuotas y, además, controles de capital, será difícil mantener los niveles actuales de exportaciones. Entre 2011 y 2014 cayeron un 16% en cantidades, y especialmente para los productos primarios, que lo hicieron un 18%. "La medida también tendría un impacto negativo en el crecimiento potencial de la economía en el largo plazo. Esta medida podría ser un relevante para aumentar los ingresos a corto plazo, pero no parece una solución a mediano plazo", razonaron en Balanz Capital.