Responsabilizan a ambientalistas y la Justicia por el parate de Agua Rica

Los andalgalenses pidieron que el Gobierno se ponga a la cabeza de la defensa de la actividad minera.
El director de Minería de la Provincia, José Luis Molina, responsabilizó directamente a la protesta antiminera e indirectamente a la Justicia por la paralización del proyecto Agua Rica en Andalgalá. Lo hizo ayer, en diálogo con El Ancasti y al término de una reunión que, encabezada por el ministro de Gobierno Javier Silva, mantuvo con la ‘Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Andalgalá' que impulsan el Ejecutivo comunal, algunos concejales, proveedores mineros y cámaras empresariales.

"La paralización de Agua Rica está dada por el corte en la localidad de El Potrero. En este momento, muchas de las actividades preliminares para poner en función la mina están paralizadas por este corte precisamente", aseguró Molina.

También cuestionó el accionar de la Justicia en relación con esta protesta antiminera que ya va por su segundo mes: "Hubo una crítica muy concreta de la gente de Andalgalá a la Justicia, que muchas veces mira para otro lado y tiene una mora bastante larga para apuntalar actividades absolutamente lícitas y disimula o mira para otro lado frente a actividades ilícitas que muchas veces son llevadas a cabo por grupos que se arrojan la representación del pueblo y esto no es así", cuestionó Molina. Promediando enero, la Secretaría de Minería denunció ante la Fiscalía de Andalgalá que la asamblea antiminera instalada en la localidad de El Potrero impidió el tránsito de un vehículo de la Policía Minera que debía ir a realizar inspecciones a Agua Rica.

De hecho, el comunicado oficial sobre la reunión se pronuncia en relación con el tema: "En cuanto al corte que se lleva a cabo en el departamento impidiendo el trabajo de personas y el desarrollo de la actividad, el Estado ve con preocupación el mismo y actuará realizando las presentaciones legales correspondientes". Sin embargo, en el mismo comunicado recuerdan que "es la Justicia quien debe actuar".

Pese a la versión oficial, Yamana Gold emitió recientemente un comunicado en el que señala que la decisión final sobre la construcción de Agua Rica la tomará recién en 2011.

Durante la reunión, los andalgalenses mantuvieron un discurso unánime defendiendo la actividad minera, el proyecto Agua Rica y pidiendo al Gobierno de la Provincia que se ponga al frente de la defensa de la Minería. También plantearon su malestar por la protesta ambientalista que, aseguran, está enrareciendo el clima en esa ciudad.

"Tenemos una posición tomada en relación con el apoyo de la actividad minera, y concretamente vinimos a plantear algunos temas que son resortes de la provincia. Lo importante es que nos dijeron que el apoyo político-institucional está", destacó el intendente andalgalense, José Perea.

¿Política de Estado?

Consultado sobre el reclamo puntual de los andalgalenses para que el Gobierno asuma la defensa de la minería, el director del área interpretó de otra manera el planteo: "Más que un reclamo de que el gobierno defienda este proyecto, me parece que pasa por empezar a hablar más claramente de lo que significa una Política de Estado. Y una política de Estado no pasa sólo por la definición que pueda tomar un Ejecutivo, implica el Estado en su conjunto, con el Poder Legislativo y la Justicia, esté comprometido en la ejecución de una determinada actividad".

"Creo que ésa es la preocupación de la gente de Andalgalá donde si bien ve explicitaciones por parte del Ejecutivo, no ve el acompañamiento de los otros componentes del Estado", analizó Molina.

Tanto el Gobierno como los representantes andalgalenses acordaron un próximo encuentro y plantearon la necesidad de avanzar en la definición de ciertas líneas de acción para apuntalar el desarrollo de un proyecto que, vaticinó Molina, "quizá sea uno de los más importantes para las próximas tres décadas en Catamarca".

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