Responsabilidad de los intendentes en el manejo de los recursos

Responsabilidad de los intendentes en el manejo de los recursos

Sostienen que debe haber un 'mínimo de pericia administrativa' de los jefes comunales

Al analizar el "Pacto de Responsabilidad Económica” que pretendería firmar la Provincia con los Municipios, la consultora local AP & Asociados consideró que, para que sea efectivo el acuerdo, deben resolverse otros inconvenientes de fondo, al advertir que podría volver a fracasar como los pactos anteriores.  

"Existen otros problemas mucho más importantes que no se tratan, como ser: el por qué del estado de situación de cada Municipio en términos de competencias, servicios y funciones a la fecha de sancionar o decretar tal o cual acuerdo, un plan objetivo del Municipio que se pretende dentro de un plazo determinado y un mínimo de pericia administrativa de sus responsables, entre otros. Es decir, muchos jefes comunales califican con 10 en cualidades para ganar elecciones. Pero no califican lo mismo en cualidades para administrar sus territorios. Y, a su vez, esgrimen sus derechos de autonomía para gozar de los beneficios de gastar sin injerencia de los que les proveen los recursos, pero dejan de ser autónomos a la hora de asumir los resultados no deseados de sus propias decisiones autónomas”, señala el informe.

También recuerdan que en el período 1999/2003 la Provincia y Municipios firmaron Pactos Fiscales de todo monto y extensión, con promesas muy parecidas a las que se plantean en la actualidad. 

Y, en la administración de Eduardo Brizuela del Moral, se sancionó la Ley Nº 5174 como instrumento de solución definitiva a los problemas previos. Esa Ley está vigente desde el 1 de enero de 2006. Pasaron exactamente desde 10 años y, una vez más, las comunas están como al principio, con los mismos problemas, aunque más graves.

Respecto a esa ley, algunos intendentes en -varias ocasiones- han destacado que se trata de algo  "insuficiente y discriminatoria”. Pero desde la consultora  AP & Asociados interpretan que no es ninguna de las dos cosas. "Sí consideramos que es ‘distorsiva’ al no considerar en su elaboración los desequilibrios estructurales previos de los Municipios para definir, desde allí, la distribución primaria y a su vez, determinar los ponderadores técnicos óptimos en cantidad y proporción para la distribución secundaria.  En los hechos, se convalidó la distorsión subyacente y eso es precisamente lo que se debería corregir. De lo contrario, cualquier acuerdo o incremento de la masa coparticipable es irrelevante y en el 2025 estaríamos en la misma situación que ahora”, subrayó el economista Adriano Paisig Cruz.

Un acuerdo responsable

Para la consultora AP & Asociados, debe surgir una fuerte decisión política y responsabilidad profesional con el objeto de establecer el conjunto de responsabilidades de cada Municipio. Luego, definir la distribución primaria o monto coparticipable en términos de qué recursos se coparticipan y qué porcentual de cada uno. Y determinar un conjunto de ponderadores óptimos, consensuados rigurosamente, técnicamente en términos profesionales y socialmente en términos políticos, de fácil construcción y actualización que defina el índice final de reparto."Sino, los intendentes, como lo vienen haciendo hasta ahora, esgrimirán sus derechos de autonomía para gozar de los beneficios de gastar sin injerencia de los que les proveen los recursos; pero dejan de ser autónomos a la hora de asumir los resultados no deseados de sus propias decisiones autónomas”, señalaron.

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